Competencias digitales
Uno de los grandes retos de la transformación digital pasa por ofrecer nuevas oportunidades sin incrementar la brecha de desigualdad social. Si bien internet parece estar al alcance de una mayoría de personas en nuestro país, las oportunidades a las que pueden realmente acceder dependen de sus competencias digitales. En esta línea se pretende trabajar con la ayuda de los fondos del Plan de Recuperación para conseguir, de aquí a 2025, que un 80% de la población adulta española cuente con competencias digitales al menos básicas.
El indicador de competencias digitales propuesto por Eurostat evalúa cuatro áreas específicas: información, comunicación, resolución de problemas y habilidades de software; y asume que un individuo posee las habilidades en cada área solo por realizar determinadas actividades asociadas. Bajo este marco, bastaría con que un 80% de la población adulta, en los tres últimos meses, hubiese buscado en internet alguna información sobre salud (información), enviado un mensaje por WhatsApp (comunicación) y compartido una fotografía (resolución de problemas) que hubiese previamente retocado en el teléfono móvil (habilidades de software). Es más, habríamos alcanzado la misma conclusión con la población habiendo copiado archivos, introducido contenido propio en un sitio web, cambiado la configuración de sus sistemas operativos y habiendo escrito códigos en un lenguaje de programación. Dos poblaciones que serían percibidas con las mismas capacidades básicas a pesar de tener niveles de conocimiento significativamente diferentes.
Es por ello que debemos cuestionar si este marco de medición resulta adecuado cuando lo que se pretende es valorar en qué medida la sociedad está preparada para aprovechar las ventajas de la digitalización. No es lo mismo saber utilizar internet para socializar que como herramienta de trabajo. El indicador de competencias digitales de Eurostat (que España y otros países europeos están tomando como referencia) podría esconder grandes desigualdades para un mismo resultado, y una falsa sensación de confort por el deber cumplido a la hora de alcanzar ese nivel de capacidades básico que las políticas fijan como referencia. Su formulación bajo criterios de mínimos, preguntas que no consideran el grado de destreza en la actividad y la obsolescencia de varios conceptos evaluados son algunas de las limitaciones que presenta este indicador como herramienta de política económica eficaz.
Es necesario revisar estas métricas para incorporar las demandas del mercado laboral, la forma en que se ofrecen los servicios públicos y privados digitales así como el acceso a la información, para formar individuos capaces de aprovechar las ventajas de la digitalización, con el fin de que el aprendizaje redunde en un mayor bienestar social por el uso de estas tecnologías.