Hacienda plantea bajar el impuesto a las pymes del 25% al 23%
El Gobierno acelera las decisiones para intentar sacar adelante los Presupuestos de 2019, su proyecto clave. En plena negociación con Unidos Podemos, el socio principal, con el que ayer hubo una reunión discreta, Hacienda plantea una posible bajada de dos puntos del Impuesto de Sociedades para las pymes con una cifra de negocios inferior al millón de euros, del 25% al 23%, una iniciativa que va en la línea de lo que reclamaba el grupo de Pablo Iglesias.
Hacienda no confirma oficialmente la información, pero fuentes de la negociación señalan a EL PAÍS que esa bajada está en estudio y se situaría en línea con lo que reclama Unidos Podemos. Este grupo ha reclamado en un documento público y en las reuniones negociadoras subir impuestos a las rentas muy altas y a las grandes empresas, y bajárselos a las más bajas, a los autónomos y a las pymes. Y en esa filosofía, a falta de los detalles, está de acuerdo el Gobierno.
Las negociaciones, llevadas con más discreción en las últimas semanas entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, van mucho mejor de lo que podría parecer por algunas declaraciones a la prensa, según las mismas fuentes. Ahora se ha entrado en una fase decisiva, en la que es muy importante la discreción para evitar tensiones internas tanto en Unidos Podemos como en el propio PSOE, ya que ambos tendrán que ceder en sus posiciones. Por eso la reunión de ayer fue muy discreta y, al contrario de lo que sucedió en ocasiones anteriores, Podemos no informó a la salida del contenido y ni siquiera de la existencia de la cita, llevada con el máximo sigilo.
Unidos Podemos ya ha logrado arrancar al Gobierno el compromiso de subir el IRPF a los que cobran más de 140.000 euros, algo que el Ejecutivo no tenía intenciones de hacer, y ha puesto encima de la mesa otras
muchas propuestas. Los negociadores le están dando muchas vueltas a la fórmula para garantizar que las grandes empresas paguen más impuestos. La idea es situar el tipo mínimo efectivo en el 15% —ahora algunas pagan el 7%, muy por debajo de las pymes y de los trabajadores asalariados— pero en la fiscalidad los detalles lo cambian todo, y ahora se discute cómo se llevan a cabo.
El acuerdo con Podemos no está ni mucho menos cerrado. Quedan muchísimos asuntos por discutir, especialmente en fiscalidad y en gasto social, pero los negociadores creen que las posiciones no están tan alejadas y, sobre todo, la voluntad política de fondo de llegar a acuerdos existe. El problema más importante desde el punto de vista político no es Unidos Podemos, sino los independentistas catalanes, que condicionan su apoyo a una cuestión mucho más compleja como el juicio del procés. Aun así, el Gobierno confía en poder sacar adelante las cuentas porque está convencido de que ningún grupo de los que apoyaron la moción de censura quiere precipitar las elecciones anticipadas.
El gran problema sigue estando en ese juicio en el Tribunal Supremo, pero la posibilidad de que se retrase hasta mediados del año que viene facilitaría la negociación presupuestaria, bastante más difícil de imaginar si el juicio se celebra en simultáneo a las reuniones negociadoras.