La federación de los horrores
En solo seis años y medio tres presidentes de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel Villar, Luis Rubiales y Pedro Rocha, son investigados por delitos de corrupción durante sus mandatos
Será imposible que Pedro Rocha olvide el nombre de Delia Rodrigo, la jueza titular del juzgado número 4 de Majadahonda que el viernes, a petición del fiscal de anticorrupción, le cambió su condición de testigo a investigado en la operación Brodie en apenas media hora de declaración.
—“Es por su bien”, le advirtió la magistrada.
—“Es injusto”, respondió Rocha con los ojos acuosos.
Jueza y fiscal se hartaron de que las respuestas de Rocha describieran a un virtual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que, como mandamás de la comisión económica, y después de la gestora, o no sabía o no se había enterado de los hechos de una trama en la que se investigan presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y pertenencia a organización criminal. Declarar no saber nada sobre el acuerdo de la federación con Arabia Saudí y las comisiones de Gerard Piqué para llevar la Supercopa de España al país asiático, o eludir responsabilidades cuando fue preguntado por las supuestas adjudicaciones irregulares de obras a la constructora Gruconsa, han supuesto que Rocha sea el tercer presidente del fútbol español que se expone a una condena por la vía penal en menos de seis años y medio.
Entre Ángel María Villar y Luis Rubiales pasaron unos cinco años. Entre Rubiales y Rocha apenas algo más de siete meses que han desembocado en una federación bloqueada operativamente y con una imagen institucional de la que es difícil disociar la palabra corrupción.
A dos meses de la Eurocopa, la selección absoluta no tiene director deportivo porque Albert Luque fue apartado de su cargo por Rocha después de que la fiscalía propusiera un año y medio de cárcel por supuestas presiones a Jennifer Hermoso. En la federación aseguran que hay nuevos patrocinadores a la espera de rubricar acuerdos que nadie se atreve a firmar por miedo a ser denunciado por extralimitarse de sus funciones. Uno de los que podía tener firma, el director de márketing, Rubén Rivera, también fue apartado de su labor por el mismo motivo que Luque.
Hasta el momento, Rocha no ha dado señales de renunciar a su futura presidencia al ser el único
candidato que presentó los avales. En total, 107, vendidos como la prueba de la nueva unidad del fútbol español porque los clubes profesionales se habían sumado al bando. Lo rocambolesco emerge en el ambiente cuando Rocha no se aplica la misma sanción que él, como presidente de la gestora, les aplicó a Luque y Rivera. Los barones contrarios a su candidatura no entienden esa incoherencia
y a algunos de los afines les invade el silencio cuando les piden que lo expliquen. La guardia de corps de Rocha asegura apreciar una maniobra de distracción orquestada por el Gobierno que argumentan por los tiempos que se dieron en la sucesión de hechos ocurridos el viernes.
Cuando Rocha fue interrogado por los contratos con Gruconsa, la constructora que está en el centro de la trama investigada y en la que trabaja el hermano de Pedro González Segura, director de los servicios jurídicos federativos, el fiscal solicitó a Delia Rodrigo que el testigo pasara a ser investigado. Apenas un par de minutos antes, el dirigente extremeño había sido proclamado virtual presidente de la RFEF. Era la segunda vez que Delia Rodrigo dinamitaba el proceso electoral. El 20 de marzo, el mismo día que Rocha tenía previsto citar a la comisión gestora para convocar las elecciones la magistrada puso en marcha la Operación Brodie en la que fueron detenidos varios dirigentes federativos y fue registrada la sede de la federación con los internacionales españoles entrenándose a menos de 100 metros. Estas dos coincidencias, más que se supiera nada más conocerse su imputación que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) tiene la intención de abrir expediente a Rocha por falta muy grave han alimentado esas sospechas de los barones aliados de Rocha de la existencia de una estrategia político-judicial impulsada desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) para evitar que el dirigente extremeño alcance la presidencia de la RFEF.
Cataclismo
Los fieles de Rocha están seguros de su inocencia y han cerrado filas para que pueda continuar su camino a la presidencia. El problema para Rocha es que el fiscal no se creyó que el interrogado no supiera nada de nada. Fuentes de la investigación aseguran que a la fiscalía le cuesta admitir la supuesta ignorancia de Rocha cuando las atribuciones de la comisión económica que él presidió desde octubre de 2020 son, entre otras, aprobar las líneas generales de actuación económica y financiera de la RFEF o analizar las propuestas y aprobar los gastos corrientes y de inversión superiores a 10.000 euros, salvo aquellas que sean competencia de la comisión delegada o de la asamblea.
El TAD aún no ha emitido su resolución, pero el cataclismo que vive la federación puede sobredimensionarse si, como sería lo normal, el expediente abarca a toda la comisión gestora. Todos los barones de las territoriales están a la expectativa del dictamen final del tribunal deportivo. Los bandos hablan entre ellos y casi todos se manejan en la incertidumbre de no saber qué hacer. Si el lunes o el martes se confirma que el TAD ha incoado el expediente a Rocha por falta muy grave, el CSD tiene la potestad de convocar o no a su comisión directiva para suspender provisionalmente a Rocha. Si esto sucediera, la sombra de la intervención de la FIFA podría empezar a cubrir los tejados de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
Los barones de Rocha hablan de conspiración del Gobierno contra él
La institución está bloqueada y no se firman acuerdos con patrocinadores
Si el CSD suspende al extremeño, la intervención de la FIFA cobraría fuerza