El juez rechaza levantar la orden de arresto contra Puigdemont
El expresidente de la Generelitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, fugados de la Justicia española en Bélgica, deberán viajar a España si quieren conseguir el acta de eurodiputado y se arriesgan a ser detenidos y encarcelados si lo hacen. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazó ayer la petición de ambos políticos de dejar sin efecto la orden nacional de arresto que pesa contra ellos. El juez que instruye el caso del procés entiende que, pese a ser electos, Puigdemont y Comín no están amparados por el régimen de inmunidades del Parlamento Europeo al no tener la condición plena de miembros de la Cámara.
Llarena rechaza por “erróneo” el planteamiento de los abogados de Puigdemont y Comín, que sostienen que ambos políticos gozan de inmunidad desde el pasado miércoles, cuando la Junta Electoral Central (JEC) proclamó los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 26 de mayo. Los letrados consideraban que, según la legislación europea, se debía aplicar en bloque las prerrogativas de los diputados del Congreso, que gozan de inmunidad desde el momento en que son proclamados electos.
Dos condiciones
El magistrado reprocha a los letrados que en su análisis eludan dos condiciones esenciales que recoge el protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea. Para gozar de esta protección especial frente a las acciones judiciales, Puigdemont y Comín deben ser “miembros” de pleno derecho de la Eurocámara y esta debe estar “en periodo de sesiones”.
El juez recuerda que para obtener la condición plena de eurodiputado es “insoslayable” que los electos acudan a la Junta Electoral Central —con sede en el Congreso de los Diputados, en Madrid— para cumplir el trámite de jurar o prometer el acatamiento a la Constitución. Solo entonces podrán tomar posesión como eurodiputados el 2 de julio en Estrasburgo.
Un informe del pasado 15 de abril del jurisconsulto del Parlamento Europeo Freddy Drexler, atribuía de manera exclusiva a los jueces españoles la competencia para autorizar a parlamentarios electos bajo orden de arresto nacional —como Puigdemont y Comín— la prestación del juramento o promesa que les convierte en europarlamentarios de pleno derecho.