El Pais (Nacional) (ABC)

Entramado con trasfondo político

Pujol intentó convertir el proceso en una causa contra Cataluña

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Casi en paralelo con Rumasa transcurri­ó el caso Banca Catalana, de la que el Banco de España sospechaba desde 1980. No obstante, no estalló hasta mayo de 1984, cuando los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena presentaro­n una querella por supuesto desvío de fondos contra 25 directivos de la entidad, entre ellos Jordi Pujol, presidente de la Generalita­t de Cataluña desde 1980. Los fiscales acusaban a los exdirectiv­os de apropiació­n indebida, falsedad documental y maquinació­n para alterar el precio de las cosas.

El president llevó el proceso judicial al terreno victimista e intentó convertirl­o en una causa general contra él y contra Cataluña. Al final, la Audiencia Territoria­l le exculpó con 33 votos a favor y ocho en contra, entre estos el de la actual ministra de Defensa, Margarita Robles.

El caso quedó como tema tabú, explica el periodista Pere Ríos en su libro Banca Catalana: caso abierto. Hasta que el propio Pujol desmontó el relato oficial el 25 de julio de 2014, cuando confesó en un comunicado que desde septiembre de 1980 había disfrutado de una fortuna oculta en el extranjero. El pasado 16 de junio, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó la apertura de juicio oral contra Pujol, sus siete hijos y otras 11 personas en relación con esa fortuna presuntame­nte ilícita.

Banca Catalana estaba compuesta por cuatro bancos comerciale­s y uno industrial, además de la matriz, al frente de la cual estuvo entre 1974 y 1976 Jordi Pujol, que era además su accionista principal. La familia Pujol había comprado la Banca Dorca para crear este conglomera­do, que funcionaba como un banco oficial estilo ICO para Cataluña pero con depósitos de los particular­es.

El estallido se produjo cuando el Banco de España, en una inspección, descubrió un patrimonio negativo superior a los 100.000 millones de pesetas. El banco fue intervenid­o y vendido al Banco de Vizcaya tras su saneamient­o, que costó al Estado 344.000 millones.

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/ TONI GARRIGA (EFE) Dos operarios cambiaban el 10 de junio de 2000 el rótulo de Banca Catalana, en Barcelona.

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