Hong Kong suspende la polémica ley de extradición por la presión popular
El Gobierno autónomo de Hong Kong anunció ayer la suspensión, sin fecha para retomarlo, del polémico proyecto de ley de extradición que permitiría entregar sospechosos a China. El aplazamiento sine die representa una espectacular marcha atrás de la ministra jefa, Carrie Lam, que tras la manifestación de protesta hace una semana, en la que participó un millón de personas, insistió en que seguiría adelante con los planes. Pero los opositores a la ley no interpretan la retirada como una victoria, sino como una maniobra de Lam para ganar tiempo. Por eso mantienen la presión con una protesta para hoy.
Los manifestantes aseguran que continuarán con las movilizaciones hasta que el proyecto de ley acabe en la papelera. “Tras repetidas deliberaciones internas en los últimos dos días, anuncio que el Gobierno ha decidido suspender la tramitación de la enmienda legislativa, empezar de nuevo nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, explicar más y escuchar los distintos puntos de vista de la
sociedad”, indicó ayer Lam en una acalorada rueda de prensa en la sede del Gobierno de Pekín en Hong Kong.
Pero los opositores a la ley ven el paso atrás de Lam no como una rendición, sino como una retirada táctica, pensada para ganar tiempo y desmoralizar a los activistas en Hong Kong antes de unas elecciones locales en noviembre, y evitar poner a Pekín en una situación complicada
en vísperas de una posible reunión entre Xi y Trump. “No aceptamos la posición de Lam. Mantenemos nuestra convocatoria de manifestación”, indicó ayer en rueda de prensa Jimmy Sham, el presidente del Frente de Derechos Humanos y Civiles de Hong Kong, la agrupación organizadora de la convocatoria de una protesta masiva para hoy. “Seguiremos nuestra presión hasta que veamos la retirada
del proyecto de ley”, aseguró, y reclamó una disculpa por el uso de la fuerza policial y la dimisión de Lam.
Bonnie Leung, portavoz de la agrupación, sostuvo por su parte que aceptar tan solo una suspensión puede suponer que el Gobierno retome el proyecto de ley cuando la polémica se haya calmado. “La ciudadanía de Hong Kong ya ha sido víctima antes de otras mentiras… Hemos aprendido que el Gobierno no es de fiar, y que tenemos que seguir tomando las calles para reclamar nuestras demandas”.
Los opositores también reclaman que no se presenten cargos contra los participantes en las manifestaciones del miércoles, que el Gobierno autónomo considera “disturbios”. Uno de sus temores es que se lleve a juicio a un número importante de ellos para amedrentar al resto.
El polémico proyecto de ley que ha desatado las protestas tiene su origen en un caso de asesinato en Taiwán, del que es principal sospechoso un individuo actualmente preso en Hong Kong por otros delitos. El territorio autónomo solo puede entregar fugitivos a la veintena de países con los que mantiene un acuerdo de extradición. Es “un obvio vacío legal”, sostenía Lam, al defender aún hoy, tras el abandono al menos temporal del proyecto de ley, la necesidad de la medida. Pero en lugar de pactar
un acuerdo con Taiwán, el Gobierno autónomo hongkonés planteó una reforma a la ley de extradición para permitir la extradición, siempre caso por caso, de sospechosos, tanto locales como extranjeros, a países con los que no mantuviera acuerdos. Incluida China.
Balas de plástico
Ahí estaba el quid de la cuestión. Amplios sectores de la población, desde empresarios a periodistas, desde estudiantes a trabajadores de ONG, vieron esa reforma como un intento de diluir la separación entre la China continental y Hong Kong. Un intento que pondría en peligro libertades como las de prensa, asociación o expresión, implantadas en la antigua colonia británica pero inexistentes al otro lado de la frontera. El Gobierno autónomo insistía en que no podría aplicarse en casos de persecución política, y que cada caso tendría que someterse al veredicto de los tribunales hongkoneses. Pero esas aclaraciones no fueron suficientes para acallar las dudas sobre las garantías que podría ofrecer el opaco sistema legal chino. O sobre el temor de los hongkoneses a verse absorbidos gradualmente por la China continental, sin el estatus especial del que disfruta el territorio autónomo desde la devolución británica a la soberanía china en 1997.
Si el domingo pasado se congregaron más de un millón de personas en las calles del centro de la ciudad para protestar, el miércoles decenas de miles de estudiantes rodearon la sede del Parlamento hongkonés para impedir que los diputados pudieran entrar a tramitar el proyecto de ley, como estaba previsto. Tras ocupar durante horas varias de las principales arterias de la isla, la concentración de jóvenes se disolvió precipitadamente cuando la policía utilizó gases lacrimógenos, porras y —por primera vez— balas de plástico y pelotas de goma contra los manifestantes.
Lam insistió ayer en que, pese a todo, no dimitirá ni ve necesario pedir disculpas por lo que organizaciones de derechos humanos han considerado un uso excesivo de la fuerza policial. Según dijo, el miércoles algunos manifestantes “llevaban consigo instrumentos que no tienen lugar en una manifestación pacífica”.