La inflación real y su percepción social
Los vaticinios tranquilizadores del BCE contrastan con las anticipaciones alcistas de los hogares
La reciente decisión del banco central de prolongar la expansión monetaria (si bien con matices y precauciones retóricas), y así aligerar los costes de nuestra deuda pública, se fundamenta en una apuesta a un solo número: la inflación volverá a su cauce en los próximos meses. Según los expertos de Fráncfort, el IPC bajará del 3% actual al 1,7% en 2022 y al 1,5% en 2023 para el conjunto de la eurozona. Esta hipótesis justifica el mantenimiento de tipos de interés nulos, y promete una financiación del déficit público en condiciones de gran comodidad.
El vaticinio del gurú monetario está avalado por analistas independientes que recalcan que el actual episodio de alza de precios es transitorio, ya que refleja su brusco ajuste tras la disrupción de las cadenas productivas provocada por la pandemia. Es un hecho que la inflación subyacente, que descuenta los productos energéticos y los alimentos no elaborados, se sitúa en niveles reducidos, inferiores al objetivo del 2%. El legado de la crisis también respalda la visión de moderación. Cada empresa fija sus tarifas mirando de reojo a sus competidores. Y el mundo del trabajo, tras dos recesiones en solo 15 años (tres en el caso de España), no está en condiciones de reivindicar fuertes mejoras retributivas.
Bien es cierto que algunos sectores, caso de la construcción en España, la restauración en Francia o el transporte en Alemania y el Reino Unido, se enfrentan a una escasez de mano de obra, augurando incrementos salariales. Pero se trata de fenómenos puntuales, que podrían solventarse a medida que las personas en ERTE o en el paro cubren las vacantes, y que los trabajadores desanimados por la crisis se reincorporan al mercado laboral. La movilidad requiere de políticas activas y de formación, pero los gobiernos que quieran esforzarse disponen de un amplio abanico de experiencias que funcionan.
El cálculo parece sólido, pero su validez depende de que la economía se lo crea, es decir, de que cada agente anticipe una evolución globalmente moderada de los precios. Este es un factor psicológico, arraigado en parte en la observación del pasado. Pero la experiencia muestra que las expectativas pueden desanclarse, cuando empresas y trabajadores acumulan sorpresas negativas, es decir, pierden capacidad de compra como consecuencia de una infravaloración recurrente de la evolución general de los precios.
En el caso de España, el fuerte repunte del IPC registrado en los últimos meses coincide con mermas en las remuneraciones del trabajo. Los datos divulgados esta semana muestran una reducción de los costes salariales del 0,4% en el segundo trimestre, tras un estancamiento en el primero. Asimismo, los márgenes empresariales se estrechan por el encarecimiento de los suministros, un 14,9% en lo que va de año. De momento, el comportamiento de moderación prevalece, pero las expectativas empiezan a cambiar: el 49% de los consumidores anticipan la persistencia de las actuales tasas de crecimiento de los precios, o incluso una aceleración durante el próximo año (11 puntos más que en enero), contra solo el 4,8% que esperan una reducción de los precios (un punto menos). La tendencia es todavía más pronunciada para el conjunto de la eurozona, especialmente en países que se van acercando al pleno empleo.
En suma, la previsión de inflación está rodeada de gran incertidumbre: la brecha no para de crecer entre la observación objetiva del pasado, evidenciada por la moderación del núcleo central de precios y salarios, y las percepciones sociales cada vez más alcistas. La evolución del bucle precios-salarios en EE UU, donde las tensiones son más patentes, será un indicador adelantado a vigilar. Entre tanto, es imprescindible reducir nuestra propia vulnerabilidad ante un posible desanclaje, que abocaría a un endurecimiento inesperado de la política monetaria. De ahí la importancia de favorecer pactos con los interlocutores sociales y de quebrar la escalada de aquellos costes sobre los que incide directamente la política económica, como la electricidad.