El Gobierno y el PP abren una gran batalla jurídica por los Presupuestos
Los juristas copan los puestos clave en la política. Buena parte de los diputados y senadores lo son. Desde la noche del martes, cuando EL PAÍS desveló el ardid legal que usará el Gobierno para garantizar la aprobación de los Presupuestos y evitar el bloqueo del PP, se ha desatado una dura batalla entre los expertos jurídicos del PSOE y Podemos, por un lado, y el PP y Ciudadanos, por otro. Todos buscan recovecos legales, en un caso para seguir adelante con las cuentas y en otro para frenarlos. El Gobierno arma su estrategia de defensa mientras la oposición se lanza a la ofensiva para frenar lo que califica de “atropello”.
Pocos debates entusiasman tanto a los políticos, sobre todo los que tienen formación jurídica —la mayoría—, como los que se originan por interpretaciones del reglamento, de las leyes o de las sentencias del Tribunal Constitucional. Ayer los pasillos del Congreso eran una sucesión de corrillos de políticos de uno y otro bando tratando de mostrar con ejemplos, antecedentes y sentencias quién tiene razón en la batalla jurídica para ver si la Ley de Estabilidad Presupuestaria puede ser reformada a través de una enmienda a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para mejorar la formación de los jueces en cuestiones de violencia de género.
La estratagema surgió a finales de la semana pasada en La Moncloa, cuando el equipo de la vicepresidenta, Carmen Calvo, vio que estaba a punto de cerrarse, este martes, el plazo de enmiendas de una ley orgánica que podía ser utilizada para cambiar por sorpresa la norma presupuestaria. Además, vieron que la ponencia estaba en manos de la Comisión de Justicia, una de las pocas presididas y controladas por los socialistas. Era perfecto para el objetivo perseguido: reformar la Ley de Estabilidad para retirar al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, su capacidad de veto a la meta de déficit fijada por el Gobierno.
Con máximo sigilo, prepararon la enmienda y esperaron al martes a las 19.55, cinco minutos antes de cerrar el registro del Congreso. Y ahora están seguros de que, en un plazo máximo de tres meses —aunque esperan que sea menor— la ley estará cambiada y el Gobierno podrá presentar los Presupuestos con la nueva senda de déficit, que le da 5.000 millones más de margen.
Este golpe de efecto ha descolocado al PP, que, sin embargo, no se resigna a la derrota. Desde la noche del martes está buscando salidas. Y ya ha empezado a presentar escritos. La Mesa de la Comisión de Justicia, que se reunirá hoy, se encontrará con el texto presentado por la portavoz popular, Dolors Monserrat, para que no se admita “la estafa” que pretende el Gobierno. Al tiempo, ha remitido otro escrito a la Mesa del Congreso para que tome cartas en el asunto e impida que en la Comisión de Justicia pueda tramitarse la iniciativa del PSOE.
La discusión jurídica se centra ahora en saber si la llamada Mesa de la Cámara, controlada por el PP y Ciudadanos, tiene potestad para enmendar una decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia. Hay antecedentes de 2013 y 2014 en los que se descartó enmendar a las mesas de comisión porque se interpretó que la llamada
mesa grande no puede hacerlo. Pero desde la actual presidencia del Congreso, dirigida por Ana Pastor, del PP, aseguran que no se sienten vinculados por esos acuerdos del pasado, por lo que la batalla se aventura compleja. El informe de los letrados del Congreso será clave para dirimir el pleito.
Los populares pelearán hasta donde puedan y, desde luego, llegarán al Tribunal Constitucional. Y los socialistas harán lo mismo si el PP logra parar el proceso, algo que incluso fuentes populares ven muy difícil. Como mucho, admiten, podrían retrasarlo y ponérselo difícil al Gobierno, pero
este cuenta ahora con más probabilidades de tener unos Presupuestos aprobados en los primeros meses de 2019, antes de las elecciones municipales y autonómicas, su gran objetivo político. Eso siempre que los independentistas catalanes apoyen el Ejecutivo, claro.
La indignación del PP la comparten en Ciudadanos, en tanto que Podemos se muestra satisfecho al haberse corregido “la anomalía democrática” de que el Congreso no tenga voz en la aprobación de la Ley Presupuestaria, como señaló ayer el líder de la formación, Pablo Iglesias.
El asunto monopolizó la atención en el Congreso. “Desbloquee la ley de Estabilidad y levante el veto”, le pidió el presidente, Pedro Sánchez, al líder del PP, Pablo Casado. “A usted La Moncloa le queda grande”, le respondió el dirigente popular, que le instó a convocar elecciones de inmediato. Hubo descalificaciones fuertes en el pasillo de los dirigentes del PP al presidente del Gobierno. “Tenía cara de Zapatero y se le está poniendo cara de Maduro”, apuntó el secretario general del PP, Teodoro García Egea.