Los acusados del ‘procés’ cierran el juicio con un alegato político
El caso contra los líderes catalanes independentistas queda visto para sentencia después de cuatro meses
El juicio contra los líderes políticos catalanes que impulsaron el procés independentista quedó ayer visto para sentencia, y el tribunal se enfrenta ahora a la emisión de un fallo que tendrá resonancia histórica. Los doce dirigentes sentados en el banquillo emplearon su último turno de palabra para lanzar alegatos políticos. Sin contradecir su estrategia de defensa, prefirieron centrarse en animar a la justicia a contribuir a una supuesta solución política para el conflicto territorial.
Oriol Junqueras insistió en el carácter pacífico del movimiento secesionista, e hizo un llamamiento a “devolver” la búsqueda de soluciones al territorio “de la buena política de la que nunca debía haber salido”. El exconsejero de Interior Joaquim Forn abundó en esa idea: “Si estamos aquí es por un fracaso de la política”. Jordi Sànchez dijo al tribunal: “Tienen una responsabilidad que es no agravar la crisis política”. Ninguno de los acusados hizo autocrítica. Aún más, Jordi Cuixart dijo: “No hay ningún tipo de arrepentimiento”.
Termina así un juicio que ha celebrado 52 sesiones durante cuatro meses, en las cuales defensas y acusaciones han mantenido un duro forcejeo en torno a si hubo violencia, y en qué grado, durante la intentona independentista.
Visto para sentencia tras cuatro meses. El tribunal que juzga a los líderes independentistas ha escuchado durante 52 sesiones los dos relatos del procés: el de los acusados, para quienes lo vivido en Cataluña en el otoño de 2017 fue un ejercicio colectivo y pacífico de derechos fundamentales, y el de las acusaciones, para las que se produjo un alzamiento violento o al menos tumultuario. Los acusados aprovecharon ayer su último turno de palabra para pedir una “solución política” al conflicto. El Supremo afronta ahora la tarea de dictar una sentencia que será el relato judicial del procés y tendrá una resonancia histórica.
Jueces, fiscales y abogados suelen decir que nunca un acusado ha sido absuelto por lo que haya dicho en su último turno de palabra, pero algunos sí han sido condenados. Sus defensas se lo recordaron durante los últimos días a los 12 líderes del procés que se han sentado durante cuatro meses en el banquillo del Tribunal Supremo. Pese a tales advertencias, todos optaron ayer por aprovechar esa última oportunidad de dirigirse al tribunal. Y aunque ninguno contradijo su estrategia de defensa ni desveló hechos nuevos que les pudieran incriminar, coincidieron —con matices— en las principales ideas que llevan defendiendo desde hace meses: son presos políticos, víctimas de un juicio por sus ideas cuando su pretensión era ofrecer a los catalanes la oportunidad de expresarse en las urnas.
Las intervenciones de los 12 acusados supusieron un compendio de sus personalidades y de las formas de entender su actuación en el procés. Los dos principales acusados de ERC (el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconsejero de Exteriores Raül Romeva) evocaron, como ya hicieron en su primera intervención en la vista, sus convicciones pacíficas para reclamar su inocencia. “Mi dedicación a la política ha sido tardía y nació de la voluntad de servicio, de ser útil, de construir un mundo más libre y mejor”, aseguró Junqueras. Pese a ser el acusado para quien la Fiscalía pide la pena más alta (25 años de cárcel como líder de la rebelión, agravada con malversación), la suya fue quizá la intervención más breve y más vacía de contenido jurídico. Junqueras solo se salió de ese guión para hacer una apelación directa a “devolver” el procés al terreno de la política. “De la buena política de la que nunca debía haber salido”, sostuvo. No llegó a asumir ninguna responsabilidad por su actuación, aunque admitió que cualquier político “comete errores”.
El líder de ERC fue el primero en invocar una pretendida solución política en sus últimas palabras ante el tribunal, pero no el único. Fue una de esas ideas en las que coincidieron los 12 acusados, cada cual a su estilo. “Si estamos aquí es por un fracaso de la política. Hoy estoy más convencido que nunca de que solo desde el diálogo seremos capaz de convencer”, afirmó el exconsejero de Interior Joaquim Forn, autor de uno de los alegatos más pragmáticos: negó que su actuación como miembro del Govern tuviese como objetivo “liquidar” el orden constitucional, rechazó haber alentado el uso de la violencia y separó sus deseos a favor de la independencia de su papel como responsable político de los Mossos d’Esquadra. “Nunca recibieron por mi parte ni por parte del Govern una instrucción para
dejar de actuar como policía jurídica”, aseguró.
En ese alegato a favor de una solución política, algunos acusados buscaron la complicidad del tribunal con la supuesta responsabilidad que la política ha endosado al Supremo al “traspasarle” el reto de solucionar el conflicto catalán dictando sentencia. “Es injusto que este tribunal tenga que resolver un problema político. Ustedes no pueden resolverlo, pero tienen una responsabilidad que es no agravar la crisis política. No me gustaría estar en su piel”, espetó Jordi Sànchez. “Deben ser muy conscientes de que de su sentencia se va a derivar también la lectura sobre el límite de derechos políticos como el de expresión o de reunión. Eso es fundamental no solo para nosotros 12, sino para el futuro de la democracia en Cataluña y España”, añadió el exlíder de la ANC.
Otros no solo recordaron al tribunal esa responsabilidad más política que jurídica que supuestamente se les ha atribuido, sino que advirtieron a los magistrados sobre los efectos personales de la decisión que han de tomar. “Hasta ahora, con sus resoluciones ustedes han decidido que yo no pueda ver crecer a mis dos hijos, de diez y cuatro años. Pero, sea cual sea su sentencia, no van
a impedir que yo les pueda dejar algo más valioso. La dignidad de unas ideas legítimas y nobles”, dijo el exconsejero de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull sin apartar la mirada de los miembros del tribunal. La extitular de Trabajo Dolors Bassa, de 60 años, llegó a recordarles que la sentencia va a determinar “la etapa final” de su vida.
Los tres acusados que obtuvieron un escaño el 28-A por Junts per Catalunya (Jordi Turull, Rull y Sànchez) y fueron luego suspendidos en sus funciones parlamentarias son los que optaron por un discurso más lleno de reproches al Estado y al Poder Judicial. “No niego ante un tribunal que me considero víctima de una injusticia. De una injusticia y un dolor que han causado los poderes del Estado. A algunos este juicio les ha parecido largo. A toda esa gente les invito a pensar cómo deben ser de largos 604 días encerrados en una prisión”, afirmó Sànchez, quien se halla en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017.
Turull atribuyó en exclusiva al Estado la culpa de lo que considera un fracaso político: “Siempre hemos apostado por el diálogo para buscar un acuerdo; el Gobierno nos ofreció el silencio o el desprecio, la amenaza como bandera y la resignación como camino”.
Salvo esos “errores” generalizados que citó Junqueras, ningún acusado hizo la menor autocrítica, si bien Jordi Cuixart, el único procesado que nunca ha ejercido como político, llegó a confesar que volvería a hacer lo que hizo. “No hay ningún tipo de arrepentimiento”, afirmó, antes de añadir: “Salir de la cárcel no es mi prioridad”. Una afirmación coherente con su estrategia de defensa, basada en reivindicar sus actos como un ejercicio de derechos constitucionales, pero que se acerca a ese regalo envenenado en el que los abogados temen que se convierta el último turno de palabra en un juicio.