El control previo de la eutanasia divide a los partidos en el Congreso
La ley que impulsa el PSOE prevé crear comisiones autonómicas que podrán denegar muertes aprobadas por los médicos, posibilidad que rechazan Podemos y ERC
La creación de comisiones de control que autorizarán o denegarán las solicitudes de eutanasia después de que hayan sido aprobadas por los médicos se perfila como el mayor escollo que deberá superar la ley impulsada por el PSOE en su trámite por el Congreso de los Diputados. Podemos y ERC —en sintonía con entidades como la Asociación Derecho a Morir Dignamente— rechazan este control previo, que ven “innecesario” y “restrictivo”. El PSOE, en cambio, considera que “dará más garantías a los facultativos y también a los pacientes”, que podrán recurrir a ellas para revertir un hipotético rechazo médico inicial. El PNV se alinea con las posiciones socialistas, mientras el PDeCAT —que apoya la regulación— aún no tiene “una posición fijada”. El PP rechaza de plano la norma y Ciudadanos, que impulsa otra ley de cuidados paliativos, mantiene una posición ambigua.
La proposición de ley, que tiene rango de orgánica e implica un cambio del Código Penal, consagra la eutanasia como un “derecho individual”. Podrán acogerse a ella quienes sufran “una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado” o “una discapacidad grave, crónica e irreversible” que les cause “un sufrimiento insoportable”. Será prestada por la sanidad pública —en hospitales o el domicilio del paciente—, aunque también podrán aplicarla centros privados. Los médicos podrán declararse objetores de conciencia.
Aunque el texto no detalla la composición y funcionamiento de las comisiones de control —lo que será desarrollado reglamentariamente—, sí fija que serán nombradas por las comunidades autónomas y recibirán las solicitudes tras haber sido avaladas por dos facultativos. Un equipo formado por un jurista y un médico estudiará si el enfermo cumple los requisitos legales y dará luz verde a su muerte o rechazará el caso.
Este control previo no existe en las leyes vigentes desde 2002 en Holanda y Bélgica, que han inspirado a los redactores del texto. En 2015, hubo 7.538 muertes por eutanasia en ambos países, los únicos junto a Luxemburgo en los que la eutanasia es legal en Europa. En Suiza está despenalizada la ayuda altruista a un enfermo que se quite la vida, el llamado suicidio asistido, paso dado por 742 personas en 2014.
La posición favorable a la eutanasia es hoy mayoritaria en el Congreso. PSOE, Podemos, PNV, ERC y PDeCAT —que suman 178 escaños— coinciden en que “es hora de dar respuesta a una demanda social consolidada”. La posición común es que, incluso con un mayor desarrollo de los cuidados paliativos, seguirá habiendo personas sin un pronóstico de muerte inminente que necesitan esta ley. “No podemos condenarlas a vivir en el sufrimiento. Como
sociedad, debemos ofrecerles una salida”, sostienen en términos parecidos Jesús María Fernández (PSOE), Amparo Botejara (Podemos), Joan Olòriz (ERC) y Joseba Agirretxea (PNV).
Las discrepancias sobre el control previo serán, sin embargo, claves para que ley sea aprobada, como se hizo evidente en marzo de 2017 cuando la abstención del PSOE contribuyó a tumbar otra ley de eutanasia propuesta por Podemos. Un voto negativo de Ciudadanos —sumado al del PP— obligaría al resto de formaciones a unirse en su apoyo el texto. Ciudadanos afirma que ve bien “abrir el debate” —en junio votó a favor de admitir a trámite la propuesta socialista—, aunque su prioridad por ahora es impulsar otra ley de cuidados paliativos.
El PSOE considera que el control previo es “prudente, da seguridad a los médicos y no ralentiza el proceso”, afirma Fernández. En filas socialistas se estima que su existencia ayudará a “blindar” la norma ante un hipotético recurso al Tribunal Constitucional del PP y que la inclusión de este requisito puede tranquilizar a algunos sectores que aún ven con recelo la eutanasia.
“Traba importante”
Podemos alerta de que las comisiones de control pueden convertirse en “un comodín que use el PP para boicotear la eutanasia en las comunidades que controla”, defiende Botejara. “Nuestra ley era más ambiciosa, permitía acceder a una muerte digna a personas que ahora quedan excluidas y no incluía unos requisitos que pueden acabar convirtiéndose en una traba importante”, añade.
La Asociación Derecho a Morir Dignamente es la entidad que más ha trabajado para que España tenga una ley de eutanasia. Su presidente, Fernando Marín, considera un “exceso” el control previo. “El modelo holandés y belga ha demostrado que el control posterior es eficaz En 15 años solo ha habido tres denuncias. Las garantías están muy bien, pero un exceso de controles innecesarios acaba por desvirtuar la ley al hacerla casi impracticable”, afirma.
La Organización Médica Colegial, por su parte, asegura que está a la espera del desarrollo parlamentario de la norma, aunque ya ha dejado claro que “el código deontológico es contrario a que un médico provoque intencionadamente la muerte del enfermo”.
La proposición de ley cerrará el próximo martes su primer paso por comisión, tras lo que pasará a la ponencia que completará el texto. Antes de llegar al pleno, regresará a la Comisión de Justicia, pasos en los que seguirá abierta a enmiendas. Las fuentes consultadas estiman que debería estar lista antes del verano. El Congreso también tramita otra proposición de ley genérica del Parlamento de Cataluña para despenalizar la eutanasia, que previsiblemente quedará asimilada por la socialista.