Ayuda o plan para África: ¿dónde está España?
La política migratoria de la Unión Europea (UE) se ha puesto en entredicho en los últimos años y ha sido una fuente de constante desacuerdo entre los países miembros. Mientras que los países del sur intentan lidiar con la llegada masiva de migrantes a sus costas, los del norte y los del este se muestran, en general, poco solidarios. El debate se ha centrado en el reparto de los refugiados entre los miembros de la UE y en cómo evitar que lleguen migrantes. En cambio, debería centrarse en cómo estudiar salidas viables de largo plazo que disminuyan las desigualdades entre norte y sur y que provean a los países de origen de las condiciones necesarias para que sus ciudadanos no tengan que pasar por el calvario de la emigración para conseguir una vida digna. Pues bien, ¿cuáles son esas salidas? En los años sesenta del pasado siglo se pensó que la solución podría basarse en ayudas financieras en forma de transferencias internacionales. El Comité de Ayuda al Desarrollo Económicos, integrado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) desde 1961, se creó para promover la cooperación y otras políticas que contribuyan al desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la mejora del nivel de vida en los países en desarrollo. Sus miembros conceden ayuda al desarro- llo de acuerdo con sus planes nacionales.
En España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el organismo encargado de gestionar las ayudas. Sin embargo, después de más de medio siglo de ayuda al desarrollo, se ha comprobado que las transferencias no han sido suficientes para sacar de la pobreza a millones de personas que viven en los países más pobres del mundo. Ciertamente, la ayuda al desarrollo ha contribuido a mejorar la salud y la educación, pero, en términos de mejoras en niveles de renta, su efectividad es un tema controvertido, como se indica en sendos trabajos de los que soy coautora, en World Development (2015) y Canadian
Journal of Economics (2015).
Se ha puesto de manifiesto, por tanto, que la ayuda gestionada por los países ricos no parece haber dado los frutos esperados, especialmente en el continente africano. Más allá de la cuestión moral de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, se trata también de reducir los riesgos geopolíticos que además afectan a Europa. Y ahí es donde las estrategias presentes y futuras de los países desarrollados van a jugar un papel muy relevante.
Las inversiones en África son todavía insuficientes, no ofreciendo las oportunidades necesarias para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Y esto, a pesar de la importante presencia china en el continente, que ya inició su going
out strategy en la pasada década (ver Abelianski y Martínez-Zarzoso en The Economics, 2018). Sin embargo, África tiene un gran potencial en cuanto a crecimiento de población, dada su todavía elevada tasa de fertilidad y la juventud de sus habitantes. A medida que crece su población, las compañías con presencia en el gran mercado estarán mejor posicionadas para vender sus productos, puesto que ya habrán adquirido el conocimiento necesario del mercado local y tendrán las conexiones y canales de distribución para aventajar a los rivales que entren después en el mercado.
De ahí la importancia del Plan para África (Compact with Africa), la iniciativa propuesta el pasado año en el G20 bajo la presidencia alemana consistente en que los países africanos sean los que tomen la iniciativa y presenten sus planes de inversión y solicitudes de financiación ante los organismos internaciones (G20, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial). Desde su lanzamiento en 2017, 11 países se han subido al carro: Benín, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Gana, Guinea, Marruecos, Ruanda, Senegal, Togo y Túnez. ¿De qué se trata? Cada uno de los 54 países puede presentar una solicitud para un compact, una alianza de inversiones que involucra al Estado y a los donantes internacionales e implica un plan de acción para dotar al país de las condiciones necesarias para hacer atractivas las inversiones. Los países fijan unos objetivos específicos dentro de tres áreas de acción: macroeconomía, marco de negocios y marco financiero. Dichos objetivos se monitorizan anualmente para determinar su grado de cumplimiento. Resumiendo, los países tienen la posibilidad de autoseleccionarse y dar así una señal a potenciales inversores de su compromiso de acción para crear un clima favorable a los negocios y que reduzca los riesgos políticos y económicos.
Por su parte, los países desarrollados tienen la posibilidad de implicarse como donantes en esta iniciativa —sean o no parte del G20— y de favorecer y apoyar las inversiones privadas. De acuerdo con el primer informe de monitorización, España se ha implicado muy poco hasta el momento: solo ha organizado eventos de apoyo a los compacts de Túnez y Marruecos y ha asistido a los encuentros de sendos compacts, pero esto no se ha materializado en inversión privada. De otra parte, Japón ya tiene proyectos de inversión activos en Etiopía, Gana, Marruecos y Senegal en los sectores de alimentación y servicios; Noruega los tiene en el sector de la energía y el petróleo en Gana; Francia ha iniciado conversaciones para cerrar proyectos de inversión en 6 de los 11 países, y Alemania ya tiene proyectos iniciados en Gana y otros están siendo negociados en otros 6 países.
Cerrando el círculo y volviendo al tema de partida, ¿qué implica todo esto para los migrantes? Imagínense que un senegalés en Japón desea volver a su país y tiene el conocimiento de la cultura japonesa y la senegalesa, qué mejor oportunidad que trabajar para una empresa de su país de acogida que invierte en su país de origen y de crear empleo para sus conciudadanos. Esto sería lo que se llama migración de retorno y un win-win u oportunidad para todos. Nuestros políticos deberían pasar de la palabra a la acción y promover un papel más activo de los empresarios españoles en nuestro continente vecino. Solo así, con proyectos de inversión conjuntos y monitorizados, podemos de verdad ayudar a crear capacidad productiva y puestos de trabajo en origen y paliar el drama de la inmigración ilegal.