El fiscal no ve delito en dar cargos a quienes frustraron la censura en Murcia
El ministerio público propone archivar la denuncia por cohecho de Podemos contra dirigentes del PP y Ciudadanos
Premiar a un diputado con un cargo político a cambio de hacer fracasar una moción de censura no es delito. Así lo cree la Fiscalía, que ha propuesto archivar la denuncia por presunto cohecho que presentó Podemos contra el secretario general del PP, Teodoro García Egea; el presidente de Murcia, Fernando López Miras; el exdirigente de Ciudadanos Fran Hervías; y los tres diputados de Cs que, desmarcándose de lo acordado por la dirección regional del partido, votaron contra la moción de censura presetada en marzo pasado por el PSOE en la Asamblea Regional .
La denuncia del Podemos se basaba en que los tres parlamentarios de Ciudadanos que hicieron fracasar el acuerdo entre Cs y PSOE para sacar del gobierno a López Miras fueron premiados con una consejería. La Fiscalía del Supremo, sin embargo, considera que el cargo que se les dio no puede considerarse una “ilícita recompensa”. Según el decreto firmado por el fiscal Javier Zaragoza, si nombrarles consejeros a cambio de evitar la caída de López Miras es cohecho también podría serlo darle esos cargos por votar a favor de la moción.
Para explicar su decisión, el Ministerio Público advierte que la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el cohecho entre cargos públicos se limita a tres casos en los que concejales recibieron dinero o inmuebles por cambiar el sentido de sus votos, pero no hay antecedentes de que se haya perseguido a un político por aceptar un cargo público tras un acuerdo entre partidos. Para la Fiscalía, que un diputado se oponga a un acuerdo político firmado por su formación es tan “políticamente aceptable” como participar de él, porque los parlamentarios no están sujetos legalmente a ninguna disciplina de voto.
El dictamen elaborado por el Pacto Antitransfuguismo en julio pasado consideró tránsfugas tanto a López Miras como a los diputados de Ciudadanos que incumplieron el acuerdo entre su formación y el PSOE. El informe rechazó las alegaciones del PP, que no consideraba que se tratase de transfuguismo porque estimaba que los diputados de Cs se mantuvieron “fieles” al acuerdo de gobierno alcanzado en julio de 2019 entre el PP y Cs. Sin embargo, el escrito señaló que los diputados de Ciudadanos estuvieron de acuerdo en firmar la moción de censura, promovida por su socio de gobierno y los socialistas, pero después se retractaron de su posición y del criterio de su partido, lo que supone “la primera causa de transfuguismo”. Y lo hicieron, proseguía el dictamen, porque negociaron “con el presidente del Ejecutivo regional acceder o mantenerse en cargos de gobierno”, lo que es “una segunda causa” para ser considerado tránsfuga.
La crisis de Murcia llevó al PP a abandonar el Pacto Antitransfuguismo, firmado por los partidos con representación parlamentaria en 1998 y actualizado por última vez en 2020. Este acuerdo considera tránsfuga al representante político que se aparte del criterio fijado por “los órganos competentes” del partido por el que fue elegido, y al que se separe de la disciplina de su partido.
Tras conocer la decisión del Ministerio Público, el coordinador autonómico de Podemos en Murcia y secretario en la Mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna, calificó de “preocupante” que la Fiscalía no vea cohecho en el acuerdo que frustró la moción de censura.