El juez requisa a dos periodistas los móviles para rastrear sus fuentes
Un juzgado de instrucción de Palma ha ordenado requisar los teléfonos móviles y los ordenadores de dos periodistas que cubren información de tribunales para aclarar el origen de una filtración en el marco del caso Cursach, la investigación de los lazos entre el mayor empresario del ocio nocturno balear, Bartolomé Cursach, y agentes municipales de Palma. La policía entró ayer en las sedes de la agencia Europa Press Baleares y de Diario de Mallorca y se llevó los teléfonos y el ordenador de los redactores, uno de cada de medio.
El juez Miquel Florit se hizo cargo en marzo de la investigación del caso Cursach, cuando el instructor desde hacía tres años, Manuel Penalva, fue apartado tras prosperar la recusación planteada por las defensas de algunos imputados. Florit abrió una pieza separada a raíz de la filtración de un informe elaborado por el grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional, que apuntaba a un posible fraude fiscal de 65 millones del grupo empresarial e implicaba a 18 personas. Los letrados de Cursach y de quien fuera su número dos, Bartolomé Sbert, se quejaron por la filtración, y el magistrado ordenó incoar diligencias previas por un posible delito de revelación de secretos, ya que el informe no les había sido notificado.
Con el aval de la fiscalía, el magistrado ordenó ayer a la policía judicial un registro en las sedes en Palma de la delegación balear de Europa Press y del Diario de Mallorca. La orden autorizaba a los agentes a requerir a los periodistas que aportasen “cualquier documento policial o judicial relacionado con el caso Cursach” y la entrega de sus móviles, pendrives, ordenadores o memorias externas que pudieran contener dicha documentación. “En ambos casos se pretende
y se autoriza el estudio de whatsapps, correos electrónicos y otras redes sociales a fin de detectar posibles envíos de datos, filtrados por parte de los investigados, así como la intervención de cualquier documento o archivo relacionado con la investigación” reza la orden, que puntualiza que el registro y entrada en las sedes “podrá ser evitado si acceden voluntariamente a entregar los dispositivos”.
La delegada de Europa Press en Baleares, Antonia López, explicó que por la mañana tres policías y una secretaria judicial se personaron en la delegación y mostraron una orden de entrada y registro para requisar el móvil y el ordenador de la periodista Blanca Pou. La redactora solicitó en reiteradas ocasiones hablar con los servicios jurídicos, pero los agentes se negaron. “Al final se han llevado su teléfono móvil, dos ordenadores de sobremesa y documentación”, señaló López, que indicó que los agentes le explicaron que se investigaba un delito de revelación de secretos.
“La policía ya se había puesto en contacto con nuestra periodista para preguntar por el funcionamiento de la agencia y la forma de trabajar y pensábamos que venían para que ella se ratificara en lo que ya había declarado”, afirmó la delegada. Los agentes de policía y la secretaria judicial también intervinieron el teléfono particular del periodista de Diario de Mallorca Kiko Mestre, que también publicó el informe. El profesional fue citado en los juzgados, donde los agentes le enseñaron la orden para que entregara el móvil y las claves para desbloquearlo. Horas después se presentaron en la sede del periódico, pero la dirección del diario se negó a entregar la documentación solicitada.
“Grave ataque”
“Por la tarde se les dijo que no se iba a entregar ningún tipo de material de investigación”, explicó el adjunto a la dirección del periódico, Matías Vallés, que tachó el caso de “insólito” y denunció que la actuación judicial es “desproporcionada” porque “ninguna hipótesis justificaría una decisión de este calibre, ya que no hay un secuestro, ni la investigación de un asesinato, sino la investigación de una filtración”.
La Asociación de Medios de Información (AMI), que representa a más de 80 medios de comunicación españoles, entre ellos los dos afectados, mostró en un comunicado su “más absoluto rechazo a los registros”, que calificó de “grave ataque al derecho de información y a la independencia de los medios de comunicación frente a todo tipo de presiones”. La AMI recordó a las autoridades policiales y judiciales que “no pueden coaccionar a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones, a los que les ampara el derecho de protección de sus fuentes”.
El Sindicato de Periodistas de Baleares y la Asociación de Periodistas de las islas repudiaron el “ataque aberrante” a la libertad de información y al secreto profesional, amparado en el artículo 20 de la Constitución. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechazó tajantemente las inacutaciones.
La presidenta balear, la socialista Francina Armengol, mostró su solidaridad con los medios afectados y recordó en Twitter que “la información rigurosa y libre fortalece” la democracia”.