Bachelet logra antes de irse que la justicia investigue las torturas de la dictadura
El segundo Gobierno de Michelle Bachelet no acaba de poner el punto final. Horas antes del cambio de mando con Sebastián Piñera, intentó cursar un decreto para cerrar la cárcel Punta Peuco como recinto especial para violadores de los derechos humanos, una medida esperada por las víctimas por las condiciones privilegiadas de exmilitares y agentes. Bachelet no tuvo éxito con la clausura del recinto penal, pero a última hora logró que la Justicia investigue los 30.000 casos de torturados en la dictadura de Augusto Pinochet.
Aunque hace dos semanas la socialista entregó el poder a la derecha de Sebastián Piñera, las gestiones realizadas por su Administración a contrarreloj todavía son objeto de debate. Pero aunque Bachelet no tuvo éxito con la clausura del recinto penal, a última hora logró un anhelo de su Administración: que la Justicia investigue los casos de torturados en la dictadura en un nuevo intento para que se termine el secreto de los testimonios que en 2003 entregaron las víctimas al Estado y que por ley se mantienen en reserva.
En un país ordenado como Chile, poco acostumbrado en democracia a las herencias políticas de último minuto, las gestiones del Gobierno de Bachelet parecen inusuales. La médica socialista cumplió literalmente lo que señaló en reiteradas oportunidades: que gobernaría hasta el último día de su mandato, que formalmente finalizó el pasado domingo 11 de marzo. En el caso del cierre de Punta Peuco, su ministro de Justicia, Jaime Campos, fue el que se negó a firmar el decreto. “A horas de la transmisión de mando, ¿puede alguien obligarme a ejecutar actos que violenten mi conciencia y que violenten la Constitución y las leyes?”, señaló el exministro. Campos relató que en el año y medio que estuvo en el cargo, al menos en seis ocasiones insistió en que el Gobierno tomara una medida con el recinto penal.
La subsecretaria de Derechos Humanos de Bachelet, Lorena Fríes, fue la que efectuó la denuncia
ante la Justicia por los 30.000 casos de torturados en la dictadura. Realizó la gestión el día antes de que acabara la Administración, “con la autorización del Gobierno”. La denuncia de Fríes recayó en el ministro de la
Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, que investigó la muerte del expresidente Salvador Allende y que indaga la del poeta Pablo Neruda. El magistrado decidió aceptarla.
Pero el asunto es complejo y divide a la actual oposición: la mayor parte de esos 30.000 casos por ley están bajo reserva y el Estado se comprometió ante las víctimas a que fuera de esa forma. En 2003, cuando se cumplieron los 30 años del Golpe de Estado contra Allende, el presidente socialista Ricardo Lagos anunció la creación de la Comisión Nacional de Política y Tortura, liderada por el sacerdote Sergio Valech. Esta comisión recolectó miles de testimonios de víctimas y sus familiares y estableció que 28.459 personas habían sufrido prisión política y torturas. Aunque en un comienzo se había establecido 30 años de secreto, luego se amplió a 50 para “proteger a las víctimas y que de este modo pudieran atreverse a relatar ese momento tan doloroso”, según el propio Lagos.
Esos relatos, por tanto, no están en poder de los tribunales. El juez Carroza investigará los 30.000 casos de torturas. El secreto de los testimonios deberá resolverlo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una corporación que no depende del Poder Ejecutivo, independiente y autónoma. Cuando Carroza pida la información, será este organismo el que decida si los entregará totalmente, solo los nombres de las víctimas o si tomarán una definición caso a caso.