La última cacería de Ortega desata el éxodo a EE UU
Más de 33.000 nicaragüenses han entrado de forma irregular desde octubre de 2020
Ángel Rocha tiene dos días marcados en su calendario como los peores de su vida. Uno fue el 9 de septiembre de 2020, cuando una patrulla de policía lo arrestó en su municipio del sur de Nicaragua y lo golpeó durante horas para que dejara de ejercer oposición contra el Gobierno de Daniel Ortega. Del otro no sabe la fecha exacta, pero en su mente lo ha marcado como el 27 de abril de 2018. Fue en la Universidad Politécnica de Managua, que entonces se había convertido en un bastión de la resistencia estudiantil en las inéditas protestas antigubernamentales. Según cuenta por teléfono desde Miami, un grupo de partidarios del Frente Sandinista infiltrados le torturó. “Me golpearon horrible. Recuerdo un golpe en la cara y que caí en el suelo. Cuando caí me prensaron la cabeza con el pie. Sentía que me estaba ahogando, pero estaba sobre un charco de mi propia sangre”, relata.
Rocha es uno de las decenas de miles de nicaragüenses que han cruzado este año la frontera de EE UU, una cifra que se ha disparado en los últimos meses coincidiendo con la cacería emprendida por el Gobierno de Ortega contra la oposición. Y alcanza niveles récord en las últimas décadas. Pero ninguna de esas dos experiencias le amedrentó. Ni eso ni que le persiguieran cuando hacía actos de protesta exprés con otros jóvenes cuando ya habían prohibido las manifestaciones, ni que saquearan su casa. El joven, que ahora tiene 27 años, seguía convencido de que algún día derrocarían el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo —su esposa y vicepresidenta— de manera pacífica. Como miembro de la Alianza Cívica y asistente del precandidato presidencial Arturo
Cruz, recorrió el país para tratar de organizar a la población antes de las elecciones del 7 de noviembre. Querían participar, dice, aunque fuera “para evidenciar que Ortega se las robó”.
Pero el 24 de junio, tras la detención de Cruz y otros líderes opositores y voces disidentes, se le agotó la esperanza. Alentado por su familia y amigos, decidió poner rumbo a Estados Unidos para no acabar en la cárcel él también. “No le dije a nadie que me iba. No pude ni despedirme de mi organización”, recuerda el joven que salió de su país por tierra con otro compañero con quien compartía casa de seguridad. “Ese miedo que tenés en Nicaragua se duplica una vez que sales de tu país porque no sabes en manos de quién vas a caer por el tema del crimen organizado. Pero cuando logras pasar el río y tocar tierra americana es increíble lo que sentís: llorás, orás, llamás a tus amigos”, cuenta Rocha. Desde que salió de Nicaragua hasta que llegó a Estados Unidos pasaron 20 días. Después, estuvo casi dos meses en varios centros de detención, un tiempo en el que apresaron a dos dirigentes estudiantiles cercanos a él.
Desde octubre pasado, las autoridades migratorias estadounidenses han registrado a 33.184 nicaragüenses tratando de ingresar por la frontera sur sin documentos, el número más alto en las últimas décadas. Solo en julio, cuando Rocha tocó suelo estadounidense, las autoridades migratorias contabilizaron a 13.391 ciudadanos de ese país registrados en la frontera, casi el doble de los de junio (7.441) y más del triple que en mayo (4.451).
Nicaragua supera a El Salvador como tercer país centroamericano con mayor registro de indocumentados,
después de Honduras y Guatemala. El éxodo actual de nicaragüenses es incluso mucho mayor que el que provocó la brutal represión de las movilizaciones contra el Gobierno de 2018, que causó más de 300 muertos, decenas de miles de exiliados a países como Costa Rica, EE UU y España y cientos de presos, desaparecidos y torturados.
Crisis humana
Detrás de estos números hay una enorme crisis humana, advierte Haydée Castillo, una defensora de derechos humanos que se exilió a Estados Unidos a finales de 2018 huyendo de la persecución de los sandinistas y las amenazas de muerte. “Es un drama. Un éxodo jamás visto en la historia de Nicaragua, peor que el que tuvimos en 2018, y a nosotros nos duele mucho”, dice la activista, que consiguió asilo político y que ha creado la organización Nicaragüenses en el Mundo, en la que cada día recibe solicitudes de sus compatriotas que le piden consejos para migrar o ayuda porque están en peligro en el camino.
Pese a que el repunte migratorio ha coincidido con la última ola represiva, tanto Castillo como Rocha coinciden en que no todos los migrantes nicaragüenses huyen por motivos políticos. Creen que la gestión del país por parte de Ortega y Murillo y los ataques a la disidencia han acabado con años de crecimiento económico, lo que sumado a la falta de esperanza de que la situación cambie, está impulsando a la gente a huir. “Cuando nos dicen que están desesperados por el hostigamiento, porque no tienen trabajo, por cómo mantener a sus hijos, y tienen amenazas de muerte, ¿cómo le podemos decir a la gente, ‘no salga, no busque ayuda’? Es una situación bien dolorosa”, insiste Haydée Castillo.
“Cuando salí de Nicaragua, salí con un sentimiento de culpa, con dolor porque yo me había prometido no salir al exilio, pero cuando ves que tu vida también compromete la vida de la familia y de la gente que trabajaba contigo no ves otra opción”, dice Castillo. “Yo salí de Nicaragua físicamente, pero nunca he dejado de estar conectada. Día y noche vivo pegada al teléfono y a la computadora documentando las violaciones de derechos humanos”.