El presupuesto andaluz sella la relación política de Cs y Vox
El acuerdo presupuestario en Andalucía ha supuesto mucho más que la retirada por parte de Vox de una enmienda a la totalidad. Inaugura también un nuevo tipo de relación política más transparente. Por primera vez en España, los logotipos del PP,
El cambio empezó con la foto en la plaza de Colón —la manifestación en la que los líderes de los tres partidos coincidieron el pasado febrero para pedir la convocatoria de elecciones—, y a partir de ahí la formación de Albert Rivera ha ido dando pasos hasta dejar atrás sus remilgos. De proclamar “Ciudadanos no tiene nada que negociar con Vox”, la frase pronunciada en enero por el líder andaluz de Cs y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se ha pasado ahora a defender que todas las formaciones con representación en las instituciones “son legítimas”, como Marín dijo ayer. “Sin presupuestos, Andalucía se para y hay que sentarse con todos”, subrayó.
Como reclamaba de manera insistente Vox, el acuerdo que ha salvado el presupuesto andaluz fue firmado ayer con cierta solemnidad por las dos partes del Ejecutivo de PP y Cs. En la foto final figuraban los consejeros de Hacienda, Juan Bravo, del PP, y Economía, Rogelio Velasco, independiente nombrado por Ciudadanos. También lo suscribieron tres diputados de Vox (Francisco Serrano, Alejandro Hernández y Manuel Gavira). Velasco, un ejecutivo con una larga trayectoria en la empresa privada, aseguró sentirse “cómodo” en esa situación.
El texto con los membretes de las tres formaciones y las firmas de todos ellos detalla una letra pequeña que no se dio a conocer el día anterior. Las medidas acordadas con Vox en el presupuesto para 2019 apenas suponen el cambio de 2,1 millones de euros. Pero Ciudadanos y Vox figuran en un documento, un texto de 34 medidas para avanzar en “una nueva política presupuestaria que refleje el Gobierno del cambio en Andalucía”. En cinco meses, Cs ha pasado de abjurar en público de Vox a compartir mesa, foto y propuestas con la formación de extrema derecha. entre ellas hay una muy significativa: se detraen 600.000 euros a “la partida 48701 del 31J, para asociaciones relacionadas con la promoción e inserción de personas inmigrantes”, y ese dinero irá destinado a “edificios y otras construcciones judiciales”.
Mujeres maltratadas
Las medidas de Vox, asumidas por el Gobierno andaluz, rezuman contenido ideológico, como el de la puesta en marcha de un teléfono de atención para la protección de “víctimas de la violencia intrafamiliar”, un término que Vox contrapone al de la violencia machista. “La violencia no tiene género, por eso se llama intrafamiliar”, dijo el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, cuando las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas alcanzan ya el millar desde 2003. Según Vox, a este nuevo servicio contra la violencia “intrafamiliar”, que entrará en vigor en 2020, podrían acudir “hijos de madres alcohólicas”.
Ese servicio no eliminará el teléfono 016 de atención a mujeres maltratadas, aclaró el consejero de Hacienda y los portavoces de Ciudadanos y PP. Será otra línea más, aunque Vox intentó que se incluyera en el 016 como si fuera una opción de una centralita virtual. Sus aliados del PP rechazaron la petición por “problemas jurídicos”.
Para este ejercicio presupuestario también se incluye una partida de 1,5 millones de euros para auditorías “de firmas privadas” sobre las empresas públicas y la reordenación del sector instrumental. Esta es la fundamental demanda de Vox, aunque su concreción está por ver.
El grueso de los compromisos
Memoria democrática. Limitar las actuaciones en investigación y localización de fosas, y banco de ADN.
Sector público empresarial. Reducción del sector público andaluz. En 2019 se destinarán 1,5 millones a auditorías de “firmas privadas”. En 2020 habrá una partida de 18,4 millones para la “reordenación” de los entes instrumentales, para asumir entre otras actuaciones, “costes indemnizatorios”.
se ejecutará en 2020, lo que dota de estabilidad política al Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno (PP) para casi toda la legislatura.
El acuerdo implica la normalización de las relaciones entre los tres grupos parlamentarios que apoyaron la investidura del primer presidente no socialista de Andalucía. Hasta ahora, Ciudadanos presumía de que su vínculo era solo con el PP, con el que firmó, tras las elecciones del 2 de diciembre, un pacto de coalición. Y se desatendió del pacto de investidura que el PP selló con Vox. Ahora los tres grupos suscriben un mismo documento y además se comprometen a crear un grupo de trabajo con presencia de consejeros de los dos partidos y miembros de Vox para seguir el cumplimiento de lo firmado.
En la sesión de control al Gobierno autónomo, tanto PSOE como Adelante Andalucía criticaron el acuerdo. “Están banalizando el mal por el cortoplacismo de su acción de gobierno”, reprochó a Moreno el portavoz de la coalición de izquierdas, Antonio Maíllo. La socialista Susana Díaz acusó al presidente de “blanquear” a los partidos que niegan derechos y libertades en contra de lo que se hace en Europa. Díaz sostuvo que el Ejecutivo autónomo es “inestable y débil”, pese a que el pacto presupuestario a tres bandas le da oxígeno al menos durante dos años. “La estabilidad del Gobierno es directamente proporcional a su inestabilidad [la de Díaz]”, replicó Moreno.