Facturas falsas y pagos exprés para desviar fondos
La Audiencia de Madrid detalla las irregularidades del ‘caso Cuarteles’
La investigación sobre la trama de corrupción destapada por el llamado caso Cuarteles ha revelado que los presuntos implicados se valieron de varias tretas para desviar fondos públicos inicialmente destinados a la mejora de las instalaciones de la Guardia Civil en 13 comandancias. Las pesquisas han constatado hasta ahora una larga lista de supuestas irregularidades cometidas por el grupo, cuyo presunto cabecilla era el teniente general Pedro Vázquez Jarava. Entre ellas, la emisión de facturas falsas por trabajos que nunca se ejecutaron, el fraccionamiento injustificado de los presupuestos de las obras en cantidades que no superaran los 5.000 euros para eludir controles y la tramitación exprés de los pagos al constructor presuntamente beneficiado por las irregularidades, según detalla un auto dictado el 20 de febrero por la Audiencia Provincial de Madrid al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Vázquez Jarava, en situación de retiro desde enero de 2018, está acusado de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y malversación. El otro alto mando imputado, el teniente coronel Carlos Alonso, que era el jefe de la Comandancia de Ávila, solo lo está de estos dos últimos delitos, según detallan fuentes del instituto armado. Un tercer mando, el coronel José María Tienda, fue cesado el pasado miércoles por Interior como jefe de la Guardia Civil en Tenerife también por estos hechos, en los que, además, están implicados dos empresarios.
Las pesquisas se iniciaron en mayo de 2018, después de que el Ministerio del Interior recibiera un escrito anónimo en el que se denunciaban supuestas irregularidades en los contratos de obras de la Comandancia de Ávila. Desde entonces, la investigación se ha extendido a otras 12 provincias y afecta ya a 193 contratos con un valor estimado de 3,3 millones de euros. En el epicentro de la supuesta trama se sitúa el general Vázquez Jarava, que en el momento en el que se hicieron las obras era el responsable de la Subdirección General de Apoyo, uno de los puestos de mayor poder dentro de la Guardia Civil al gestionar los recursos financieros y patrimoniales de la institución. Junto a él, los investigadores sitúan el constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, Mon, adjudicatario de los contratos bajo sospecha. Este empresario aparece citado en otro sumario de corrupción, el caso Mediador, aunque fuentes de la investigación descartan por ahora una conexión entre ambas causas.
Las investigaciones más avanzadas son las que afectan a los cuarteles en Ávila, provincia que cuenta con 27 instalaciones de la Guardia Civil. El juez tiene ya dos informes, uno del interventor de la Guardia Civil en Castilla y León y otro de una perito, sobre las supuestas irregularidades en, al menos, tres de los puestos del instituto armado en esta provincia. En concreto, los de Navarredonda de Gredos, Arévalo y Hoyo de Pinares. Los documentos periciales apuntan a elevadas diferencias entre el coste real de las obras y las cantidades finalmente abonadas.
Según uno de estos informes, en una de estas adjudicaciones se gastaron 99.173 euros de dinero público cuando lo ejecutado tenía un valor de 19.938 euros. El resto, 79.938 euros, que supone un 80% del valor del contrato, fue presuntamente desviado por la trama.
Por estos hechos, está investigado entre otros el que entonces era jefe de la Comandancia de Ávila, el teniente coronel Carlos Alonso. Ha sido un recurso de este alto mando a su imputación el que ha motivado el auto de la Audiencia Provincial en el que se detalla el modus operandi de la trama. Siempre según este documento judicial, que cita las declaraciones como testigos de cuatro guardias civiles destinados en cuarteles en la provincia y del propio constructor canario, las supuestas irregularidades abarcaban todo el proceso de la obra, desde los pasos previos a la adjudicación al pago.
Un segundo empresario
A ello, los magistrados añaden otras supuestas irregularidades detectadas. En concreto, “la discordancia entre los trabajos realizados [en su mayoría de pintura e impermeabilización] y el contenido de las facturas”. Y añaden que, en algunos casos, los pagos se hicieron a pesar de que los trabajos se habían realizado de manera parcial o, incluso, ni se habían llegado a hacer. Una de las agentes declaró que “se pagaron facturas sin que se hubiesen realizado las obras”. El propio constructor canario admitió en su declaración en el juzgado la “existencia de importes en facturas que no se correspondían con lo realmente ejecutado”, aunque lo intentó justificar asegurando que lo compensaba con trabajos extras en otros cuarteles. Según aseguró, hizo esto con unos trabajos en la provincia de Badajoz que cargó en las facturas por obras en Ávila.
El auto destaca también que algunas facturas fueron expedidas a nombre de un segundo empresario también imputado, quien aseguró que facilitó sus datos fiscales a Tejera de León para asegurarse el cobro de una deuda que este tenía con él; el fraccionamiento de facturas y el pago de los importes sin la comprobación previa de que los trabajos se habían realizado ni siquiera por el propio constructor, que admitió que “no supervisaba los trabajos que realizaban los trabajadores”.