El Gobierno deja la solución en manos del juez Llarena
El Ejecutivo dice que no tiene margen para evitar la investidura
El Gobierno ha decidido dejar en manos del Tribunal Supremo la solución para evitar que Jordi Turull pueda ser presidente de la Generalitat de Cataluña. El Ejecutivo señala que un debate de investidura como el de ayer no puede ser impugnado porque es completamente legal. Por tanto, para evitar que Turull se convierta en molt honorable solo caben dos opciones: que el juez Pablo Llarena le envíe a prisión hoy viernes, y que así no pueda acudir al debate del sábado, o que pierda esa segunda votación porque no consiga los apoyos suficientes.
Si el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena agrava hoy las medidas cautelares contra Turull y lo envía a prisión, la segunda sesión de investidura no podría celebrarse.
El Gobierno sostiene que el pleno de ayer se convocó de forma legal, según el Reglamento del Parlamento de Cataluña y, al menos hasta ayer, el candidato que pidió el voto para su investidura, Jordi Turull, estaba en condiciones de poder solicitarla, según fuentes gubernamentales.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, admitió que el pleno de investidura se convocó “reglamentariamente” y que, por lo tanto, no podía ser impugnado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Y el Ejecutivo considera improbable que pueda poner obstáculos a que el sábado vuelva a intentarlo y obtenga la mayoría suficiente si antes no ingresa en prisión.
Esta es la tesis que ha prevalecido en el Ejecutivo y ninguna otra de carácter jurídico que le hubiera podido llevar a tratar de impedir ayer la investidura de Jordi Turull. Catalá anticipó en el programa Más de Uno, de Onda Cero, los posibles supuestos que pueden darse y admitió que el Gobierno no podía impugnar el pleno.
A esas horas tempranas el Gobierno daba por supuesto que Turull sería nombrado anoche presidente de la Generalitat con el voto favorable de la CUP. Todo cambió cuando esa formación anunció que no prestaría su apoyo a Turull y, por tanto, el candidato tendría que presentarse ante el juez sin ser president.
El Ejecutivo estaba preparado para que la próxima semana Turull fuera nombrado presidente sin que pudiera hacer nada para impedirlo. El movimiento de juez Pablo Llarena de convocarle hoy viernes y la respuesta del presidente del Parlamento catalán de convocar un pleno urgente para investirle, trastocó los planes iniciales del Gobierno.
Confusión política
Ante la confusión del panorama político en Cataluña, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aboga por mantener el artículo 155 de la Constitución mientras en la Generalitat no haya un gobierno “conforme a Derecho”. Si el juez Llarena dictara contra Turull medidas de privación de libertad no se levantaría el artículo 155.
En caso de que Turull no fuera a prisión, Felipe VI tendría que firmar su nombramiento, siempre que consiga los apoyos suficientes en la votación porque “los actos del Rey son formales, que no aportan un elemento de voluntad”, según Catalá. No obstante, para que Turull pueda ejercer también necesita la firma del presidente del Gobierno y la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, algo que está en manos del Ejecutivo.
Es más, el Gobierno también podría presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional acogiéndose a la ley que le permite impugnar disposiciones autonómicas sin fuerza de ley. Eso dejaría automáticamente en suspenso el nombramiento, si bien ayer el Ejecutivo no comentó esta posibilidad entre las opciones que barajaba.
Lo mejor de todo esto, según el Gobierno, es que se ha puesto en marcha el reloj reglamentario para que, si ningún candidato obtiene la mayoría suficiente, se convoquen elecciones dentro de dos meses para celebrarse 54 días después.