Imanol Arias y Ana Duato, a un paso de sentarse en el banquillo
La Audiencia Nacional procesa a los intérpretes por delito fiscal
Los actores Imanol Arias y Ana Duato se encuentran a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Ismael Moreno, magistrado de instrucción de la Audiencia Nacional, ha propuesto juzgar a los dos intérpretes y a otros 29 imputados —así como a seis personas jurídicas— por el bautizado como caso Nummaria, la trama diseñada en torno a este despacho de abogados para, supuestamente, ocultar las operaciones económicas de sus clientes a Hacienda. Según un auto dictado ayer, el máximo responsable del bufete, Fernando Peña, creó una estructura para ocultar al fisco parte de las rentas de los actores, principalmente procedentes de la popular serie de televisión Cuéntame cómo pasó, que se emite en RTVE.
El juez atribuye a Arias y Duato un delito contra la Hacienda Pública —cuya pena acarrea cárcel— por defraudar más de 2,7 millones y 1,9 millones de euros, respectivamente. Aunque, en el caso de la actriz, el juez también le imputa otro de falsedad documental. Ahora, una vez notificada la decisión del magistrado, la Fiscalía tiene un plazo de 10 días para decidir qué castigo solicita para los intérpretes.
Tanto Arias como Duato han afirmado siempre que desconocía que Peña había diseñado este entramado. “Me siento tranquila porque creo que se han podido aclarar muchas cosas”, dijo la actriz tras declarar ante el instructor en 2016. En la misma línea se pronunció el protagonista de la popular serie, que afirmó también estar dispuesto a abonar “hasta el último céntimo de euro” y “con la mayor brevedad posible”. De hecho, en su escrito, Ismael Moreno ya señala que, tras estallar el escándalo, Arias ha pagado 2,3 millones a Hacienda por los ejercicios 2009 y 2010. Y, por su parte, Duato ha abonado más de 800.000 por 2010, 2011 y 2012.
Las acusaciones contra los dos actores se enmarcan en una causa más amplia donde se investigan, además de delitos contra la Hacienda y falsedad documental, otros de insolvencia punible, estafa procesal y organización criminal, atribuibles al resto de sospechosos. El instructor apunta en primer lugar a Peña, al que ha decidido investigar paralelamente por blanqueo de capitales.
Según el juez, el máximo responsable del bufete creó una estructura de sociedades —compuesta por un mínimo de 22 empresas, seis comunidades de bienes, una sicav (sociedad de inversión colectiva) y una fundación— que tenía como “única finalidad” evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener así oculto el patrimonio que iba acumulando. Para ello, se apoyó en su hijo, Pedro Ángel Peña, y en los jefes de los distintos departamentos del despacho, José Luis Álvarez (responsable del área fiscal), Pedro Mena (de la contable) y Francisco Javier Gómez (de la jurídica). Todos ellos “actúan coordinadamente bajo la jefatura de Peña y con un reparto de funciones”, subraya el juez, que incide que esta actividad ilícita se desarrollaba, al menos, desde 2005.
Una vez montado el entramado, los imputados facilitaron también estructuras jurídico-económicas a sus clientes para ocultar a Hacienda sus operaciones. “Los integrantes del despacho eran conscientes de que estas se iban a utilizar para actividades delictivas”, dice el magistrado, que describe entonces cómo los clientes se aprovechaban de esta red societaria para no pagar impuestos.