Luchar contra la ‘pornovenganza’

Gobiernos y plataformas buscan fórmulas para frenar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Y los activistas piden castigos más duros por el estigma que sufren las víctimas

Envías una foto o un vídeo insinuante a tu pareja y tiempo después, cuando ya no estáis juntos, aquella persona en la que confiabas lo comparte con otras sin tu permiso. Se trata de pornovenganza: aquel intercambio de mensajes sexi, divertido, íntimo, se vuelve de dominio público y sus repercusiones, a veces, resultan trágicas. Le pasó a Tiziana, una italiana de 31 años que se suicidó en 2015 después de que se difundieran sus vídeos sexuales y ella se convirtiese en protagonista de multitud de bromas machistas. Le pasó, hace solo tres semanas, a la mujer en España que vio cómo sus vídeos circulaban entre compañeros de trabajo.

¿Está suficientemente perseguida la pornovenganza en España? Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado y experto en derecho digital, opina que la respuesta está, más que en endurecer las condenas, en la educación digital y la concienciación. La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo, no es partidaria de reformas “continuas” en el Código Penal. Desde 2015 la ley castiga la divulgación no autorizada de grabaciones íntimas, aunque se hayan obtenido con consentimiento. Antes de la reforma, como en el caso de la exconcejal Olvido Hormigos en 2012, la justicia no veía un delito contra la intimidad si la víctima había grabado y enviado imágenes a un primer destinatario. La presidenta de Themis advierte del peligro de legislar a golpe de casos concretos (hacerlo puede ser “populismo legislativo”, asegura), pero reconoce que son evidentes algunas lagunas, como que una pena corta, de meses, no implique a veces ingreso en prisión para el responsable, y subraya cómo la pornovenganza “aterroriza” especialmente a las mujeres, que se enfrentan al estigma social. “Hay que endurecer muchísimo las penas. Que sean ejemplarizantes”, propone la presidenta de la asociación Stop Violencia de Género Digital, Encarni Iglesias, que incide en la dificultad de perseguir delitos en distintos países en un entorno global como Internet. También abogados como los del bufete Reclamador consideran que las penas en España son “muy débiles en relación con las consecuencias para la víctima”, y apuestan por igualarlas a las del delito de grabación sin consentimiento (de dos a cinco años) y agravar este último.

En el resto de Europa, los países tratan de actualizar sus legislaciones contra este tipo de acoso. Italia, tras la tragedia de Tiziana, impulsó una ley con penas de uno a seis años de prisión y multas de 5.000 a 15.000 euros. El Reino Unido tipifica como delito desde 2015 compartir imágenes sexuales sin permiso de quien aparece en ellas. Hasta 2016, más de 200 personas habían sido encausadas, con penas de prisión de hasta dos años, indica la Asociación Europea de Mujeres Juristas (EWLA, por sus siglas en inglés). Francia adoptó en 2016 la Ley para la República Digital, que endureció las sanciones (dos años de cárcel y multas de 60.000 euros). En Alemania, un tribunal declaró ilegal en 2014 que una persona guarde imágenes íntimas de su expareja si esta ha pedido que las borre.

Estos cambios van en la dirección correcta, pero no son suficientes, sostiene el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), que en un informe de 2017 apuesta por garantizar la misma protección y prevención en todos los países de la Unión. El EIGE subraya “las actitudes de culpabilización de las víctimas, que demuestran una falta de comprensión y concienciación” del problema. En EE UU, unos 40 Estados ya castigan el revenge porn —Nueva York lo hizo este pasado mes de febrero—, pero en otros continúa el debate sobre si estas normas limitan de alguna forma la libertad de expresión. Activistas como las de The Badass Army, una organización de víctimas de extorsión o venganza, pelean para que se endurezcan las penas en ese país. En Argentina, desde este año la pornovenganza está tipificada como un delito informático.

Las plataformas de Internet también toman medidas contra este tipo de delitos, con más o menos eficiencia y acierto. En 2017, Facebook pidió a algunos usuarios, como parte de un programa piloto, que le confiasen sus fotos de desnudos si temían que pudiesen ser compartidas por otros. Tras el revuelo que se montó, este año parece haber reconducido su estrategia. En los últimos meses, según medios estadounidenses, la red social está haciendo pruebas con un sistema de inteligencia artificial que promete identificar cuándo una imagen ha sido subida sin consentimiento de sus protagonistas. Otras plataformas, como Twitter y Reddit, también tienen normas específicas contra este tipo de delitos, pero se da la paradoja de que, en líneas generales, siguen siendo las víctimas quienes tienen que encargarse de vigilar y denunciar la distribución de sus propias imágenes. Y apelar al derecho al olvido no es sencillo, insisten. El material tiene potencial para multiplicarse en la Red, impulsado por una demanda infinita. Al fin y al cabo, el revenge porn es, desde hace años, un subgénero propio popular en el porno.