Gobierno y comunidades autónomas pactan actualizar el mapa de fosas del franquismo

El plan nacional de exhumaciones anunciado en julio carece aún de partida presupuestaria

A la espera de que haya dinero, es decir, de que se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales, el Gobierno dio ayer un pequeño paso hacia el objetivo de poner en marcha el plan nacional de búsqueda de desaparecidos del franquismo. Fernando Martínez, director general de memoria histórica —cargo de nueva creación dependiente del Ministerio de Justicia— se reunió con representantes de todos los Gobiernos autonómicos salvo Cataluña —la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ya se entrevistó con ellos en otra ocasión— y Ceuta, y pactaron actualizar el mapa de fosas comunes del franquismo.

El mapa señala ahora 2.470 localizaciones, pero la cifra está desactualizada; en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, figuran 80 cuando ya hay más de 400 contabilizadas por los técnicos.

Delgado anunció el pasado julio el compromiso del Gobierno para asumir la localización y exhumación de víctimas. La ley de memoria histórica (2007) estableció un sistema de subvenciones a las asociaciones de familiares, quienes se encargaban de buscar y abrir las fosas reclutando a profesionales. El Ejecutivo de Mariano Rajoy redujo a cero esas partidas presupuestarias. Varios relatores de la ONU han reclamado, tras visitar España en los últimos años, que el Estado active un plan nacional de búsqueda de desaparecidos y no subcontrate a los familiares para hacerlo. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene ahora la voluntad, pero no los fondos, para asumir esas reclamaciones.

“No podemos hablar aún de plazos. Lo primero es actualizar el mapa de fosas. Ahora tenemos presupuesto cero para memoria histórica”, admitió Martínez. El representante de Justicia sí indicó que la voluntad del Gobierno es que en los próximos Presupuestos se apruebe una partida para memoria histórica y que una cantidad significativa se dedique a las exhumaciones.

A la espera del dinero, Martínez es optimista sobre la disposición del resto de Administraciones para colaborar en el mapa de fosas así como en un censo de edificaciones construidas durante la dictadura por batallones disciplinarios o prisioneros en colonias militarizadas. “Esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas, sino de humanidad. No puede haber tantos miles de españoles en fosas comunes”, dijo. Los representantes autonómicos acordaron volver a reunirse en el Ministerio en cuatro meses.