El Supremo se muestra reacio a conceder inmunidad plena a Trump
Su abogado defiende que un presidente puede ordenar un golpe de Estado o un asesinato
¿Puede el presidente de Estados Unidos ordenar el asesinato de un rival político? Donald Trump sostiene que sí. Su abogado, John Sauer, lo argumentó ayer en el solemne salón de vistas del Tribunal Supremo en el caso Donald Trump contra Estados Unidos. También defendió que el presidente podría ser inmune incluso si ordenara un golpe de Estado. Con un Trump que se presenta de nuevo a las presidenciales de noviembre, que lidera las encuestas, que clama venganza y que ha dicho que va a ser “dictador” por un día, sus tesis provocan escalofríos. Los magistrados, incluidos los conservadores, se mostraron reacios ayer a asumir esa doctrina, pero sí abiertos a limitar o dilatar las acusaciones contra el expresidente.
Lo que está en juego en el caso no es una acusación de asesinato, sino cuatro presuntos delitos por tratar de alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió frente a Joe Biden, y aferrarse al poder haciendo trampas e impidiendo la certificación de esa victoria. Aunque los jueces se mostraron escépticos sobre las alegaciones de inmunidad plena de Trump, los conservadores también dieron muestras de preocupación por el hecho de que un expresidente pueda ser imputado como un ciudadano normal.
La sentencia llegará en las próximas semanas y marcará el futuro judicial de Trump. Los jueces pueden admitir o rechazar de plano la inmunidad, pero los conservadores parecían más partidarios de tomar una vía intermedia, sentar criterios generales de qué actos oficiales podrían quedar blindados de persecución y en qué circunstancias y remitir a una decisión posterior de los tribunales inferiores. Al dilatar el proceso, probablemente hasta después de las elecciones, eso ya sería un triunfo para Trump. La alegación de inmunidad logró retrasar el comienzo del juicio por intentar subvertir los resultados de las elecciones de 2020, previsto para el 4 de marzo.
La vista, de más de dos horas y media de duración, se desarrolló en Washington mientras el expresidente se sentaba en el banquillo de los acusados en Nueva York, donde se le juzga por presuntos delitos cometidos antes de ser presidente.
En el Supremo, se discutía sobre su inmunidad en un caso histórico que puede dibujar los contornos del poder presidencial para el futuro. Ningún presidente ni expresidente ha sido imputado antes de Trump, así que el Supremo nunca se ha pronunciado sobre la cuestión. “Este caso tiene enormes implicaciones para la presidencia, para el futuro de la presidencia, para el futuro del país”, dijo el juez Brett Kavanaugh.
Donald Trump no reclama en realidad inmunidad absoluta. Su abogado admitió que podría ser imputado por su conducta privada, pero no por los actos cometidos en ejercicio de su cargo, aunque considerando que el asesinato de rivales y el golpe de Estado pueden entrar en esa categoría.
“Creo que dependería de las circunstancias, si fue un acto oficial”, afirmó Sauer en referencia a un hipotético golpe de Estado. “Bien podría ser un acto oficial”, insistió, provocando la respuesta asombrada de la jueza progresista Elena Kagan. El abogado de Trump señaló que, en cualquier hipótesis, tendría que ser sometido a impeachment y condenado por el Senado antes de poder ser procesado penalmente.
Ahí fue incluso la conservadora Amy Coney Barrett la que replicó al subrayar que otros cargos, incluidos los jueces del Supremo, pueden ser sometidos a impeachment sin que nadie interprete que sin una condena en un juicio de destitución no puedan ser procesados por un posible delito. “¿Por qué el presidente es diferente?”, cuestionó.
La hipotética inmunidad del presidente por ordenar a las fuerzas especiales el asesinato de un rival político ya surgió en el Tribunal de Apelaciones. Esta vez fue el juez Samuel Alito, uno de los más conservadores, el que la planteó
y el que a continuación mostró escepticismo sobre que un acto así pueda ser merecedor de inmunidad. La difusa frontera entre actos personales y oficiales ocupó una parte del debate, pero los jueces se mostraron reacios incluso a conceder una inmunidad plena
para los actos oficiales, puesto que eso daría al presidente de EE UU un poder casi ilimitado. O, alternativamente, para considerar oficial cualquier acto en el ejercicio del cargo.
Trump sostiene que si se puede perseguir a un presidente tras dejar la Casa Blanca, eso condicionará su actuación. La jueza progresista Ketanji Brown Jackson, en cambio, advirtió del riesgo de que “la persona más poderosa del mundo (...) pueda ir al trabajo sabiendo que no habría ninguna pena potencial por cometer delitos”.
La sentencia llegará en las próximas semanas y marcará su futuro político
Dilatar el proceso hasta después de las elecciones ya es un triunfo