La Sala de lo Militar, una solución para el Supremo
El CGPJ piensa en el traslado de magistrados para paliar el bloqueo
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planea recurrir de manera excepcional a magistrados de la Sala de lo Militar del Supremo para evitar el colapso previsto en la Sala de lo Contencioso-administrativo de ese tribunal, encargada de resolver, entre otros, los recursos contra el Gobierno. Se trata de solucionar, mediante la transferencia de magistrados de una sala a otra en comisión de servicio, los problemas de funcionamiento que empezarán a producirse en los próximos meses a causa del bloqueo político que impide nombrar cargos judiciales. Esta situación ha sido provocada por la negativa del PP, desde hace tres años, a acordar la renovación del CGPJ como establece la Constitución y por la reforma legal que imposibilita desde hace un año que un Consejo en funciones realice nombramientos discrecionales.
El Tribunal Supremo está formado por cinco salas (Civil, Penal, Contencioso-administrativo, Social y Militar) con 80 magistrados, y perderá este año ocho de ellos por jubilación, a los que se suman dos que han fallecido. La mitad de esas bajas afectan a la sala de lo Contencioso-administrativo, la que tramita más asuntos y también la que tiene más magistrados. Y la sala de lo militar es la que menos carga de trabajo soporta en la actualidad.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planea recurrir de manera excepcional a magistrados de la Sala de lo Militar para evitar el colapso previsto en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, encargada de resolver, entre otros, los recursos contra el Gobierno.
Esta medida insólita es la última solución que estudia el Gobierno de los jueces para resolver los problemas de funcionamiento que empezarán a producirse en los próximos meses en el Supremo como consecuencia del bloqueo en la renovación del Poder Judicial y de la reforma legal que impide hacer nombramientos de cargos judiciales.
El tiempo corre contra la Justicia en España. Tres años de bloqueo en el Gobierno de los jueces —por la negativa del PP a acordar la renovación de ese órgano como establece la Constitución— y la reforma legal que impide desde hace un año nombrar a cargos judiciales para cubrir vacantes, lastran el funcionamiento de un órgano fundamental del sistema democrático.
El Tribunal Supremo, la última instancia judicial en España formada por cinco salas (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar) con 80 magistrados, perderá este año una decena de sus jueces (ocho por jubilación y dos que han fallecido) sin que se hayan podido cubrir esas vacantes. La mitad de las bajas se ha producido en la sala de lo contencioso-administrativo, la que tramita más asuntos y también la que tiene más magistrados.
Primeras dificultades
Responsables del Poder Judicial sostienen que todavía no ha habido grandes problemas para resolver los recursos que tramitan cada una de las secciones de esa sala del Supremo. Pero aclaran que antes de seis meses llegarán las primeras dificultades serias.
La solución más sencilla pasa por el Partido Popular. Si desbloquea la renovación, se podrán hacer de nuevo los nombramientos para cubrir las vacantes porque sus votos en el Congreso y el Senado permiten al Gobierno sumar los tres quintos necesarios que establece la Ley para elegir al nuevo Consejo. Pero esa posibilidad parece muy lejana a juzgar por las palabras y los actos del líder del PP, Pablo Casado.
El Gobierno de los jueces ha estudiado el problema, que se agrava a medida que llegan nuevas jubilaciones al Supremo, y ha encontrado una solución de emergencia que piensa aplicar a partir de los primeros meses de 2022. Magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, la que menos carga de asuntos soporta en la actualidad, podrán compatibilizar su trabajo con el de la Sala de lo Contencioso-administrativo, donde podrán ir destinados en comisión de servicio como medida excepcional para evitar el colapso de este órgano por falta de jueces. Éste es el plan de emergencia en el que se trabaja ahora.
La Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo, con 31 magistrados, es el principal motivo de preocupación en el Consejo General del Poder Judicial. Este año terminará con seis bajas (por fallecimientos o jubilaciones) que no han podido ser cubiertas debido a la reforma legal vigente que impulsó el Gobierno y que prohíbe al Consejo hacer nombramientos cuando tiene su mandato caducado, como sucede ahora.
Dos recursos clave
La sala de lo contencioso administrativo deberá pronunciarse en los próximos meses sobre dos recursos que piden anular decisiones clave del Gobierno de Pedro Sánchez: los indultos a los independentistas condenados por el procés y el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Se trata de una sala clave en el funcionamiento de la Administración de Justicia pues entiende de los recursos que se presentan contra decisiones del Gobierno central, del Congreso y el Senado, del Tribunal de Cuentas e incluso del Tribunal Constitucional.
El Gobierno de los jueces ha barajado distintas posibilidades para impedir el colapso de esta sala por la existencia de plazas vacantes sin cubrir. En un principio se planteó utilizar a magistrados de lo contencioso administrativo del Supremo que estuvieran jubilados, o echar mano de jueces de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Pero ninguna de estas fórmulas les ha convencido, según explican dirigentes del Consejo a EL PAÍS.
Por otra parte, explican estos mismos responsables del Gobierno de los jueces, los magistrados de la Sala de lo Militar son especialistas en el área de lo contencioso-administrativo y en el área penal por el tipo de recursos que deben resolver.
El Consejo General del Poder Judicial, atenazado por una reforma legal que le impide ejercer una de sus funciones principales cuando está con el mandato de cinco años caducado —los nombramientos de cargos judiciales para cubrir las vacantes que se producen—, lleva meses estudiando medidas para evitar el colapso de la Administración de Justicia.
La reforma legal que impide hacer nombramientos, una medida con la que el Gobierno pretendía presionar al PP para que desbloquease la renovación, afecta ya en su primer año de aplicación a medio centenar de altos cargos judiciales.
Además de las ocho bajas del Supremo por fallecimiento o jubilación que no podrán ser cubiertas, hay otros 40 cargos judiciales con el mandato caducado que siguen en sus puestos en Audiencias Provinciales o Tribunales Superiores de Justicia sin poder ser renovados.