El primer pacto migratorio mundial se abre paso frente al nacionalismo
Cerca de 180 países adoptan desde hoy un acuerdo para ordenar el flujo de personas
La gran mayoría de los miembros de la ONU —unos 180 de los 193 que integran la organización, entre ellos España— tienen previsto adoptar entre hoy y mañana en Marraquech el primer acuerdo mundial para ordenar el flujo de migrantes. El pacto, no vinculante, llega tras 18 meses de negociaciones sobre el asunto que genera más tensión en la agenda política.
Por primera vez en la historia de la ONU, la gran mayoría de sus miembros —unos 180 de los 193 que integran la organización— han llegado a un acuerdo para ordenar y dar seguridad al flujo de migrantes. El pacto, no vinculante, es el fruto de 18 meses de negociaciones sobre el asunto más inflamable y divisivo de la agenda política mundial. Lo que se va a adoptar en Marraquech se llama Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, un primer marco de cooperación que se ha convertido en escenario de la tensión entre la oleada nacionalista que avanza en Europa y EE UU y la necesidad de actuar sobre un fenómeno global.
Redactado en el tono de las intenciones y con la vaguedad necesaria para acomodar los intereses de todos, el pacto es un esfuerzo común pionero para abordar la migración desde un punto de vista integral, contemplando desafíos y oportunidades. Pone el acento en asuntos elementales como la seguridad de los migrantes —en “salvar vidas”—, en que tengan acceso a servicios básicos al margen de si están en una situación irregular o no, en combatir el tráfico de personas, la trata y la discriminación, y en promover la inclusión en las sociedades de llegada. Junto a fines como fomentar
las vías de migración regular, también habla de facilitar el regreso y de “minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen”.
Los Estados Unidos de Donald Trump se habían apartado del acuerdo desde el principio. Luego se esfumaron Israel y Australia; Chile anunció ayer que no firmará el texto. Pero donde el pacto ha desencadenado un incendio político es en Europa, donde hasta ahora solo se había desmarcado Hungría con la cruzada antimigratoria de Viktor Orbán. Las fuerzas ultranacionalistas de varios países
se han lanzado en las últimas semanas con furia a escenificar su rechazo al texto que habían pactado en julio.
Creen que es un intento de socavar la soberanía nacional —aunque el pacto dice explícitamente lo contrario: que los Estados deciden su política migratoria— y una forma velada de reconocer derechos a los migrantes que alentaría las llegadas, pese a que el texto no les reconoce más derechos que los humanos y especifica que solo los refugiados tienen una protección jurídica especial.
En Bélgica, la negativa a respaldar el texto por parte de la derecha nacionalista flamenca se ha llevado por delante al Gobierno de coalición del que formaba parte. Roto el Ejecutivo, el país estará en Marraquech. Austria, que ejerce la presidencia rotatoria de la Unión Europea, se ha retirado del acuerdo porque teme que genere precedentes para el derecho a migrar. Polonia, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria han hecho lo mismo, encastillados en una visión negativa de todo lo que tenga que ver con las migraciones.
Crisis de 2015
Italia ha criticado el pacto y deja en suspenso la decisión de si lo adoptará o no y en Alemania, la canciller, Angela Merkel, se ha visto obligada a someterlo a la aprobación del Parlamento tras una intensa campaña de la extrema derecha en redes sociales. Todo esto pese a la flexibilidad con la que se ha planteado: el pacto no es vinculante, no exige una partida económica directa y el seguimiento se hará cada cuatro años.
En este panorama, EE UU, que no quiso involucrarse ni en la negociación del documento, vio oportuno recordar hace dos días por qué. En un comunicado de su Embajada ante la ONU afirma que el pacto está “a favor de la migración” y que no tiene en cuenta que una “inmigración legal bien gestionada debe empezar y terminar con controles nacionales efectivos de las fronteras”. Defiende su soberanía para decidir a quién admite en su territorio —lo que el pacto no cuestiona—, critica que no distinga “adecuadamente” entre migrantes regulares e irregulares y advierte que el texto de la ONU pretende acabar generando directrices internacionales vinculantes.
El acuerdo migratorio ha hecho supurar las heridas de una Europa que gestionó dividida la llegada de un millón de personas en 2015, muchos de ellos huyendo de la guerra en Siria. La retórica xenófoba ha ido ganando terreno desde entonces y ha visto en la cita de Marraquech la plataforma perfecta para hacerse oír. Pese a las críticas, el pacto es el principal esfuerzo conjunto para gestionar de un modo racional el movimiento migratorio creciente. En este momento hay 257 millones de personas que se han trasladado a vivir en otro país, el 3,4% de la población mundial, y miles más están en camino.
El texto recalca que la migración es un fenómeno global, que no puede ser abordado por ningún país en solitario y habla de responsabilidad compartida acerca de “las necesidades y preocupaciones mutuas sobre la migración”. El respeto a los derechos humanos y la protección a los menores recorren todo el documento. Entre sus objetivos de mínimos destaca el compromiso de que los Estados detengan a los migrantes solo como último recurso y que, si lo hacen, la detención “dure lo menos posible”, un punto que Estados Unidos ha criticado. El pacto de la ONU pide que se revisen las leyes para “determinar si conviene sancionar la entrada o la estancia irregulares”, y que, si las hay, que esas sanciones sean “proporcionadas, equitativas, no discriminatorias”.
Entre los objetivos también está recopilar y compartir datos exactos para comprender mejor el fenómeno, sobre el que todavía hay muchas zonas de sombra. La idea es que eso sirva para tomar decisiones políticas con una base empírica. Respecto a la información, también habla de “promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración”. El texto contempla también la dimensión económica de la migración, y pide una contratación “ética”, que se facilite el envío de remesas y la portabilidad de las prestaciones sociales que generen como trabajadores. También aboga por fomentar los canales para la migración regular y trabajar para la inclusión de los migrantes en las sociedades de llegada.
En cuanto a los niños, plantea que se vele de forma especial por ellos en todo el proceso, que se haga lo posible por reducir la apatridia —que se registren los nacimientos de los migrantes y se les dé una nacionalidad— y que, por ejemplo, se forme a los funcionarios de fronteras sobre los derechos de los menores, como el de no ser separados de sus familias, para evitar lo que les ocurrió en junio a unos 2.000 niños en EE UU. Washington también ha hecho notar su malestar, diciendo que “es el derecho soberano de las naciones determinar cómo detener a menores humanamente en el contexto migratorio”.
Algunos activistas de ONG consultados indicaron que solo el contexto político regresivo existente explica la polémica en torno a un pacto modesto, de mínimos. Tal vez por eso, la representante para las Migraciones de Naciones Unidas, la jurista canadiense Louise Arbour, ha insistido sobre un punto clave respecto a la soberanía de los países firmantes: “[Con la firma del pacto] Veremos un incremento en la cosecha de los beneficios de la migración y, muy importante, reduciremos algunos aspectos negativos. Finalmente, la abrumadora mayoría de los miembros de la ONU apoyan este proyecto. Y no se fuerza en nada a nadie”.