El 41% de los fondos europeos para 2021 está ya comprometido
El Gobierno tiene ya comprometido el 41% de los 24.000 millones en fondos europeos previstos para este año
El Gobierno ya ha comprometido el 41% de los 24.000 millones procedentes de los fondos europeos disponibles para este año, ha autorizado un 46% y ha ejecutado el pago del 18,7%, según datos de Hacienda.
Para recibir esos fondos es imprescindible cumplir con las reformas. Según figura en el plan normativo, en este cuatrimestre el Gobierno tiene que avanzar en 16 proyectos con rango de ley. Toca a uno por semana.
Gastar las ayudas europeas es una prioridad para el Gobierno
El Gobierno encara una agenda económica muy intensa de aquí a final de año. Sobre la mesa tiene las reformas comprometidas con Bruselas, la aprobación de los Presupuestos, la prórroga de los ERTE y su conversión en algo permanente, los cambios para bajar el precio de la luz, la subida del salario mínimo, desatascar las ayudas a empresas y ejecutar a tiempo los fondos europeos. Todo ello en 16 semanas frenéticas con difíciles equilibrios parlamentarios.
Gastar las ayudas europeas es una prioridad. En las últimas fechas se ha pisado el acelerador. Según Hacienda, de los 24.000 millones dispuestos para este año, ya está comprometido el 41%, autorizado el 46% y realizado el pago del 18,7%. A partir de diciembre de 2022 se dejará de poner el foco en las reformas para en su lugar comprobar que los recursos se están gastando y que se cumple con unos objetivos que son muy exigentes. Por esa razón, el Gobierno tiene el enorme reto de arrancar y engrasar la maquinaria de gasto, esencial para dar impulso a la recuperación.
Para poder recibir esos fondos de Europa, es imprescindible cumplir con las reformas. Según figura en su plan normativo, en este cuatrimestre el Gobierno tiene que avanzar en 16 proyectos con rango de ley. Toca a uno por semana. Una de las iniciativas que encara más escollos es el mecanismo de equidad intergeneracional, un sistema para evitar que la jubilación del baby boom sobrecargue las pensiones. Respecto a este mecanismo, el ministro Escrivá señaló que implicaría un pequeño ajuste o tener que trabajar más tiempo. Sin embargo, al día siguiente tuvo que recular. Su legislación estaba comprometida con la UE para 2022 en sustitución del llamado factor de sostenibilidad, una fórmula que aprobó el PP, cuya entrada en vigor había sido pospuesta y que recortaba las prestaciones en función del aumento de la esperanza de vida. Pero los sindicatos se empeñaron en que este factor se eliminase ya. Ni Bruselas ni la CEOE querían que se suprimiese el factor de sostenibilidad sin poner otro que lo sustituyese. Así que el acuerdo dice que patronal y sindicatos tienen que consensuar para el 15 de octubre el nuevo mecanismo. Si no lo hacen, el Gobierno tendrá que legislar solo y asume que esto es una probabilidad. Tendrán que tramitarlo en muy poco tiempo y en un contexto parlamentario que hace adivinar tensiones.
La otra reforma que afronta una negociación complicada es la laboral. Ahora mismo parece inconcebible que la CEOE respalde la actual propuesta de Trabajo, que según fuentes de la patronal restringe la temporalidad, la subcontratación y la flexibilidad interna. Estas aseguran que si se modifica el artículo 41 en los términos que plantea el Gobierno implicaría una contrarreforma de 2012. Así que la patronal intenta buscar alternativas para rebajar la temporalidad
Los ministerios tienen que avanzar en 16 proyectos legislativos
El Ejecutivo puede tener que legislar solo la corrección de las pensiones
Seguridad Social añadirá a la renta mínima una cuantía fija por niño
y mejorar el empleo juvenil sin que haya un impacto en la contratación. El equipo de Yolanda Díaz tiene mucha labor por delante. El documento firmado por los líderes europeos para conceder los fondos dice: “Los cambios no resultarán en obstáculos desproporcionados para que las empresas se ajusten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad”. También deja claro que la reforma debe contar con el visto bueno de la patronal.
Trabajo y Seguridad Social tendrán que pactar con los agentes sociales la prórroga de los ERTE, que vencen el 30 de septiembre. Esta servirá para ensayar los nuevos ERTE estructurales, cuya financiación está aún por resolver.
Todos los días tendrán su afán. Ante la escalda del precio de la electricidad, el presidente Sánchez se ha atado al mástil con la promesa de que este año se pagará lo mismo de luz que en 2018. Y en Transición ponen todos sus esfuerzos para que el martes esté listo el paquete que debe asegurarlo. Se estudian más rebajas de impuestos, reducciones de cargos, emplear ingresos de las subastas del CO2 o adelantar la legislación para suprimir la sobrerretribución por derechos de CO2. Probablemente ese día se apruebe, sin acuerdo con la patronal, la subida del salario mínimo.
Sánchez ha encargado que los Presupuestos se lleven al Consejo de Ministros entre finales de septiembre y principios de octubre. Hacienda y Podemos negocian. Aunque la reforma fiscal se hará a partir del informe de expertos de febrero, el Gobierno dará algún paso como establecer un mínimo del 15% en sociedades. Podemos reclama una prestación universal por crianza. Y Seguridad Social trabaja ya en algo distinto: quiere dar una cuantía fija adicional por niño que se entregará a las familias beneficiarias del ingreso mínimo vital y otras que estén en umbrales de renta algo superiores.
Se espera además una subida con la inflación de pensiones y sueldos de funcionarios para apuntalar el relato de la fuerte recuperación. En estas conversaciones sobre los Presupuestos entrará la ley de vivienda y los límites al precio del alquiler que quiere Podemos. Y las negociaciones para recabar el apoyo de ERC a los Presupuestos cobran una nueva dimensión tras suspenderse la inversión de El Prat. Transportes también tiene entre sus prioridades avanzar en la ley de movilidad que incluye el sistema de peajes.
Tras el PERTE del coche eléctrico, Industria prepara un nuevo proyecto estratégico financiado con fondos europeos: el agroalimentario. Y Economía trabaja en la aprobación de varias leyes pensadas para mejorar el clima empresarial: la reforma concursal que facilitará la exoneración de deudas; la legislación de creación empresarial y la ley para fomentar las start-up. Pese a que se ha pedido a Bruselas una prórroga del marco de ayudas europeo por la covid, Economía no alargará el plazo para dar los 7.000 millones en ayudas a empresas más allá del 31 de diciembre. Están presupuestadas para este año, alegan.