La policía se lanza a la búsqueda de dosieres en los registros a Método 3
La Generalitat pugna con el Gobierno central para investigar la trama
Desde las nueve de la noche del lunes, varios policías permanecieron custodiando la sede de Método 3 en Barcelona, a la espera de la orden judicial para poder entrar en la agencia de detectives. Tras varios amagos, a las cuatro de la tarde de ayer los agentes recibieron la luz verde del juzgado de instrucción número 14 de Barcelona para registrar el local en el que, supuestamente, se ha cocido el espionaje que azota Cataluña.
Y en él encontraron tal cantidad de documentación, que el juzgado ha ordenado que los agentes permanezcan varios días en la sede analizando los archivos. De intentar llevárselos en las cajas, ocuparían más de 10 furgonetas, según fuentes policiales, que indican también que la tarea puede alargarse durante una semana.
En el registro participaron varios agentes junto a los fiscales anticorrupción Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo y el exdirector de Método 3, detenido en la causa, Francisco Marco.
Los agentes detuvieron el lunes por la noche a los cuatro detectives implicados en la grabación de la conversación entre Alicia Sánchez-Camacho y la examante de Jordi Pujol Ferrusola, María Victora Álvarez. Están acusados de revelación de secretos. Se trata del propio Marco, Elisenda Villena, Julián Peribáñez y Álex Borreguero. La policía también registró ayer sus domicilios y la sede de Método 3 en Madrid.
En su declaración ante la poli- cía, que se alargó hasta pasadas las tres de la madrugada del lunes, dos de los arrestados intentaron implicar en el espionaje a la líder del PP catalán. Peribáñez y Borreguero admitieron que grabaron “a instancias de sus jefes” la reunión en el restaurante La Camarga (Barcelona) entre Sánchez-Camacho y Álvarez.
Además de los cuatro detenidos, el lunes declaró, como testigo, Antonio Tamarit, que había sido delegado de Método 3 en Madrid. Tamarit afirmó que desconoce si Sánchez-Camacho estaba al corriente de que la reunión en el restaurante La Camarga iba a ser grabada. Lo que sí explicó es que, hace un mes, Marco y su secretaria pidieron al exinspector Juan Carlos Ruiloba —que trabajó dos años en la agencia— el archivo de audio sobre la reunión de La Camarga. Según la versión de Tamarit, el documento estaba en manos de Ruiloba porque Método 3 le debía dinero y le pagó, en parte, permitiéndole que se llevara algunos de los equipos informáticos.
El detective afirmó que, en el último mes, Marco disfrutaba de un alto tren de vida “con viajes a París y fines de semana en la nie- ve”. Tamarit negó haber aportado nuevos informes y dijo desconocer el encuentro policial al más alto nivel (la cúpula del Ministerio del Interior) que se produjo en abril en ese mismo restaurante.
Las pésimas relaciones que el Gobierno y la Generalitat mantienen desde hace meses por el proceso soberanista han acabado de complicarse con el escándalo de los espías. El Ejecutivo de Artur Mas está muy molesto porque considera que el Ministerio del Interior le ha dejado al margen de la investigación, hasta el punto de que ayer acusó al Gobierno cen- tral de ocultarle información. La Generalitat quiere que la Policía colabore con los Mossos d’Esquadra. A ello puede ayudar el hecho de que la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, presentara anoche una denuncia ante la policía catalana como presunta víctima de la trama de espionaje. Ahora los jueces deberán decidir cómo se reparte el peso de la investigación entre cuerpos policiales.
El Gobierno catalán continúa alentando la teoría conspirativa sobre la trama de espionaje, que se resume en denunciar la “coincidencia” de que las escuchas trasciendan en un momento de máxima tensión política por el debate soberanista. El consejero de Presidencia, Francesc Homs, insistió ayer en que en Cataluña no hay “espionaje a gran escala” pero que desde fuera de esa comunidad sí se quiere dar esta imagen. En este contexto, Homs aseguró que el Gobierno debe contar con la colaboración de los Mossos d’Esquadra, al ser el cuerpo policial con mayor presencia en Cataluña, “si es que tiene ganas de ir hasta el final”. Homs fue especialmente crítico con Interior, y le reprochó que “no tuviera la misma diligencia” para investigar los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales que afectaban a CDC, y que se publicaron en la campaña electoral, como la que tiene ahora con el espionaje del que habría sido víctima la presidenta del PP catalán.
El Gobierno de CiU también informó ayer de que, en tiempos del tripartito, la Generalitat encargó tres informes a Método 3. También el PP catalán movió ficha al exigir que se cree una comisión de investigación parlamentaria.