El sistema nórdico en el que caben más dependientes
Un informe encargado por el Instituto de Estudios Fiscales plantea un modelo de asistencia a los mayores similar al sueco que elevaría el número de usuarios atendidos
Si España fuera Suecia, las personas mayores de 65 años acreedoras de una ayuda de dependencia serían 1,6 millones, según datos de 2016. Aumentaría, por tanto, el número de usuarios con derechos, actualmente castigados por unas evaluaciones cicateras que dejan fuera a muchos solicitantes, un baremo que se endureció con la crisis. Los cuidados de la familia serían muy residuales porque se garantizarían los servicios públicos, habría más plazas de residencias, más centros de día... Pero España no es Suecia. Y la diferencia no solo radica en la financiación pública para cuidados de larga duración, muy superior en los países nórdicos —0,7% del PIB español de 2014 frente al 3,2% sueco—, sino en la mentalidad de la sociedad, acostumbrada en el sur de Europa a depositar los cuidados de los mayores sobre los hombros de las familias, muy especialmente de las mujeres. La cuestión es: ¿podría aplicarse en España un modelo a la sueca? Un estudio encargado por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, calcula que las Administraciones tendrían que inyectar al sistema unos 7.200 millones de euros más (una inversión que supondría prácticamente el doble que en la actualidad), de los cuales retornarían al erario cerca de 5.000.
El informe —elaborado por las economistas Rosa Martínez, Susana Roldán y Mercedes Sastre— propone un modelo totalmente público y universal. Estaba previsto que se presentara en un acto el pasado 15 de noviembre, pero finalmente el Instituto de Estudios Fiscales optó por publicarlo en su página web, sin más publicidad.
En su análisis, las académicas escogen a la población mayor de 65 años y estudian el modelo de la dependencia en España, donde dentro de tres lustros uno de cada cuatro personas estará en este tramo de edad, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. Más de 12 millones tendrán 65 o más, frente a los alrededor de nueve que hay en la actualidad. En 2016, el 10,3% de la población en este tramo de edad era dependiente.
Cuidadores familiares
En el documento se plantea además que el sistema de la dependencia español está volcado indebidamente “hacia la prestación económica para cuidados familiares, concebidos en la ley como excepcionales”. En la actualidad, casi un tercio de los cuidados corren a cargo de familiares. “Planteamos un sistema con carácter público, de una cobertura universal y suficiente, de tal forma que no se recurra a familiares para asegurar las necesidades básicas de la vida diaria”, explica María Pazos, que dirige la línea de investigación de políticas públicas e igualdad de género en el Instituto de Estudios Fiscales y ha supervisado el informe.
La investigación, realizada a partir de datos de 2016, cuantifica qué recursos serían necesarios para atender la demanda real. Para ello plantean dos escenarios. El primero aplica el baremo actual de valoración de la dependencia a los resultados de la Encuesta de Envejecimiento, Salud y Retiro en Europa (SHARE, por sus siglas en inglés) y deduce las necesidades reales de ayuda. El segundo proyecta el panorama español si se aplicara el nivel de cobertura sueco, modelo utilizado como referencia “dado su liderazgo en política social”.
Con la primera simulación, las investigadoras concluyen que, tomando como referencia 2016, la cifra real de dependientes sería de 1,2 millones y no de 894.000, como había ese año. Con el segundo modelo, el sueco, calculado a partir del porcentaje de población que tiene alguna cobertura allí, la cifra sería aún mayor: 1,6 millones de personas deberían tener reconocida la dependencia en España.
Para hacer frente a este aumento de usuarios, las autoras del informe calculan que harían falta más de medio millón de empleos a tiempo completo, cerca de 400.000 de nueva creación. Las investigadoras estiman que en 2016 unas 155.000 personas trabajaban en el sistema. Una de las claves del estudio es el aumento presupuestario que recoge para mejorar los servicios y aumentar el número de usuarios. Calculan que en ambos modelos sería precisa una inversión superior a los 17.000 millones de euros anuales. El coste de la atención a los mayores de 65 años en 2016 era de unos 5.800 millones de euros. Es decir, volverse suecos implicaría un aumento presupuestario de alrededor de 12.000 millones.
Más de 7.200 millones
En la propuesta, el dependiente afronta un copago por alojamiento y comida en las residencias o centros de día —si no puede costearlo, se propone una ayuda del Estado—. Restando ese copago, el gasto público superaría en ambos modelos los 7.200 millones de euros.
Además, la propuesta contempla eliminar determinados incentivos fiscales asociados a la edad, la discapacidad y la dependencia en el IRPF, que suman unos 1.700 millones de euros. A estos cálculos debe añadirse el retorno calculado en cerca de 5.000 millones en cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos empleados y sus impuestos. “Esto solo en retornos directos. Hay que calcular los indirectos, habría más gente accediendo al mercado laboral y por tanto, más consumo”, afirma María Pazos.
“Las cuentas salen. La propuesta es factible. Quizás no de golpe, pero sí con un calendario progresivo”, expone Pazos. “Se propone aquí un cambio de modelo, no un calendario de aplicación. Tampoco opinamos cómo debe financiarse, que lo decidan las Administraciones”, explica Mercedes Sastre, profesora de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y una de las autoras del informe.
“En lugar del sistema actual, cuyo pilar fundamental es el cuidado proporcionado por las mujeres en condiciones precarias, este estudio propone universalizar el derecho a la atención suficiente y de calidad por parte de los servicios públicos. La virtud fundamental de este trabajo es situar el debate sobre el modelo de cuidados que se requiere para atender las crecientes necesidades asegurando a la vez los derechos de todas las personas implicadas”, prosigue Pazos. “Esto requiere un pacto de los poderes públicos implicados”, añade. “El problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Y en España se ha gastado muy mal”, concluye.