Un juez obliga a Deliveroo a readmitir a nueve repartidores
Nuevo varapalo judicial para Deliveroo y la relación contractual entre los denominados riders y las plataformas digitales de mensajería. Un juzgado de Barcelona ha condenado a la compañía por “vulneración de derechos” en el despido de nueve de los repartidores de la empresa de reparto. La sentencia insta a la compañía a readmitirles y a pagarles a cada uno de los afectados 6.251 euros como indemnización, además de abonarles la parte proporcional que les correspondía en concepto de liquidación de vacaciones. Supone, de facto, considerar que los trabajadores no eran autónomos, sino que les vinculaba una relación laboral con la compañía.
El fallo estima parcialmente las demandas presentadas por diez trabajadores (uno de ellos no deberá ser readmitido porque abandonó la empresa por su cuenta). Es el segundo que afecta a la compañía, cuya matriz (la condenada) es Roofoods Spain, después de una sentencia anterior emitida por un juzgado de Valencia y a la espera de que lleguen otras sobre juicios ya celebrados. Sentencias similares han sufrido empresas similares, como Glovo. También hay sentencias en sentido contrario sobre Glovo.
Deliveroo comunicó ayer que recurrirá, al considerar que el juez “no refleja la forma en que la compañía colabora con los riders”. Ya lo hizo en Valencia, aunque finalmente renunció al recurso.
Malestar
La sentencia considera que, pese a que el contrato que mantenían con los riders decía ser mercantil, “las inexistentes relaciones mercantiles deben ser consideradas como despidos”. En el caso de los afectados por los despidos, todos ellos mostraron a la empresa su malestar con las condiciones organizativas, horarias y salariales, en algunos casos denunciando una reducción de las horas de trabajo. Deliveroo, sobre uno de los afectados, argumentaba el despido por haber transmitido a clientes de la compañía que “dañan la imagen de la empresa”.
La sentencia explica cómo cuando los repartidores iniciaron su relación laboral con la empresa les fue asignada ropa (que les fue retirada en julio de 2016) y una mochila de transporte, después de que participaran en un curso de formación. Según el mismo texto, la mayoría de afectados cobraban cuatro euros por pedido. Y el juez considera que en 2017 la compañía contaba “con una plantilla de 86 trabajadores, 72 en Madrid, 10 en Barcelona y 4 en Valencia”.