La declaración clave de un jefe de los Mossos
En el auto de procesamiento, el juez Llarena recuerda que el 28 de septiembre de 2017, los máximos responsables de los Mossos d’Esquadra advirtieron al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresidente Oriol Junqueras y al consejero de Interior, Joaquim Forn, de la posibilidad de “una escalada de violencia” con “brotes importantes de enfrentamiento” si se mantenía el referéndum ilegal del 1 de octubre. Pese a ese aviso, los políticos decidieron que la consulta se celebrara.
El juez considera que los tres miembros del Gobierno “se sirvieron” o “asumieron” la “violencia que exigiría o comportaría la celebración” del referéndum, prohibido por la Justicia y contra el que el Gobierno central había desplegado 6.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Para apuntalar esta imputación fue clave la declaración de Manel Castellví, jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos. Esta fue corroborada por el actual jefe del cuerpo policial, Ferran López Navarro, y por los comisarios Emili Quevedo y Juan Carlos Molinero. Todos ellos declararon los días 26 y 27 de febrero.
El magistrado recuerda la inacción de los Mossos durante la jornada del referéndum. Según Llarena, ese día se diseñó un “operativo formal o aparente” orientado a “boicotear el cumplimiento de la orden judicial” de impedir la consulta ilegal. Además de las maniobras “dilatorias”, el juez recuerda que algunos mossos se enfrentaron a la Guardia Civil, sin que, por el momento, se haya incoado expediente disciplinario a ninguno.
a este grupo, que incorporó a su “actuación criminal” el “ineludible estallido social” que podía producirse.
Llarena no se cree que el artículo 155 de la Constitución interrumpa el desafío independentista. El libro blanco de 2014 ya preveía el escenario de que el Estado interviniera el autogobierno catalán y planteaba que en ese caso “el apoyo de la sociedad civil movilizada” podría resultar “decisivo” para conseguir la independencia. Según Llarena, el “ataque” al Estado que atribuye a los procesados “puede estar en desarrollo, por más que se encuentre puntualmente larvado”. La estrategia y las funciones interrumpidas por el 155, añade, “parecen estar latentes y pendientes de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas”.