El debate climático por El Prat rasga las costuras de partidos y gobiernos
Las discrepancias por la ampliación del aeropuerto alcanzan al Ejecutivo, a la Generalitat y al Ayuntamiento barcelonés
La tradición política catalana manda que la última semana de agosto las maquinarias de los partidos se ponen en marcha con vistas a la Diada que se celebra hoy. Unos lo hacen para llenar las calles con eslóganes independentistas. Los otros intentan sobrevivir a esta jornada de ebullición nacionalista adoptando un perfil lo más discreto posible. La Diada como inicio de curso de nuevos hitos del procés. Pero nada de esto es de aplicación este año en Cataluña. Todas las convenciones han saltado por los aires con la irrupción en medio del tablero político de la paralización por cinco años del proceso para invertir 1.700 millones en la ampliación del aeropuerto de El Prat.
El debate ambiental se mezcla con el del decrecimiento turístico, el del cambio de modelo productivo y con una forma de tomar decisiones que ya no encaja en las rígidas estructuras de los partidos. Y todo ello cuando las formaciones comienzan a tomar posiciones para las elecciones municipales de 2023 con la esperanza de hacerse con la deseada alcaldía de Barcelona. Pese a los esfuerzos del independentismo más acérrimo, el procés ha quedado arrinconado por la emergencia climática, algo que ninguno de los grandes partidos tenía previsto en su agenda. El presidente catalán, Pere Aragonès, cuya repentina oposición al proyecto ha sido clave para frenar la plan, advertía el jueves: “quizá hace 20 años una inversión de este tipo habría sido celebrada, pero ahora las cosas se tienen que hacer de una manera diferente”. Estos cambios han desalineado gobiernos y tensionado partidos.
“Hasta ahora los partidos catalanes vivían instalados en el debate sobre el eje nacional, el procés, pero ahora irrumpe otro eje, el ambiental y ecológico y algunos como ERC lo tienen difícil para adaptarse”, resume Jordi Mir, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y experto en movimientos sociales.
Hace dos décadas pocos en Cataluña habrían dudado de calificar de excelente noticia una inversión de 1.700 millones de euros como la que el ente público Aena planteaba para ampliar el aeropuerto de El Prat con una nueva terminal y la prolongación de una de las tres pistas. Tampoco habría llegado muy lejos el debate de si un acuerdo de este tipo podía cerrarse una tarde de verano en un despacho ministerial como fue el caso el 2 de agosto. De hecho, el pacto entre la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, comenzó a generar dudas al poco de anunciarse sin que los partidarios del proyecto lograsen fijar en la calle el discurso sobre las ventajas del proyecto: ampliar la capacidad de la instalación y hacerlo con el mínimo impacto ambiental posible.
El Gobierno vivió el primer descuelgue de sus socios de Unidas Podemos ya al día siguiente del anuncio del preacuerdo, cuando el diputado de Podemos Juantxo López de Uralde aseguró que ampliar El Prat no era una decisión “correcta”. Poco después varios ministros del ala de Podemos se expresaron en líneas parecidas y la tensión fue en aumento hasta el punto de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, agendó una visita al espacio natural afectado por la ampliación incluso antes de paralizarse el proyecto.
Más llamativas han sido las discrepancias dentro de la Generalitat. ERC, el partido de Aragonès, se mostró contraria a la ampliación ya la pasada primavera. Después la aceptó a regañadientes bajo la promesa de llevar “al mínimo posible” la afectación de espacios naturales. Y, cuando hace una semana se evidenció que la afectación sería importante —aunque con grandes medidas compensatorias,— acabó por descolgarse. Sin embargo, en este caso, Junts, el partido minoritario de la coalición, sí está alineado con las tesis del Gobierno central, algo inédito en el partido de Carles Puigdemont. En el Ayuntamiento de Barcelona las diferencias tampoco son menores. La alcaldesa Ada Colau, de Catalunya en Comú, el referente catalán de Podemos, ha vivido el parón del proyecto como una victoria. Justo lo contrario que su socio de gobierno, el PSC. Sin embargo, concejales socialistas de los municipios colindantes con el aeropuerto también han manifestado serios recelos con el proyecto.
En los últimos años buena parte del debate se ha basado en denunciar los supuestos agravios hacia Cataluña en materia de inversión y particularmente en infraestructuras como el aeropuerto, que las autoridades catalanas, siempre han querido convertir en un hub que compita con Barajas. De ahí la sorpresa de muchos por el éxito de las presiones de ambientalistas y de movimientos ciudadanos. El diagnóstico de la politóloga de la Universidad de Valencia Astrid Barrio es que los partidos se han quedado sin herramientas para resolver problemas como el que enfrenta respeto al medio ambiente y el progreso económico. “Llevan tanto tiempo hablando de política que se han olvidado de hablar de políticas y para volver a hacerlo necesitan recuperar la capacidad de interlocución con la sociedad que perdieron porque, entre otras cosas, están mal vistos”.
De ahí las maniobras imprevistas. “ERC ha rectificado, Junts sigue con la lógica de que el parón de la inversión es culpa de España; pero el relato ya no funciona”, resume el profesor Jordi Mir. De lo que está seguro es que no hay vuelta atrás: “El eje ecológico no desaparecerá del escenario político”.
“El eje ecológico ya no desaparecerá del escenario”, dice el profesor Jordi Mir
“Hablan de política y se han olvidado de las políticas”, dice la experta Astrid Barrio