La investigación atribuye al candidato un papel clave en el ‘procés’
Los investigadores de la Guardia Civil que examinan los gastos que la Generalitat llevó a cabo para poner en marcha el referéndum ilegal del 1 de octubre cifran en 1,6 millones el dinero público malversado. Estos fondos se emplearon en los envíos de correspondencia, la campaña para los catalanes en el extranjero, la publicidad institucional y la presencia de observadores internacionales. En el informe remitido al juez Pablo Llarena se atribuye al candidato a president Jordi Turull, entonces consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, responsabilidad en la malversación de 1,4 millones. Llarena decidirá hoy el destino judicial de Turull, actualmente en libertad bajo fianza, al que podría enviar a la cárcel acusado de malversación, sedición y rebelión.
La Guardia Civil cree haber despejado una de las incógnitas que planean sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Los investigadores concluyen que la Generalitat gastó dinero público en la consulta y cifran el gasto en 1,6 millones entre los envíos de correspondencia, la campaña para los catalanes en el extranjero, la publicidad institucional y la presencia de observadores internacionales. El informe remitido al juez Pablo Llarena atribuye al candidato a president Jordi Turull responsabilidad en la malversación de 1,4 millones.
La malversación de fondos públicos a cuenta del procés es uno de los delitos que afrontan los exconsejeros del Gobierno catalán que dirigía Carles Puigdemont en el proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo. En el informe remitido a Llarena, los agentes subrayan que la malversación también está siendo investigada por el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que hace solo una semana ordenó registros en el Palau de la Generalitat
y en la sede de Òmnium Cultural en busca de indicios del gasto público. El magistrado oyó el miércoles en declaración a responsables de Unipost, una de las empresas bajo sospecha. Todo ello significa, entre otras cosas, que la investigación sobre el destino de fondos públicos para la consulta ilegal no está, ni de lejos, cerrada.
El 28 de febrero la Guardia Civil entregó un voluminoso informe-resumen al juez Llarena. Ocho de sus páginas están dedicadas
a analizar los “gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia” acreditados hasta esa fecha. Los indicios pueden dividirse en cuatro grandes apartados.
Exterior. 224.835 euros. La Generalitat, detalla el informe, impulsó una campaña de registro de catalanes que viven en el extranjero. Su objetivo no era otro que “la creación de un censo electoral de residentes fuera de
España”. El diseño de la campaña —que incluía las palabras “sí” y “no” en alusión implícita a la consulta— era “fomentar la inscripción” en ese censo, siempre según la tesis de los investigadores. Como máximos responsables, los agentes señalan a Jordi Turull, entonces consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, y a su secretario general, Joaquim Nin.
Publicidad. 277.804 euros. El Gobierno catalán organizó una
campaña institucional para fomentar la participación en la votación ilegal del 1 de octubre. Lo hizo, según la Guardia Civil, mediante un contrato-programa con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público que gestiona la televisión y la radio autonómicas. TV3 y Catalunya Ràdio emitieron en septiembre dos anuncios en el que aparecía la frase “naciste con la capacidad de decidir” sobre unas vías de tren que se bifurcan. En el segundo de esos anuncios se mencionaba de forma explícita el referéndum. De nuevo, la Guardia Civil señala como responsable al departamento de Presidencia dirigido por Turull. Y cita un correo que este envió al entonces vicepresidente Oriol Junqueras en el que le pide una aportación extra de 3,4 millones para una “campaña de contenido cívico”. Junqueras autorizó el pago, pero finalmente no se adjudicó el concurso porque las empresas licitadoras (Focus y Carat) “se dieron cuenta de que no se trataba de una campa-