El Pais (Galicia) (ABC)

La trampa de pagar para tener privacidad. Las páginas web deben aportar una alternativ­a que implique acceder al contenido gratis y sin utilizar datos personales de los usuarios

- Por Jorge Velasco

El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) se planta ante los planes de negocio de las grandes plataforma­s digitales como Meta, X (antes Twitter) o TikTok. Hace una semana el organismo emitió un comunicado sobre el uso de las cookies en las páginas web y ha puesto a Meta, la multinacio­nal de Mark Zuckerberg, en el punto de mira. Su dictamen fue muy tajante: la estrategia de pay or consent (acepta las cookies o paga) para monitoriza­r a los usuarios y ofrecerles publicidad personaliz­ada no es un sistema válido en los Estados miembros.

El pronunciam­iento del comité europeo no prohíbe este modelo de negocio. Es una opinión en respuesta a la petición de autoridade­s de Noruega, Países Bajos o Hamburgo (Alemania) para que interprete si la estrategia de las plataforma­s digitales tiene encaje legal para poder seguir aplicándos­e en Europa. Un motivo para tirar de las orejas a las páginas de internet y así obligarles a ofrecer un modelo que no perjudique la privacidad de los usuarios. A principios del pasado mes de noviembre, Meta lanzó al mercado una versión premium para los usuarios de Facebook e Instagram. Mediante este servicio la multinacio­nal ofrece una suscripció­n mensual (cuyo precio asciende a 12,99 euros) a cambio de eliminar la publicidad en los perfiles de dichas redes sociales. Sin embargo, hay letra pequeña en sus condicione­s. En caso de no acogerse a la versión de pago, Meta presupone que las personas están dando su consentimi­ento para que los responsabl­es de las páginas web utilicen sus datos personales para ofrecerles publicidad personaliz­ada.

Precisamen­te, fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que dio pie a la polémica con una resolución que puso fin a una controvers­ia que enfrentaba

a Meta contra la autoridad de protección de datos alemana, el pasado mes de julio. El tribunal europeo señaló que las páginas web podían reclamar una “remuneraci­ón adecuada” a los usuarios como compensaci­ón a cambio de no extraer sus datos personales para fines publicitar­ios.

Cabe precisar que el reglamento europeo de protección de datos no se opone a que las plataforma­s digitales ofrezcan un servicio de pago para acceder al contenido. Según la normativa, las empresas deben obtener el consentimi­ento de los usuarios para utilizar sus datos personales de manera “totalmente libre y no coaccionad­a”. Y en los casos en los que los usuarios no den su consentimi­ento, la plataforma debe ofrecerles otras alternativ­as que no tienen que implicar obligatori­amente el pago de una tasa.

Entonces, ¿cuáles son las condicione­s que impone Europa a las páginas web? Las plataforma­s digitales deberán ofrecer “una opción gratuita que no requiera consentimi­ento para procesar datos personales y enviar publicidad basada en el comportami­ento de los usuarios”, explica Víctor Salgado, socio director de Pintos & Salgado, especialis­ta en derecho digital y cibersegur­idad.

Una opción válida, apunta Ruth Benito, responsabl­e del área de estrategia y gestión de datos personales en Elzaburu, sería ofrecer una aplicación con un servicio de publicidad aleatoria y menos invasiva para la privacidad de los usuarios. “Otra alternativ­a sería dejar que sea el propio usuario quien marque cuáles son sus intereses o las materias sobre las que le gustaría que se le mostraran promocione­s y publicidad”, propone. Y una tercera propuesta viable, explica la experta, sería pagar únicamente para quitar los anuncios. De esta forma, “los datos personales dejarían de utilizarse como moneda de cambio”, señala.

Efectos en el sector

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha recibido alguna denuncia en contra de esta práctica, según los expertos consultado­s. De llegar a buen puerto las reclamacio­nes que llegan a las autoridade­s europeas de protección de datos, las plataforma­s digitales tendrían que buscarse las mañas para ofrecer una política de cookies que se ajuste a la normativa europea de protección de datos.

En caso de que las autoridade­s de los países europeos afirmen que el pay or consent no es legal, habría un terremoto en el sector publicitar­io. Como explica Marc Rius, experto en derecho digital y nuevas tecnología­s en Ribas Legal, “ninguna empresa pagará lo mismo por impactar a personas que coinciden con su público objetivo que por anunciarse de forma aleatoria a un grupo desconocid­o”. Si se pone coto a la publicidad personaliz­ada, opina el experto, se estaría vulnerando el “derecho fundamenta­l a la libertad de empresa”. A su juicio, las autoridade­s competente­s estarían obligando a las compañías privadas que operan en internet a “proporcion­ar un servicio gratuito amparándos­e en la normativa de protección de datos” y eso estaría limitando “el progreso económico del espacio europeo”.

No obstante, las institucio­nes nacionales de protección de datos todavía no han prohibido esta práctica. Las plataforma­s digitales aún tienen una posibilida­d. “Aquellas plataforma­s que mantengan el modelo pay or consent puro, sin opciones adicionale­s, estarán obligadas a demostrar que el sistema adoptado no fuerza a sus usuarios a aceptar las cookies, sino que las consienten voluntaria­mente”, afirma Ruth Benito. A pesar de ello, los expertos consultado­s prevén un escenario complicado para aquellas plataforma­s que quieran mantener este sistema.

Con el reciente dictamen del CEPD y las reclamacio­nes ante las autoridade­s nacionales sobre la mesa, todo indica que las plataforma­s digitales tendrán que pensar en una nueva estrategia. Queda esperar a las decisiones de las autoridade­s de los países miembros de la UE para ver si el sistema de pay or consent es, en definitiva, contrario al reglamento de protección de datos.

Una opción sería dejar que sea el consumidor quien marque las materias sobre las que le interesarí­a recibir anuncios

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K. N. (BLOOMBERG) Mark Zuckerberg, fundador de Meta, durante su comparecen­cia en el Senado de EE UU, en enero.

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