Memoria pétrea del franquismo
Más de 5.000 monumentos, escudos, placas y lápidas repartidos por España exaltan la dictadura. Los ultras los quieren blindar tras décadas de abandono
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado un nuevo guiño a Vox al incluir, en el proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, una mención a “la arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces”. Desde su Ejecutivo se ha hecho saber que esta disposición podría aplicarse a la cruz del Valle de los Caídos, ahora rebautizado como Cuelgamuros. Hace meses que el partido ultra, cuyo apoyo es imprescindible para el Gobierno regional, viene reclamando a Díaz Ayuso que blinde la gran cruz de 150 metros que se yergue en la sierra de Guadarrama del supuesto afán iconoclasta de la izquierda, mientras ella asume el discurso del partido ultra para robarle votantes en las elecciones autonómicas de mayo.
En realidad, se trata de un brindis al sol. Según fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la Comunidad de Madrid no tiene ninguna competencia sobre el conjunto monumental de Cuelgamuros, cuya gestión corresponde en exclusiva a Patrimonio Nacional, y la pretensión de proteger la cruz de un hipotético plan para derribarla carece de sentido, pues “esta posibilidad nunca ha estado sobre la mesa”, pese a las repetidas proclamas alarmistas del líder de Vox, Santiago Abascal. Lo que ordena la ley es “resignificar” aquel espacio, para que deje de ser lugar de peregrinación de nostálgicos de la dictadura, como sucedía hasta que en octubre de 2019 se trasladaron los restos de Franco al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid).
Más allá de Cuelgamuros, Vox ha anunciado una ofensiva en el Congreso y en los parlamentos autonómicos en los que tiene representación (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Baleares) para obstaculizar la aplicación de la ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el pasado 21 de octubre. “No pode- mos permitir que, con la excusa del fanatismo ideológico de estos vándalos, se destruya parte de nuestro patrimonio nacional”, argumentó el portavoz y vicepresidente del partido ultra, Jorge Buxadé.
La ley obliga a retirar —nunca destruir— aquellos “escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública” que hagan exaltación de la sublevación del 18 de julio de 1936 y del franquismo, “de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”, en referencia a la División Azul, incluidos los topónimos del callejero y nombres de centros públicos, como colegios. Sin embargo, excluye los “elementos con singular valor artístico que formen parte integrante del Patrimonio Histórico Español” y también aquellos cuya retirada pueda poner en riesgo la estabilidad del inmueble en el que se encuentren.
Por este hueco quiere colar Vox la protección de símbolos e inscripciones apologéticos de la dictadura, mediante su catalogación como “bienes de interés cultural”. Tal declaración, por parte de la comunidad autónoma en la que esté ubicado el bien de que se trate, requiere de un complejo expediente en el que debe recabarse el informe de los expertos. Pero el mero inicio del procedimiento ya garantiza la misma tutela y protección que si hubiera sido declarado como tal, lo que impide su retirada.
Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática se asegura que la decisión de una comunidad autónoma no puede ir en contra de lo que ordena una ley estatal, pero Carles Mulet, senador de Compromís y uno de los más activos promotores de la retirada de los vestigios franquistas de los espacios públicos, pronostica una larga batalla en los tribunales.
La Secretaría de Estado alega que todavía no dispone de un catálogo completo de “símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”, cuya confección ordena el artículo 35 de la ley, ya que está a la espera de que comunidades autónomas y entidades locales respondan a la demanda de información que les ha dirigido. Sin embargo, la web deberíadesaparecer.com, que promueve la Fundación Jesús Pereda, del sindicato Comisiones Obreras, y subvenciona el Ministerio de la Presidencia, tiene registrados 5.596 elementos (el 82% en espacios privados y el 18% en públicos): 102 escudos y relieves, 228 monumentos y conjuntos monumentales (diez de ellos con más de 20 metros de altura), 290 inscripciones y lápidas conmemorativas y 4.391 placas, además de seis localidades y 579 calles con nombres franquistas.
Muchos de estos elementos ya han sido blanqueados mediante la retirada de los símbolos franquistas más visibles, en aplicación de la anterior ley de Memoria Histórica, de 2007. Por ejemplo, del monumento a la Batalla del Ebro, en Tortosa (Tarragona) se quitó el víctor franquista que sujetaba el águila en sus garras; mientras que en el monumento a los caídos de Pamplona, que sirvió de mausoleo a los generales golpistas Mola y Sanjurjo, se tapó la inscripción: “Navarra, a sus muertos en la Cruzada”. Ello no ha impedido, sin embargo, que continuara la polémica: el desmontaje del monumento a la Batalla del Ebro, ordenado por la Generalitat, fue paralizado por un juez; mientras que el Parlamento navarro ha pedido que se prive al monumento a los caídos de Pamplona de la protección de la que goza.
Hay obras que, por su propia estructura, no se pueden resignificar, como la dedicada a los Héroes de España en Melilla, cuyo elemento más monumental es un gran Águila de San Juan con un escudo franquista, por lo que el propio Gobierno de la ciudad autónoma apuesta por retirarlo.
Aunque algunos monumentos de la dictadura ubicados en ciudades han sufrido grave deterioro debido a la falta de mantenimiento, como el Arco de la Victoria en el barrio madrileño de Moncloa, no llegan al estado ruinoso de los emplazados en pleno campo. Es el caso de la llamada Pirámide de los Italianos, en el puerto del Escudo (Burgos). Construida por presos republicanos en plena guerra civil e inaugurada en 1939 por el conde Ciano, yerno de Mussolini, sirvió de mausoleo a casi 400 soldados fascistas que combatieron junto a las tropas de Franco en la batalla de Santander. En 1975, después del accidente de un autobús en el que viajaban familiares de los fallecidos, el Estado italiano retiró los restos y el monumento quedó desatendido y sometido a las inclemencias meteorológicas y la rapiña de los desaprensivos. A pocos kilómetros, en el puerto de Carrales, se levanta El Águila de Sagardía, una mole de mármol y hormigón construida en 1940 para mayor gloria del general golpista Antonio Sagardía, algo mejor conservada debido a su sólida estructura, pero cercada igualmente por la maleza y los gamberros. El ayuntamiento en cuyo término se levanta, Alfoz de Bricia (Burgos), no quiere hacerse cargo de su cuidado.
En la misma comunidad autónoma se encuentran los monumentos al falangista Onésimo Redondo (en Labajos, Segovia) y a los generales sublevados Yagüe (en San Leonardo de Yagüe, Soria) y Mola (en Alcocero de Mola, Burgos). Estas dos últimas localidades cambiaron de nombre en homenaje a los militares rebeldes que nacieron, en un caso, o murieron, en el otro, allí. Algunos de los vestigios más espectaculares del franquismo se encuentran así en Castilla y León, cuya consejería de Cultura ostenta Vox.
El partido ultra acusa a la Ley de la Memoria Democrática de atentar contra la libertad de cátedra e imponer una visión sesgada de la historia, pero promueve la llamada Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, para recuperar la verdad franquista. Su presidente es Javier Campal, impulsor de la demanda que intentó paralizar la exhumación de los restos de Franco; y una de sus caras públicas es el profesor Fernando Paz, quien en 2019 tuvo que renunciar a ser candidato de Vox al Congreso por unas declaraciones en las que minimizaba el Holocausto. En el Casino Militar de Madrid justificó el golpe de Estado de Franco alegando que se sublevó contra “una legalidad liquidada e ilegitima” y abogó por que “no se vuelva a repetir lo que se produjo hace 80 años, pero [por]que no haya causas para que lo tengamos que repetir”.