Los sacerdotes acusados de abusos que la Iglesia envió a las misiones
EL PAÍS reconstruye la historia de 18 clérigos trasladados a América Latina y a África. Algunos fueron descubiertos en España; otros, arrestados en esos destinos Fuentes vaticanas de los organismos de Tutela de Menores confirman el patrón
La Iglesia española no solo ha utilizado el sistema de cambiar a sacerdotes de parroquia, o destino dentro de una orden, tras ser acusados de abusos de menores. Otro patrón de conducta de las últimas décadas ha sido trasladarlos al extranjero. Así lo confirman fuentes de los organismos vaticanos de Tutela de Menores, que reconocen que ha sido una táctica común en España y otros países. EL PAÍS ha documentado hasta 18 casos de curas denunciados o condenados por abusos que han recalado en otros países o han sido acusados o detenidos en el extranjero. En Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Honduras, Estados Unidos, Benín y Kenia.
Algunos fueron noticia en su día, pero no se siguieron sus pasos posteriores. Otros pasaron inadvertidos en España. También hay casos inéditos, a raíz de acusaciones de víctimas localizadas por este periódico, como dos salesianos del colegio de Deusto, en Bilbao. EL PAÍS relatará los principales casos en los próximos días.
Uno de los ejemplos más flagrantes es el de Jordi Ignasi Senabre, denunciado por un monaguillo de 13 años de Barcelona en 1988 y que se dio a la fuga. Este periódico le ha localizado en Ecuador, donde ha ejercido hasta hoy como sacerdote, y el arzobispado de Barcelona ha sabido en todo momento su paradero, según la diócesis ecuatoriana de Santo Domingo.
La situación de muchos de los casos más importantes de ese periodo llegaron a conocerse en Roma bastante más tarde de que hubiera sucedido. En ocasiones no pudieron investigarse por falta de colaboración de los obispos o porque las víctimas prefirieron no aportar su testimonio. Fuentes de órganos para la Tutela de Menores vaticanas señalan que el exilio de sacerdotes pudo llegar a ser una práctica relativamente habitual durante un periodo, pero que el papa Francisco, con su política de tolerancia cero, pide un cambio radical y muchos casos han sido reabiertos y revisados.
En los 18 casos analizados se distinguen dos tipos de situaciones: religiosos que son descubiertos en España y son trasladados al extranjero, y aquellos que son detenidos en otro país por estos delitos. Surge entonces la duda de si tuvieron acusaciones previas en su lugar de origen, como acaba demostrándose en ocasiones.
El último episodio conocido es el del agustino recoleto Iván Merino, arrestado en Venezuela hace dos semanas, acusado de abusar de una menor. En este caso, tanto su orden como la diócesis de Granada, donde era profesor en un colegio hasta 2015, aseguran que su traslado no tuvo nada que ver con denuncias previas y que no consta ninguna. Ocurre lo mismo con el caso de Joan Alonso Bonals, de 53 años, párroco de Alcanar y Les Cases de Alcanar entre 2011 y 2016 (Tarragona), que se mudó a Honduras. Fue detenido allí en agosto de 2017 por una orden de arresto emitida por España y extraditado. Está acusado de abuso y de prostituir a un menor de 16 años. La diócesis de Tortosa mantiene que no constan denuncias previas contra él. Está en libertad provisional.
En cambio, la detención en Chile en 2009 de José Ángel Arregui, de la orden San Viator, destapó crímenes cometidos por el sacerdote anteriormente en España. Había denuncias en siete colegios por los que había pasado en País Vasco, Aragón y Madrid. Fue condenado en 2011, pero parte de los casos habían prescrito. Actualmente está en libertad, confirma su antigua congregación.
Muchos de estos sacerdotes pertenecen a órdenes religiosas, que disponen de estructura en el extranjero. Destaca el caso de los maristas en Chile: cuatro religiosos españoles están siendo investigados dentro de una gran causa abierta contra la orden. Las diócesis, por su parte, pueden enviar curas a otros países como misioneros fidei donum, prestados temporalmente a otros obispados, aunque siguen perteneciendo a su adscripción de origen. Es frecuente que las diócesis españolas tengan relaciones históricas con otros países.
El sacerdote de Toledo Santiago Martínez Valentín-Gamazo, de 42 años, fue encarcelado el año pasado en Perú, acusado de abusar de cuatro menores en Moyobamba. Llegó al país en 2007. Según el arzobispado de Toledo, “fue voluntario, como otros sacerdotes de la diócesis”. Afirman que no tiene denuncias en España.
Gil José Sáez, vicario judicial de la diócesis de Cartagena y especialista en abusos sexuales en la Iglesia, admite que aunque esta práctica no ha sido la más común, “era otro de los modos que utilizaban los obispos y los superiores de las órdenes para tapar los casos de pederastia”. Este procedimiento supone “un cambio radical en la vida del abusador”, por lo que es difícil “forzarle” a dejar su país. El traslado también depende de los contactos del obispo en el extranjero. De ahí, apunta el vicario, que sea más común en las órdenes religiosas.
El mayor caso en Cataluña
En Barcelona hay un viejo caso muy singular: acusados de pederastia en los años ochenta que montaron su propia orden y siguieron cometiendo abusos en África y América Latina, según fuentes eclesiásticas. Es la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y de María Madre de la Iglesia (MCSPA, en sus siglas en inglés), de Albert Salvans, Pere Cané y Francisco Andreo, el mayor caso de abusos en la Iglesia catalana de las últimas décadas.
Los traslados se han producido otras veces tras una condena firme, pero sin mayores sanciones disciplinarias. Ocurrió con el agustino recoleto José Luis Untoria, sentenciado en 1997 por abusos sobre 10 menores en un colegio de Salamanca. Recibió una multa y una inhabilitación para la docencia de 10 años. A los pocos meses fue enviado a Perú, hasta 2009. Lo mismo sucedió con el jesuita Luis To González, profesor del colegio San Ignacio de Barcelona, condenado en 1992 a dos años de cárcel por abusar de una menor. Su orden le envió ese año a Bolivia, donde residió hasta su muerte en 2017. Consultadas estas dos órdenes, no ven nada raro en la decisión de sacarlos del país y aseguran que después no tuvieron denuncias. No obstante, los jesuitas sí admiten fallos: “No se le abrió un proceso canónico, y claramente entendemos que esto estuvo mal hecho (...), la actuación ante casos de abusos no ha estado a la altura, sobre todo, pensando en la atención a las vícti-
mas y en la falta de respuestas más contundentes, y por eso pedimos perdón”.
Para Gema Varona, experta en abusos de menores y presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología, ha sido una conducta totalmente anómala y “vergonzosa”. Varona lleva años investigando los abusos en la Iglesia católica y está elaborando el primer estudio en España sobre el tema. “Es una práctica de la Iglesia católica documentada en muchos países, como Alemania y Bélgica. Lo perverso es que es una manera de que los abusadores continúen abusando, porque en estas personas siempre hay una continuidad, suelen seguir, y más aún si no ha habido un tratamiento y medidas adecuadas. Está entre los errores más graves por los que la Iglesia deberá pedir perdón algún día”.
David contra Goliat
Esta experta, que ha entrevistado a decenas de víctimas, señala que al saber que sus agresores han sido enviados a otra parte les duele mucho, “porque lo único que le preocupa a quien lo ha sufrido es que no se vuelva a repetir, pero les mandan a lugares con condiciones más propicias para sus delitos”. Subraya que, en los países de destino, la Iglesia suele tener un poder aún mayor, los pederastas tienen acceso a familias con mayor vulnerabilidad y la justicia local es menos eficiente.
Para José Ramón Juárez, psicólogo y perito en algunos de los casos de abusos juzgados en Chile, no solo hay que considerar la dificultad de la víctima para denunciar, sino la inferioridad del abusado frente a la Iglesia. “Para la víctima no es solo David contra Goliat, es casi David contra el representante de Dios”, explica. Juárez, especialista en abusos en Latinoamérica y miembro de la asociación catalana Mans Petites, subraya que las jerarquías eclesiásticas suelen tener más influencia en estos países, “bien por la gran diferencia entre clases sociales o por la fuerte presencia social que poseen por sus numerosas actividades de caridad, lo que se traduce en una mayor impunidad”.
En 2002, cuando comenzó el escándalo de los abusos en la Iglesia, uno de los primeros libros publicados en España sobre el fenómeno ya apuntaba todo. Pepe Rodríguez, coordinador de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, escribía en Pederastia en la Iglesia católica (Ediciones B): “A un cura que abusa sexualmente de menores se le suele trasladar a parroquias cada vez más humildes —bajo la creencia de que la gente con escasos medios económicos y culturales soporta mejor los abusos y no tiene recursos ni credibilidad para enfrentarse a la Iglesia—, aunque, cuando el escándalo comienza a estallar, o amenaza con hacerlo, es muy común enviar al clérigo a otro país. El destino más habitual del clero pedófilo español es Latinoamérica”.