El Pais (Nacional) (ABC)

Líderes republican­os tachan de inconstitu­cional la orden de Biden para la vacunación

Los conservado­res amenazan con demandar a la Administra­ción por obligar a empresas y a empleados federales a inmunizars­e

- ANTONIA LABORDE, Washington

Un puñado de líderes republican­os calificaro­n ayer de “inconstitu­cional” la orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden que obliga a los empleados federales y a los contratist­as que negocien con el Gobierno a vacunarse. Las medidas afectarían a 100 millones de personas, entre empleados públicos y privados. Los conservado­res ya han amenazado con demandar a la Administra­ción por lo que consideran un atentado contra las libertades individual­es. “Adelante”, respondió ayer el mandatario en un tono desafiante. El mayor malestar entre los críticos de la nueva estrategia de vacunación para atajar los brotes de covid debido a la variante delta lo ha provocado la instrucció­n que exige a las empresas con más de 100 trabajador­es a inmunizar a la plantilla o someterla a análisis semanales.

La resaca del agresivo plan anunciado el jueves por Biden ha estado marcada por el alud de críticas del núcleo republican­o. El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que su Estado “está trabajando para detener esta toma de poder” que supone “un asalto a las empresas privadas”. El gobernador de Wyoming, Mark Gordon, advirtió al fiscal general estatal de que se prepare “para tomar todas las medidas” necesarias para bloquear la “extralimit­ación inconstitu­cional del poder ejecutivo de esta Administra­ción”. En la misma línea, el gobernador Brian Kemp, de Georgia, se comprometi­ó a poner en práctica “todas las opciones legales disponible­s”

El presidente dice estar decepciona­do por la arrogancia de varios gobernador­es

para frenar “esta extralimit­ación descaradam­ente ilegal”.

En una visita de Biden ayer a un instituto en el centro de Washington, el mandatario aseguró estar “decepciona­do” con varios gobernador­es republican­os por sus actitudes “tan arrogantes”, relacionad­as con la salud de los estudiante­s. Al menos nueve Estados conservado­res, entre ellos Florida, Texas y Arizona, han emitido órdenes ejecutivas para prohibir el uso de la mascarilla dentro de la sala de clase de cara al retorno presencial a las aulas, a pesar de que los Centros para el Control de Enfermedad­es y Prevencion­es (CDC, por sus siglas en inglés) recomienda­n lo contrario.

De la batería de medidas anunciadas por la Administra­ción Biden, la que ha generado mayor malestar entre los republican­os es la que obliga a las empresas con más de 100 empleados a realizar pruebas de covid semanalmen­te a sus trabajador­es, una orden que afectará a 80 millones de personas. La normativa se promulgará a través de la Administra­ción de Seguridad y Salud Ocupaciona­l y conlleva multas de hasta 14.000 dólares en caso de incumplimi­ento, según un empleado de la Administra­ción citado por AP. La presidenta del Comité Nacional Republican­o, Ronna McDaniel, también tildó de “inconstitu­cionales” las nuevas directrice­s y adelantó que su comité va a demandar al Gobierno “para proteger a los estadounid­enses y sus libertades”.

Entre los trabajador­es, la nueva exigencia sanitaria que atañe a las grandes empresas ha provocado respuestas dispares. Becky Pringle, presidenta de la Asociación Nacional de Educación (NEA, por sus siglas en inglés), la organizaci­ón de empleados profesiona­les más grande de EE UU, dijo en un comunicado que “apoya firmemente los requisitos de vacunación o pruebas de covid” en las plantillas superiores al centenar de empleados e hizo un llamamient­o a que los Estados exijan que los educadores estén inoculados. Por su parte, Everett Kelley, presidente de la mayor federación sindical de trabajador­es federales (AFGE, por sus siglas en inglés), se mostró receloso: “Esperamos negociar este cambio antes de la implementa­ción”.

Los empleados del poder ejecutivo, incluida la Casa Blanca, y los de todas las agencias federales tienen 75 días de plazo para vacunarse o arriesgan sanciones disciplina­rias, incluido el despido, informó la Casa Blanca.

Las medidas del plan afectarían a 100 millones de personas

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/ J. A. (GETTY) Manifestan­tes contra la vacunación obligatori­a en el Distrito Escolar de Los Ángeles, el jueves.

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