Problemas de seguridad afectan a 66 puentes en toda España
Fomento admite que necesitan arreglos urgentes. Cádiz y Málaga, las provincias más afectadas
Un informe del Ministerio de Fomento sobre inspección de puentes al que ha tenido acceso EL PAÍS revela que 66 infraestructuras de este tipo presentan graves deterioros o anomalías que comprometen su seguridad. Esto no quiere decir que sufran riesgo de inminente colapso o que exista peligro para los usuarios, pero sí que deben ser tratados urgentemente. De hecho, el Ministerio de Fomento asegura que en 19 de esos casos, el puente en cuestión ya ha sido reparado recientemente.
La cifra constituye solo el 0,29% de las casi 23.000 obras de paso (puentes, pontones, pasos inferiores, pasarelas peatonales...) con que cuenta España. De cualquier forma, solo el 6,5% de este tipo de obras no presenta ningún tipo de desperfecto, según los documentos del Ministerio de Fomento.
Más de la mitad de los puentes con graves deficiencias apuntadas en el informe se encuentran en Andalucía. Málaga y Cádiz son las provincias más afectadas. Le siguen las re- giones de Galicia y Castilla y León.
La red de carreteras del Estado tiene 66 estructuras —en su mayoría puentes o pontones— con graves deterioros o patologías que comprometen su seguridad y que necesitan o han necesitado una actuación urgente para repararlas. Cádiz y Málaga, con nueve cada una, son las provincias con más infraestructuras en mal estado. La cifra supone apenas un 0,29% de las casi 23.000 que se reparten por las carreteras gestionadas directamente por el Estado, que asegura que en ningún caso hay o ha habido peligro estructural de desplome ni riesgo para los usuarios. Solo el 6,5% de las obras de paso no presentan anomalías de ningún tipo.
El Ministerio de Fomento mantiene una base de datos, el Sistema de Gestión de Puentes (SGP), en la que se detallan, fotos incluidas, las visitas de los inspectores, las patologías que detectan y las medidas que se toman para arreglarlas. Sin embargo, es de acceso restringido y el Gobierno se niega a abrirla alegando “motivos de seguridad”. El derrumbe de un puente en Génova (Italia) en agosto pasado puso de actualidad la cuestión de la seguridad de las infraestructuras y de su mantenimiento, especialmente tras una grave crisis económica en la que se hundieron las inversiones en conservación. Mientras países como Alemania han hecho públicos estos datos, España los ha mantenido cerrados a cal y canto, lo que impedía conocer el estado de los puentes españoles y el resultado de las inspecciones que pasan periódicamente.
Las casi 23.000 obras de paso —sobre todo puentes y pontones (87,2%), pero también estructuras de grandes dimensiones, pasos inferiores peatonales o pasarelas peatonales— han sido inspeccionadas al menos una vez en los últimos cinco años, según datos oficiales del Ministerio de Fomento obtenidos por EL PAÍS al amparo de la Ley de Transparencia. Durante estos exámenes, los expertos valoran los daños desde distintos puntos de vista y calculan unos índices (extensión, gravedad y evolución) a los que se aplican algoritmos para
obtener una clasificación final que va del 0 al 100. A menor puntuación, mejor estado. Las estructuras que obtienen más de 81 puntos presentan “patologías potencialmente graves que pueden afectar a su comportamiento resistente” y son objeto de un seguimiento especial. En esta clasificación se encuadran 66 puentes o viaductos repartidos por 26 provincias. Más de la mitad de estas obras de paso problemáticas (34) están en Andalucía. La siguen Galicia, con 10, y Castilla y León, con 9.
Estas 66 son las que presentan la peor situación, pero otras muchas infraestructuras viarias sufren deterioro, según un informe reciente, fechado a 3 de octubre pasado, al que tuvo acceso este diario. A partir de 21 puntos en la clasificación de estado, las estructuras presentan deterioros de mayor o menor envergadura que “pueden tener una evolución patológica que afecte a la durabilidad o a las condiciones de servicio”. Del total de los 22.961 elementos de las carreteras españolas, el 93% presentan algún grado de deterioro. Solo 1.486 son estructuras “sin patologías evidentes o con deterioros sin consecuencias relevantes para la durabilidad, condiciones de servicio o seguridad”, según el informe.
La situación va empeorando a medida que se avanza en la clasificación. Entre los 41 y los 60 puntos (donde se encuadran casi la mitad de los puentes), el desgaste “puede suponer una reducción de las condiciones de servicio o de la durabilidad de la estructura” y “puede requerir una actuación a medio plazo” para asegurar que vaya cumpliendo en buenas condiciones los años que estaba previsto que durara. Las patologías potencialmente graves que determinan un índice elevado pueden haberse detectado solo en un elemento concreto (el sistema de contención, la plataforma, las pilas, los estribos, aparatos de apoyo, cimentaciones...) del puente y no en toda la estructura. Por eso, a veces es suficiente con una reparación puntual. Sin embargo, cuando son varios los elementos afectados, se lleva a cabo una reparación completa.
Algunas ya reparadas
En los últimos cinco años, el Ministerio de Fomento ha tenido que actuar mediante obras de emergencia cuando los deterioros de las infraestructuras en peor estado “suponían un grave peligro”, señala el informe. Son casos en los que no se puede esperar a realizar un procedimiento de licitación ordinario, por lo que se adjudican las obras sin concurso ni publicidad y posteriormente se informa al Consejo de Ministros para que las valide. Entre 2014 y los primeros nueve meses de este año, se han empleado alrededor de 116 millones de euros en actuaciones de emergencia, según el informe de la Dirección General de Carreteras.
De las 66 estructuras clasificadas actualmente con la peor puntuación (entre 81 y 100), 19 ya no presentan problemas: 17 ya han sido reparadas, una está reparándose y otra ha sido demolida al no ser necesaria por estar en una vía secundaria, según una respuesta escrita del Ministerio de Fomento en respuesta a las preguntas de EL PAÍS. En nueve casos el proyecto de reparación está “en redacción”. En otros, como el de la A-6 en León (cuando pasa por el río Órbigo, a la altura de Cebrones del Río) aún “se están valorando las medidas a adoptar”. Tres de estos puntos conflictivos se encuentran en pleno casco urbano de Ferrol (A Coruña). Sobre el estado actual de estos tramos, la respuesta de Fomento señala: “El sector de conservación está estudiando la evolución, y en caso necesario se procederá a hacer la actuación que corresponda”.
En otros ocho casos la actualización señala que una inspección especial de estos elementos está “en tramitación”. Las inspecciones especiales no se realizan sistemáticamente con carácter periódico, sino que surgen como consecuencia de los daños detectados en una inspección principal (las que usan el índice de estado 0-100 y que lleva a cabo personal especializado con contratos específicos), o también como consecuencia de una situación extraordinaria como un accidente —el impacto de un vehículo en el pilar de un puente, por ejemplo— o una fuerte riada que afecta a una estructura.
Fomento asegura que recientemente han sido examinadas de esta forma —con inspecciones especiales— 153 estructuras. Entre ellas hay algunas muy modestas y situadas en pleno campo, como
un paso de ganado bajo la N-630 en Segovia, y otras que usan decenas de miles de vehículos cada día, como el puente atirantado del V Centenario, en Sevilla. Fomento está haciendo trabajos de mantenimiento en este puente desde septiembre y hay sobre la mesa un proyecto para ampliar sus carriles. En esta tanda también se han revisado estructuras como la pasarela peatonal sobre la M-40, en Madrid, lo que constituye una excepción, ya que solo un 1,7% de las obras de paso de las carreteras españolas son pasarelas peatonales.
Mejoras en el sistema
En conversación con EL PAÍS, el secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo, asegura que su departamento tiene previsto implantar varias mejoras en el sistema de revisión del estado de las estructuras, como la realización de un informe anual sobre su evolución y la creación de una plataforma técnica que permita controlar de forma centralizada todos los sistemas de monitorización estructural instalados en los puentes.
En lo que respecta a los contratos de inspección, Izquierdo anuncia que “la periodicidad va a bajar de cinco a tres años”, de forma que las estructuras pasen una revisión en los primeros
tres años del contrato. El Ministerio de Fomento también tiene previsto prestar especial atención a lo que llama “estructuras singulares”. Entre otras cosas, usará drones para inspeccionar todos los puentes de más de 300 metros de longitud. En las estructuras de grandes dimensiones con tableros cajón visitables interiormente se realizará una inspección principal de su interior y en las estructuras con tablero tipo celosía metálica, “que son especialmente sensibles a la
fatiga”, se hará una inspección especial cuando antes solo pasaba las llamadas inspecciones principales, enumera la respuesta escrita remitida por el ministerio. A las estructuras metálicas de más de 40 metros de luz de vano también se les pasará una inspección especial. Para todas, tras estos exámenes, se redactará un plan de mantenimiento en el que se fijen unos plazos de revisión de cada uno de sus elementos. Javier Izquierdo asegura que entre los 66
puentes clasificados con la peor nota la casuística es muy variada, pero que “no hay problemas serios” y que en ningún momento se ha temido porque alguno de ellos colapsara.
“Ninguno tiene afecciones a la estructura que hagan pensar que vaya a haber una situación crítica”, afirma, a lo que añade que si no se toman medidas “se siguen deteriorando, evidentemente”. También subraya que son apenas un 0,29% de todas las infraestructuras que gestiona Fomento. Hay que recordar que la red de carreteras del Estado tiene más de 26.390 kilómetros, mientras que las comunidades autónomas gestionan 71.325 kilómetros y las diputaciones, 69.968. Las del Estado recogen el 51,2% del tráfico total.
El secretario general de Infraestructuras aseguró que su departamento no va a dar acceso público a la base de datos SGP, que recoge el estado actual de los puentes y sus incidencias al detalle, “por cuestiones de seguridad pública” y porque la información de este tipo de estructuras es sensible. En la respuesta obtenida por EL PAÍS a través del Portal de Transparencia, Fomento denegó el acceso a la base de datos alegando que “no está preparada para consulta pública, entre otros aspectos por motivos de seguridad informática”. Fomento también denegó el acceso a las fichas de resultados de las inspecciones realizadas en los últimos 10 años a los puentes de la red de carreteras del Estado porque ofrecer esa información requeriría “una acción previa de reelaboración por lo que no es viable”. La denegación está recurrida ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo público que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia de 2013.