Latinoamérica confía en los tribunales para abrir el camino al aborto
En la región las mujeres aún son encarceladas por la interrupción del embarazo o se arriesgan a morir por una legislación punitiva
El 7 de septiembre de 2021 se recordará en México como el día en que se despenalizó el aborto, es decir, el día en que la Suprema Corte de Justicia sentenció que ya nunca una mujer pisará la cárcel por haber frenado su gestación, y que las que están dentro recobrarán su libertad. En breve se las verá salir a la calle. Serán unas 40 o 50 en un país de 126 millones de habitantes, porque hay un dato aún peor: seguramente sean más las que mueren tratando de lograr lo que los Estados les vienen negando durante décadas.
En México se practican cada año cerca de un millón de abortos clandestinos y un tercio de ellos acaban en complicaciones médicas. La tasa anual de hospitalizaciones por cada mil mujeres de 15 a 19 años se incrementó de 6,1 a 9,5 entre 2000 y 2010, según datos del Gobierno. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 47.000 embarazadas pierden la vida en el mundo cada año como consecuencia de abortos inseguros.
En la frontera sur del país se extiende toda la región latinoamericana, que presenta en este asunto las mismas desigualdades que el propio México si se mira Estado
por Estado: solo cuatro de los 32 que integran el país han dictado una ley de plazos moderna (permiten interrumpir el embarazo en las 12 primeras semanas de gestación) y ahora, probablemente, se sumará Coahuila, sobre cuyo Código Penal dictó sentencia la Suprema Corte para abolir la cárcel, un caso que sienta jurisprudencia y obliga a todos los jueces mexicanos a fallar en consecuencia.
Parecido ocurre en la región. Mientras Argentina ondeó sus pañuelos verdes en diciembre de 2020 para saludar una ley de plazos largamente reclamada, Chile está todavía en mantillas. Ecuador se vio beneficiado también recientemente por su sistema judicial, que despenalizó el aborto en caso de violación mientras que en El Salvador las que intentaron o lograron parar su gestación son encerradas en cárceles infectas. En Brasil, la interrupción del embarazo es relativamente habitual, sin embargo, la legislación se mantiene en los supuestos clásicos: solo en caso de peligro para la vida de la madre, cuando el feto es anencefálico o en caso de violación, informa Naiara Galarraga Gortázar. De todos ellos, Colombia es el que más esperanzado se ha mostrado con la sentencia en
México. Esperan un contagio en su territorio, también por la vía judicial, que ha dado signos en los últimos tiempos que querer desterrar el aborto del Código Penal, con algunas modificaciones. “La tendencia en Latinoamérica es positiva, pero México ha ido un paso más allá. Es lo que pedimos en Colombia desde el movimiento Causa Justa. Esperemos que esto sea una señal, un acicate para la Corte colombiana”, dice Mariana Ardila, vocera de Women’s Link Worldwide y abogada de la Dirección Legal de esta organización.
Los contagios entre los máximos tribunales de cada país no son inusuales, por eso las feministas ven el paso dado en México con optimismo. Precisamente en este país se reclama estos días la inconstitucionalidad del 16% del IVA para los productos de higiene femenina, una exigencia inspirada en lo que ya dictaron los jueces en Colombia. La Corte Interamericana devolvió sus hijos a una jueza chilena lesbiana, Karen Atala, en 2012, tomando como base el pronunciamiento de la Suprema Corte mexicana sobre el matrimonio igualitario. Hay muchos otros ejemplos. “Claro que hay diálogo jurídico entre países y si no, ya estamos una legión de abogadas para asegurarnos que les lleguen las ideas”, dice Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta, una organización feminista mexicana.
El caso es que las mujeres de medio mundo miran en estos tiempos más hacia las Cortes judiciales que hacia sus gobiernos, donde a veces no encuentran más que frías palabras. “Respeto la decisión de la Corte”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre se ha puesto de perfil ante el aborto porque considera que es un asunto que divide a la población. Y tanto. Pasa en el mundo entero. Pero también la dividen otras políticas y no ha tenido empacho en cargar contra los jueces o la oposición para defenderlas.
La Suprema Corte declaró el viernes inconstitucional la protección de la vida desde la concepción, por tanto, eso no podrá usarse para restringir los derechos reproductivos de la mujer. Ese artículo lo tienen varios de los Estados de México, precisamente para blindarse contra el aborto. Los países federales, como Estados Unidos o México, tienen poco margen, es cierto, para intervenir en estas cuestiones, que competen a sus Estados. “Lo que se podría hacer es redactar un Código Penal federal que fuera de cumplimiento para todos los Estados, lo que implicaría una reforma constitucional”, explica Rebeca Ramos, directora de Gire, la organización más representativa de la lucha por el aborto en México. Se muestra feliz por el fallo de inconstitucionalidad recién aprobado y esperanzada por el rumbo de algunos Estados mexicanos, que ya dan signos de querer ir cambiando las cosas en este terreno.
En pocos países como en México la Constitución consagra (en su artículo 4) “el derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos”. “Es un sueño”, sostiene Vela. Pero en este país, muchos sueños se quedan en la letra legal. “Podemos afirmar que los Estados están incumpliendo la Constitución”, afirma esta abogada. “Nuestro sistema de impugnación judicial, los amparos, no están pensados para lidiar con problemas sistémicos como la discriminación. En México hay más de 40 fallos que protegen el matrimonio igualitario y, sin embargo, seguimos teniendo que recurrir a amparos para poder casarnos”, sigue Vela.
“La justicia me maltrató”
La mexicana Dafne McPherson tenía 25 años y trabajaba en un centro comercial del Estado de Querétaro cuando sintió un fuerte dolor en el vientre y comenzó a perder mucha sangre. Ocurrió en 2015. Parió en el baño un bebé que al poco murió. Hasta ese momento desconocía que estaba embarazada. “Me trataron como si yo tuviera la culpa”, dice en referencia al personal sanitario. Después de una larga cirugía, McPherson despertó esposada a la cama del hospital. Desorientada y bajo los efectos de la anestesia, la Fiscalía intentó que declarara por escrito que se había provocado un aborto. Seis meses después, un tribunal la condenó a 16 años de prisión y pasó entre rejas tres años y cuatro meses.
Ahora, fuera de la cárcel y después de una ardua batalla legal, McPherson se alegra de la sentencia de la Suprema Corte. “Sentí bien bonito cuando me enteré”, dice por teléfono. “En mi caso la justicia me maltrató y fue cruel. La Fiscalía me comparó con una perra y los jueces buscaron echarme la culpa por puro prejuicio. Desde el principio sabía que ya me habían condenado”.
El personal sanitario es la otra pata de este asunto. La objeción de conciencia campa a sus anchas. Pero la Suprema Corte, de nuevo, tiene previsto pronunciarse sobre esto en breve.
En México se practican al año cerca de un millón de abortos clandestinos
Los países federales tienen poco margen para intervenir en estas cuestiones
La objeción de conciencia de los sanitarios campa a sus anchas