Felipe VI, cinco años ceñido a la Constitución
El Rey ha tenido que salir dos veces en defensa de la Ley Fundamental desde su proclamación
La Casa del Rey ha previsto aprovechar la entrega de distinciones de la Orden del Mérito Civil en el Palacio Real el miércoles para conmemorar el quinto aniversario de la proclamación de Felipe VI. En ese tono sobrio no ha querido valorar este periodo: “Nosotros ponemos el sustantivo, no el adjetivo”, soslaya una fuente de La Zarzuela. Felipe VI fue proclamado por las Cortes Generales el 19 de junio de 2014 y sus primeros cinco años como jefe del Estado han sido intensos, con turbulencias y una relativa estabilidad. Pero, sobre todo, han quedado marcados por su actitud, un rumbo que fijó en su discurso de proclamación hacia “la dignidad de la institución”, y por los dos intensos episodios en defensa de la Constitución que ha tenido que afrontar.
“Cuando tengo una duda, me agarro al cuello de la Constitución y no me suelto”. Fue la confesión del entonces Príncipe de Asturias al periodista de EL PAÍS Jesús Rodríguez en el transcurso de un viaje a los Estados Unidos en 1999. La confidencia, 15 años antes de llegar al trono, anticipaba el carácter rigorista de su reinado con la Ley Fundamental. Felipe VI es el primer rey de España que ha crecido y se ha formado con la Constitución. Su padre, Juan Carlos I, fue nombrado por Franco, aunque luego él renunció a esa procedencia y se legitimó, precisamente, con la Constitución. Felipe tenía 10 años cuando fue aprobada. Sus atribuciones están delimitadas por ese código, sin saltos al vacío ni lindes difusos.
Pero incluso ceñido a ese ámbi- to, ha tenido que defender su compromiso de “guardar y hacer guardar la Constitución”, establecido en el artículo 61.1, en dos ocasiones. Y las dos, pese a su distinta naturaleza, se han producido en un clima de tensión que ha puesto también a prueba su fortaleza como jefe de Estado. La primera ocurrió el 23 de enero de 2016, cuando Mariano Rajoy rehusó el ofrecimiento para ir a la investidura, creando una situación no prevista en el artículo 99 de la Constitución, y le transfirió el problema al Rey. Sin celebrar la primera votación de la investidura no se ponía en marcha el proceso, que da dos meses de plazo al candidato para lograr la confianza de la Cámara y, en caso contrario, que el Rey disuelva las Cortes y convoque nuevas elecciones.
El PP había sido el partido más votado, le correspondía el ofrecimiento, pero carecía de apoyos para superar la investidura y de voluntad para resolver la situación mediante la política. Rajoy quiso ahorrarse el ígneo tramo de un debate de investidura improductivo y su partido presionó a la Casa del Rey, incluso invocando un informe a medida del Consejo General de Estado, para que el Rey convocara elecciones ante un colapso inducido que atascaba el proceso. La maniobra causó primero desconcierto y luego, indignación en La Zarzuela.
En ese momento, Felipe VI tuvo que “agarrarse al cuello de la Constitución” con el jefe de la Casa del Rey, el abogado del Estado Jaime Alfonsín, para, sin interferir en el plano político, encontrar una salida en consonancia con el espíritu de la Ley Fundamental. La situación era esta: tenía un candidato que cumplía el requisito previo (Rajoy) y se desentendía, y otro (Pedro Sánchez) que en la ronda de consultas previa había manifestado su voluntad de intentar la investidura, aunque con pocas posibilidades, pero podía descongestionar el proceso. Y también tenía el artículo 99.2 por cumplir: “El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”.
Unos días después, el 2 de febrero, el Rey dirigió el ofrecimiento a Sánchez, con los consiguientes mohines en el PP. Fuentes de La Zarzuela razonaron a este periódico que, de no proceder así, se hubiese quebrado el principio de neutralidad. El artículo 99.2, además, no se hubiese cumplido. Ni tampoco los subsiguientes, aunque el resultado final también fue la convocatoria de nuevas elecciones, pero dentro de los cauces del procedimiento. El Rey optó por la Constitución y el episodio provocó tensiones y reproches en privado entre el Gobierno en funciones y La Zarzuela. A pesar del poco tiempo que llevaba al frente de la Jefatura del Estado, el Rey había despejado una situación de gran complejidad en cumplimiento de la Ley Fundamental.
La defensa de la Constitución motivó también la que hasta ahora ha sido su intervención más categórica: su discurso del 3 de octubre de 2017 ante la situación de emergencia creada con el quebrantamiento del orden jurídico en el Parlament de Cataluña: la aprobación de un referéndum independentista, que el Tribunal Constitucional declaró ilegal, y la convocatoria de un pleno para declarar la independencia. Estas decisiones del Parlament catalán chocaban con la Constitución. Con su artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Y subsidiariamente, con el 62: “Corresponde al Rey convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución”. Y con el 92, puesto que la convocatoria de las consultas por parte del Rey siempre tiene que ser “mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”. Ante el ascendente desafío independentista, el Rey había realizado constantes apelaciones en sus discursos a la Constitución y su prevalencia “sobre cualquier quiebra de la convivencia democrática”. Pero la crisis constitucional estaba servida en medio de un problema creciente y con el Gobierno central con síntomas de desbordamiento. Entre la última semana de septiembre y la primera de octubre, el Rey canceló sus compromisos, despejó su agenda y se encerró en su despacho con el núcleo de sus colaboradores y con la Constitución para preparar un discurso excepcional en su calidad de “símbolo del Estado” (artículo 57.1). “En la preparación del discurso había menos personas que dedos tiene la mano”, refiere una fuente de Zarzuela. La tarde del día 3 de octubre, en tono grave y con traje negro, compareció ante las cámaras para instar a los poderes del Estado a “asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones” frente al incumplimiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía “de una manera reiterada, consciente y deliberada” por parte de “determinadas autoridades de Cataluña”.
El discurso acentuó “el firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia” y precedió la aprobación por parte del Senado del artículo 155 de la Constitución para que el Gobierno interviniese la Administración catalana. Desde entonces el independentismo convirtió al Rey en pararrayos de todas sus iras, con varios episodios de hostigamiento y desplantes. Su intervención, muy aplaudida por constitucionalistas, levantó sin embargo críticas en sectores contrarios a la independencia, que echaron en falta una apelación al diálogo. El núcleo que afrontó la emergencia constitucional en La Zarzuela consideró que ya no era momento. El límite se había rebasado.
Sin duda, fue la situación más compleja de Felipe VI en sus primeros cinco años de reinado. “Para esto, mi padre no me dejó apuntes”, se sinceró el Rey ante los asistentes a una audiencia en el Palacio de La Zarzuela tiempo después. Pero, a falta de pautas de su predecesor, disponía del marco resolutivo de la Constitución, el mismo que señalaría a la Princesa de Asturias unos meses después durante la imposición de la Orden del Toisón de Oro, el símbolo de continuidad de la Corona: “Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola”.
El rehúso de Rajoy causó tensiones y reproches entre el Gobierno y Zarzuela
La situación más compleja llegó con la crisis constitucional del otoño de 2017