El Gobierno ultima un órgano que investigue los grandes siniestros
Una autoridad independiente aglutinará las tres entidades ahora existentes
El Gobierno ultima un anteproyecto de ley para crear una autoridad independiente encargada de la investigación y la prevención de accidentes aéreos, ferroviarios y marítimos con múltiples víctimas. Este organismo, una larga reivindicación de las asociaciones de víctimas, contará con autonomía financiera y no dependerá de ningún ministerio, según el Ejecutivo. Actualmente, la investigación de este tipo de sucesos se reparte en tres entidades: la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos (CIAM). Todos ellos dependen del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, e investigan de forma separada los tres tipos de accidente. La nueva autoridad sería el resultado de la unificación de estas tres entidades, y, por tanto, procedería tanto en caso de accidente aéreo, como ferroviario o marítimo.
En marzo de 2022, este anteproyecto de ley ya llegó al Consejo de Ministros a propuesta de la titular de Transportes, Raquel Sánchez. Entonces se desgranaron algunas de las cuestiones que contiene la nueva agencia para convertirla en un órgano independiente. Por ejemplo, el nombramiento de las personas que integrarán su órgano directivo se hará a propuesta del Ministerio de Transportes, por Real Decreto y con la intervención previa de la comisión competente en el Congreso de los Diputados.
El anteproyecto de ley regula también el régimen jurídico de la investigación técnica de accidentes e incidentes en los tres medios de transporte. Para ello, fusiona en un único texto las normativas sectoriales vigentes en la actualidad sobre estos sucesos. Además, se optimizarán los recursos dedicados a la investigación y se garantizará la cualificación del personal, estructurado en unidades especializadas por cada modo de transporte. El texto determina, por tanto, los accidentes e incidentes que deben ser investigados por la autoridad, el procedimiento de investigación técnica, el régimen de la información de la investigación y las relaciones con otras instituciones. Asimismo, incluye un régimen de información específico para las víctimas, familiares y asociaciones de víctimas.
El objetivo del Gobierno es llevar este anteproyecto al Consejo de Ministros del martes para que su tramitación llegue al Congreso lo antes posible y, así, aprobar el texto antes de que finalice la legislatura. Tras pasar por el Consejo de Ministros comienza la fase de recabar informes de los ministerios y organismos afectados por la materia, y el posterior dictamen del Consejo de Estado.
La creación de un órgano unitario para investigar este tipo de siniestros ha sido una de las reivindicaciones de las asociaciones de víctimas, como la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair. Pero también el Congreso de los Diputados se ha pronunciado: en mayo de 2021, la comisión parlamentaria que investigó este accidente aéreo —uno de los mayores de la historia de España, con 154 personas fallecidas y 18 heridos graves— emitió 11 conclusiones y 13 recomendaciones. El texto que surgió de la comisión hacía una mención explicita a la
La comisión actuará en tragedias aéreas, marítimas y ferroviarias
El proyecto incluye para los afectados un régimen específico de información
creación de un órgano “multimodal” de investigación y prevención de accidentes “con víctimas múltiples”. En su primera recomendación, la resolución urgía al Gobierno a que esta entidad fuera “independiente” del Ministerio de Transportes, que respondiera solo de las Cortes Generales, y que estuviera compuesta por expertos. La conclusión general de aquella comisión, aprobada por 219 votos a favor frente a los 121 del Grupo Socialista, es que “fallaron todas las barreras de seguridad” por parte del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
En las investigaciones tanto políticas como judiciales del accidente ferroviario de Alvia en Angrois (Santiago de Compostela), el 24 de julio de 2013, se han alegado también problemas de seguridad. En septiembre de 2018 se puso en marcha una comisión de investigación en el Parlamento para esclarecer lo ocurrido en este accidente que provocó 80 muertos y 152 heridos, y que aún no ha concluido.
No obstante, la Comisión Europea tumbó en 2016 las pesquisas que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente de Transportes, impulsó justo después de aquel siniestro. Las indagaciones descargaron la responsabilidad en un despiste del conductor, que no frenó en la curva porque estaba hablando por teléfono. La Agencia Ferroviaria Europea invalidó el dictamen por varias irregularidades. Entre ellas, se constató que en el equipo investigador estaban presentes los directores de Seguridad de Adif y Renfe, organismos implicados en el accidente, y su trabajo apenas estudió la relación que la gestión de la vía pudo tener en el siniestro.