La presión popular gana su primera batalla en Hong Kong
Una manifestación masiva logra que el Parlamento aplace sin fecha la tramitación de la polémica ley que permite extraditar a China
Una protesta masiva en Hong Kong fue reprimida con dureza por la policía, pero logró una primera victoria: que el Parlamento del territorio autónomo aplace, sin fecha, la tramitación del proyecto de ley que permitiría por primera vez la entrega de sospechosos al régimen chino. Los agentes disolvieron con gas pimienta, porras y pelotas de goma a las decenas de miles de personas que rodeaban la Cámara portando paraguas, símbolo de las marchas de 2014.
Con abundantes dosis de gas pimienta, porras e incluso balas de plástico disolvió ayer por la fuerza la policía la sentada de decenas de miles de personas, la mayoría muy jóvenes, que rodeaban el Parlamento autónomo de Hong Kong para impedir la tramitación del proyecto de ley de extradición, que permitiría por primera vez la entrega de sospechosos a China y que ha desatado la ira de numerosos ciudadanos. Al menos 22 personas resultaron heridas, según los medios informativos del territorio autónomo. El Parlamento ha aplazado, sin precisar hasta cuándo, la sesión en que iba a tramitar el proyecto de ley.
La jornada comenzó con un tono jovial. Miles de jóvenes habían estado en vigilia desde la noche anterior para rodear la sede del Parlamento. A medida que fue avanzando el día, la concentración aumentó a decenas de miles de personas, hasta cortar algunas de las principales avenidas.
Las escenas resultaban muy similares a las de las sentadas del Movimiento de los Paraguas que, hace cinco años, tomó el centro de Hong Kong durante casi tres meses para reclamar más democracia.
El área ocupada era la misma. Muchos manifestantes también eran veteranos de entonces. Como aquella vez, de inmediato se ocuparon de establecer puntos de avituallamiento con bebidas y algo de comer, pero también mascarillas y gafas de buceo contra el gas pimienta, toallitas, rollos de plástico y paraguas para detener la posible embestida policial. Como aquella vez, algunos estudiantes aprovechaban para repasar sus apuntes, otros cantaban himnos o se encargaban
de recoger las basuras y del reciclaje. De vez en cuando, al unísono, un grito ensordecedor: “¡Chit Wuit! ¡Chit Wuit!” (“Retiradlo”, en cantonés, en alusión al proyecto de ley) y “¡Cha yau!” (“ánimo”) a los de primera línea.
Todo se desarrollaba muy pacíficamente. Incluso los suministros a las primeras líneas de la manifestación, allí donde los concentrados bloqueaban el acceso al Legislativo, estaban perfectamente organizados. Los de delante pedían a gritos agua o mascarillas,
y los de atrás pasaban las bolsas o botellas, en perfectos relevos. Bebida el agua, o vaciadas las bolsas, se devolvían por el mismo sistema. Se notaba la práctica de hace cinco años.
Pero la Policía también ha aprendido de aquella experiencia, cuando, tras lanzar gas pimienta, las protestas de unos cientos de estudiantes se convirtieron en la sentada de medio millón de personas. Las manifestaciones duraron casi tres meses.
“Veremos qué pasa esta vez. Temo que la Policía sea mucho más dura”, apuntaba Sunny, un muchacho con gafas y de aspecto frágil que aparenta muchos menos de los 24 años que asegura tener, y que ya participó en las sentadas de 2014. No obstante, se mostraba animoso. “Es nuestra obligación estar aquí”, sostenía, mientras repartía carteles contra el proyecto de ley. “No sé si conseguiremos algo, pero por lo menos queremos que se oiga nuestra voz. Este proyecto de ley es peligroso. Significaría el final de las libertades en Hong Kong. Podrían detenernos y enviarnos a cualquiera a China”, añadía.
Los temores de Sunny sobre la Policía se demostraron fundados. Los agentes avisaron: “Usaremos la fuerza”. Después de que, pasadas las tres de la tarde (hora local, seis horas menos en la España peninsular), grupos de estudiantes —algunos habían acumulado adoquines— intentaran forzar la entrada en el Parlamento, y después de que durante toda la jornada el Gobierno autónomo y los agentes llama
ran a despejar la zona, la Policía cargó. En dos horas, la zona en torno al Parlamento, que decidió aplazar la segunda lectura del proyecto de ley sin fijar una nueva fecha, había quedado casi vacía de manifestantes. En cuatro, los antidisturbios seguían usando gases lacrimógenos en las calles y avenidas adyacentes. Los jóvenes continuaban agrupándose en otros puntos más allá.
“Creemos que actuaron entonces para que la gente no se sumara a nosotros a la salida del trabajo, y que les fuera mucho más difícil echarnos”, opinaba Alice, una joven que no quiso dar más datos personales y que se describía “triste y furiosa”.
Pérdida de libertades
Otros decían no estar sorprendidos. El domingo, la Policía ya se había empleado con dureza para disolver los coletazos de la manifestación de un millón de personas, según los organizadores —240.000 según las fuerzas de seguridad—, que ocupó el centro para protestar contra la ley de extradición. En un comunicado, la Policía aseguró que los manifestantes utilizaron “un alto grado de violencia” y habían “cargado repetidamente contra los agentes”.
Los manifestantes aseguran que con el proyecto de ley peligra el principio de “un país, dos sistemas” que otorga al territorio autónomo derechos y libertades desconocidos en la China continental y que el Gobierno central prometió en 1997 respetar durante 50 años, cuando el Reino Unido devolvió la antigua colonia a la soberanía china. Pero desde entonces, afirman, China ha ido aumentando su interferencia en la gestión del territorio: el secuestro en 2015 de cinco libreros que publicaban obras críticas con el Gobierno de Pekín y que reaparecieron bajo custodia china al otro lado de la frontera es uno de los ejemplos más citados. Si continúa el proceso de absorción, opinan, la identidad hongkonesa acabará perdiéndose sin remedio.
Los críticos también recuerdan las dudas sobre el opaco sistema legal chino, supeditado al Partido Comunista y sobre el que las ONG denuncian casos de tortura, confesiones forzosas y unas leyes que permiten retener a los sospechosos en paradero desconocido sin acceso a un abogado.