Una oposición a golpe de juzgado en Valencia
El grupo municipal del PP colma de denuncias al gobierno local de Compromís y PSPV-PSOE
El grupo municipal del PP, donde nueve de los 10 concejales son investigados por presunto blanqueo de capitales, lleva los últimos tres años haciendo oposición a golpe de juzgado. Uno de sus asesores, Luis Salom —también imputado—, ha presentado en este mandato unas 15 denuncias contra los concejales del Gobierno local que preside el alcalde Joan Ribó (Compromís). Mientras, el PP en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley donde, entre otras cosas, condena precisamente la persecución política por la vía penal. Salom asegura que no es su caso.
En el Ayuntamiento de Valencia, donde desde junio de 2015 gobierna en coalición Compromís, el PSPV y València en Comú (Podem), no ganan para sobresaltos judiciales. Con el mandato recién estrenado, la Fiscalía de Valencia abrió diligencias por el viaje del alcalde a la cumbre de alcaldes del cambio en A Coruña tras denunciar el PP que podía tratarse de un acto de “precampaña electoral” pagado con fondos públicos. En agosto de 2016 la justicia cerró las diligencias al no apreciar ningún indicio de delito.
Dos años después, en junio de 2018, el regidor desfilaba por los pasillos de la Ciudad de la Justicia de la capital para declarar en un juzgado de Instrucción que le investigaba por no facilitar a este mismo asesor el expediente sobre una polémica encuesta sociológica al mundo de las fallas en 2017, que sí se había entregado pero con retraso.
“Sueño de imputado”
A la salida del juzgado, el alcalde aludía con ironía al embrollo judicial en el que está metido desde hace tres años Salom y gran parte del grupo de la oposición. “El sueño de un imputado por corrupción es que todos lo estén”, se despachó Ribó, que fue exonerado al poco.
Son denuncias que “se han ido archivando y solo persiguen ensuciar la imagen de Valencia”, valora el equipo de Gobierno municipal. Desde 2016 se han ido presentando unas 15 denuncias —Salom no ofrece datos concretos— a fiscalía, a los juzgados de instrucción, a la Oficina Antifraude valenciana, al Síndic de Greuges (el defensor de agravios valenciano) o al Defensor del Pueblo. Al asesor le han “coloreado la cara” con el archivo de ocho de ellas. Sobre otras cuatro hay diligencias. El resto no han trascendido.
El grupo popular en el Ayuntamiento lo ve como una estrategia e insiste en que las denuncias están argumentadas y en su mayoría las presenta Salom a título individual. Los populares recuerdan que Compromís los denunció cuando gobernaban la ciudad por casos como el de Ritaleaks, al que la Fiscalía del Tribunal Supremo dio carpetazo al no apreciar “con el grado de seguridad que una imputación delictiva”. El recurso a la denuncia ha sido, de hecho, el trabajo de oposición más llamativo de un grupo municipal investigado casi al completo y que, debido a ello, ha ejercido una acción política de bajo perfil.
Salom pone distancia con la iniciativa presentada por el PP en el Congreso de los Diputados sobre el derecho a la presunción de inocencia de los investigados judiciales y la persecución política por vía penal. Entiende que él no se dedica a eso: “El partido lo que dice es que no puede hacerse un uso político de la justicia porque el objetivo no es denunciar unos hechos presuntamente irregulares o delictivos sino ensuciar gratuitamente a alguien, sabiendo que no va a ningún lado”. Según el asesor del PP, sus denuncias solo pretenden poner en conocimiento del juzgado unos hechos objetivamente irregulares “por si pudieran ser constitutivos de delito”. “Yo no acuso, no soy parte y no estoy personado. Voy al penal por unos supuestos hechos que en vía administrativa han concluido y contra los que no cabe recurso. Es mi obligación”, concluye.