Cómo romper el maleficio energético
No hay duda de que la energía en España es muy cara; lo importante es entender el porqué. La culpa desde luego no es fiscal, puesto que comparativamente con otros países europeos pagamos menos impuestos por electricidad y carburantes. Sí influye más la falta de competencia real existente, junto con una regulación muy favorable a las empresas energéticas españolas que les proporciona una boyante situación, convirtiéndolas en objeto del deseo financiero de otras empresas internacionales que han pasado a controlar una gran parte de ellas y de fondos especulativos de capital riesgo presentes en casi todas.
A esos precios tan elevados también ha contribuido el maleficio del tratamiento dado a sucesivas burbujas energéticas de nuestro país. Podemos remontarnos a las centrales hidroeléctricas que, pagando unos cánones por el uso del agua reducidísimos, han disfrutado desde 1997 de enormes beneficios sobrevenidos, al remunerarlas como si, en vez de con agua pública, produjeran la electricidad con petróleo.
La siguiente burbuja fue nuclear al proyectarse más de 30 centrales, de las que dos de ellas, casi acabadas a sólo 16 kilómetros de Bilbao, tuvieron que ser abandonadas y los sobrecostes de las demás llegaron a ser tan elevados que en 1986 hubo que clausurar otras tres. Todas las empresas afectadas fueron rescatadas financieramente, compensándoles las inversiones efectuadas vía un recargo tarifario que ha durado hasta hace tres años. Posteriormente, y a pesar de que sus propietarios recibieron 10.000 millones como “costes de transición a la competencia”, para asegurar que recuperaban las inversiones efectuadas en todas sus centrales, las nucleares, con costes de combustible muy reducidos, también son remuneradas al precio de las centrales más caras.
Las eléctricas también han convencido a sucesivos Gobiernos de que el desajuste entre ingresos y gastos respondía a un “déficit tarifario”, cuyo cobro adelantaron titulizándolo con aval del Estado y recargando las tarifas durante 15 años.
Pero ha habido más burbujas eléctricas. Para dificultar la competencia, se han instalado demasiadas centrales térmicas de gas,
que están totalmente infrautilizadas y en parte paradas. El que ninguno de sus propietarios haya tenido problemas en continuar pagando elevados dividendos confirma, ya por sí solo, que lo que existe en España no es un déficit, sino un superávit tarifario. Sin embargo, cuando se ha intentado gravar los beneficios, los impuestos se han repercutido vía precios a los consumidores.
Las burbujas se han dado también en el sector del gas, donde se han instalado el doble de plantas regasificadoras de las necesarias, cuyo sobrecoste, junto con el de un fallido almacenamiento subterráneo (que ha cobrado íntegro su promotor), también se ha repercutido en las tarifas.
En resumen, si el coste de decisiones erróneas de empresas y reguladores se acaba trasladando a las tarifas y si las remuneraciones a las empresas superan ampliamente sus costes, ¿cómo no van a ser altos los precios de la energía en España? Nos encontramos ahora en un momento clave de la transición, desde las energías fósiles a las renovables de menor coste y no contaminantes, que requiere reducir sensiblemente el precio de la electricidad para poder sustituir al petróleo y al gas en el transporte, movilidad, climatización…
Tras el imprescindible cambio de discurso del actual Gobierno, que nos ha permitido abandonar la caverna ideológica energética, amenaza otra posible nueva burbuja especulativa y obstructora de la competencia: las peticiones de puntos de conexión a la red para renovables alcanzan 160 GW, casi triplicando la nueva potencia prevista hasta 2030. Pues bien, el cómo se aborde esta nueva burbuja puede determinar el éxito de la transición o su dilación, cargándola con nuevas hipotecas sobre los precios.
Romper el maleficio y bajar el precio de la electricidad requiere eliminar impuestos trasladables a precios y sobrerretribuciones a hidráulicas y nucleares. Además, deberían cerrarse las nucleares lo antes posible para que no incurran sus propietarios en las pérdidas que alegan (o repercutir a los consumidores los beneficios de su alargamiento) y efectuar una gestión hidroeléctrica que, en vez de maximizar el beneficio a sus concesionarios, afiance la intermitencia de las renovables. Estas deberían ser prioridades del próximo Gobierno superando, como han hecho otros países, el supuesto tabú normativo de la UE para compatibilizar el mercado con otros mecanismos retributivos.
La falta de competencia y una regulación favorable han convertido a las eléctricas en objeto de deseo financiero