El Gobierno de EE UU demanda a Texas por su ley del aborto
El Departamento de Justicia de EE UU presentó el jueves una demanda contra el Estado de Texas por la polémica ley que prohíbe interrumpir el embarazo después de seis semanas de gestación. En rueda de prensa, el fiscal general, Merrick Garland, declaró que “la norma es claramente inconstitucional como prueban precedentes de la Corte Suprema”. Texas ha aprobado esa ley para “desafiar a la Constitución”, se lee en la demanda. “El Departamento de Justicia tiene la obligación de defender la Constitución de Estados Unidos y el Estado de derecho”, prosiguió el fiscal general. Garland también criticó el hecho de que la nueva legislación haga responsables de que se cumpla la ley a los ciudadanos que presten ayuda a una mujer “por ejercer sus derechos constitucionales”.
El pasado día 1 de septiembre entró en vigor la ley que supone el más duro revés para el aborto en Estados Unidos desde hace casi 50 años. La Casa Blanca dejó desde el principio clara su postura. Para el presidente, Joe Biden, la norma vulnera los derechos de las mujeres. La reacción del Departamento de Justicia dirigido por Garland llegaba el lunes, cuando anunció que el Gobierno federal se encargaría de proteger a las clínicas abortistas en caso de que sufrieran ataques.
Cazarrecompensas
Bajo la lupa de la Administración Biden está también lo que la Casa Blanca ha criticado como el espíritu de persecución del texto, ya que limita el papel de las autoridades en la vigilancia, pero, en cambio, permite a “cualquier persona” demandar a mujeres, médicos o a quien auxilie en la interrupción de un embarazo (con recompensas de hasta 10.000 dólares, unos 8.400 euros). “Este tipo de argucia que anula la Constitución de EE UU es a lo que deberían de temer todos los estadounidenses, independientemente del partido al que pertenezcan”, aseguró el fiscal general. Garland advirtió de que el elemento de la norma que alienta a los cazarrecompensas puede llegar a convertirse en un modelo a copiar para otros Estados “sobre otros derechos constitucionales”.
La portavoz del gobernador de Texas (Greg Abbott), Renae Eze, defendía la norma y acusaba a la Administración de Biden de actuar por motivos políticos, con el fin último de distraer a los ciudadanos de temas más importantes, como la salida de Afganistán o el continuo flujo de migrantes en la frontera sur del país.