España rechaza que se fije un plazo mínimo de internamiento de inmigrantes
El Gobierno de Pedro Sánchez se opone al endurecimiento de las reglas de detención de inmigrantes que acordaron hace unos días los Estados de la Unión Europea en Luxemburgo. El documento, aún provisional, fija un periodo mínimo de internamiento de tres meses para los migrantes irregulares a los que se quiere expulsar del territorio comunitario. Sin embargo, la legislación española contempla una permanencia máxima de 60 días. Pasado ese tiempo, si la Administración no ha conseguido deportar al inmigrante, tiene la obligación de dejarlo libre. Hungría se opone al cambio de orientación de la UE por el motivo contrario: considera la propuesta demasiado laxa.
España se distancia cada vez más de las posiciones migratorias que considera lesivas para sus intereses en la UE. El Gobierno de Pedro Sánchez se opone al endurecimiento de las reglas de detención de migrantes que acordaron hace unos días los Estados miembros en Luxemburgo. El documento, aún provisional, fija un periodo mínimo de internamiento de tres meses para los migrantes a los que se quiere expulsar del territorio comunitario (ahora no existe plazo mínimo). España es uno de las principales de puertas en Europa para la entrada de migrantes.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rebatió la medida ante sus colegas comunitarios con el argumento de que “puede afectar a las garantías constitucionales españolas” y, además, sobrecarga a los países con más entradas irregulares.
Europa lleva tiempo pensando cómo restringir la directiva de retorno para aumentar el número de expulsiones de los llamados migrantes económicos (sin derecho a asilo) que arriban a la UE. La norma establece un periodo máximo de 18 meses de internamiento para el colectivo con orden de expulsión o devolución. En la práctica, el club comunitario no logra devolver a sus países de origen ni al 40% de los inmigrantes irregulares a los que interna. Estudios como Alternativas a la detención de asilados y migrantes en la UE, de la Universidad Libre de Bruselas, cuestionan que ampliar la privación de libertad mejore ese porcentaje.
La orientación que pactaron los Estados miembros el 7 de junio contiene un cambio que el Gobierno ve inasumible. Los socios europeos pretenden imponer a los inmigrantes irregulares un periodo mínimo de 90 días en los centros de internamiento. Esa figura no existe en la legislación española, que solo contempla una permanencia máxima (60 días). Pasado ese tiempo, si la Administración no ha conseguido deportar al inmigrante, tiene la obligación de dejarlo libre. El endurecimiento que propone el conjunto de Estados miembros supondría una “repercusión política que no se compensa con sus efectos prácticos”, alertó Fernando Grande-Marlaska a sus socios en Luxemburgo. Esa y otras de las medidas propuestas supondrían, además, “asumir una serie de reformas legales de calado” para España.
Más allá de las reservas morales, el Gobierno aporta una visión pragmática para rechazar este enfoque. “¿Qué sentido tiene poner en un papel que vamos a devolver a todos los subsaharianos si sus países de origen no les reconocen?”, cuestionan desde el Ministerio del Interior. No importa cuánto tiempo pase internado el inmigrante. Si su país no lo reconoce como nacional, y no colabora con su documentación, la expulsión nunca será viable. En 2018, el 42% de los internos en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) no pudo ser deportado y quedó en libertad. El ministerio, de hecho, ha dado prioridad a la privación de libertad de marroquíes y argelinos porque los acuerdos bilaterales con sus países facilitan las expulsiones. Ha dejado, por tanto, de internar subsaharianos, consciente de la dificultad de devolverlos a sus países de origen.
A la espera del Parlamento
La posición pactada en el Consejo —paradójicamente, con la oposición de Hungría por resultar demasiado laxa y de España por excesivamente restrictiva— debe consensuarse con el Parlamento Europeo para ser firme y modificar la directiva de retorno. “A las personas objeto de un expediente de expulsión no se les imputa un delito”, señaló Marlaska para alertar de la desproporción entre el hecho de la entrada irregular y la respuesta legal ofrecida (internamiento mínimo de tres meses). En la Eurocámara, los eurodiputados pueden tratar de influir en el texto para que lime las condiciones de retención.
España suele pulsar siempre la misma tecla en las discusiones abiertas en Europa: el control de la inmigración irregular pasa por la colaboración con los países africanos, no por la imposición de reglas o deportaciones. Los interlocutores españoles critican a menudo la posición condescendiente de algunos de sus socios europeos ante África. “No se puede abordar este asunto desde una mentalidad de superioridad, o casi colonial”, mantienen fuentes de Interior. “España defiende que solo con los países con los que hay un conocimiento previo y una colaboración de igual a igual funciona. Que un país que no ha puesto el pie en África diga ‘esto es tuyo; te lo devuelvo’ es no entender la realidad”, ilustran las mismas fuentes.
España defiende su propia política de cooperación con África “como medida eficaz para controlar la inmigración irregular”. Es la estrategia que emprendió en 2006 con la llamada crisis de los cayucos y que, en sus inicios, sirvió de inspiración para el resto del continente. El Gobierno socialista de entonces firmó acuerdos, entre otros países, con Senegal y Mauritania que se mantienen hasta hoy. España contribuye con medios y formación y tiene desplegados allí agentes que trabajan con las fuerzas de seguridad locales. “Los equipos conjuntos de colaboración trabajan al mismo nivel y dan un resultado magnífico”, explican en Interior. “La solución es cooperar con África. Lo demás son chapuzas”, dicen.