Confirmada la pena de cárcel para el expresidente del Tenerife
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 23 meses de prisión impuesta al empresario Miguel Concepción Cáceres, expresidente de la aerolínea Islas Airways y del club de fútbol CD Tenerife, por un delito continuado de estafa agravada en las bonificaciones oficiales del 75% del importe de los billetes de avión que otorga la Administración a los residentes en Canarias. El tribunal condena también a ocho meses de cárcel a sus dos hijas, como cómplices del delito. La sentencia de la Audiencia de Tenerife, ratificada por el alto tribunal en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece, además, que deberán indemnizar al Estado con 3,98 millones de euros. Miguel Concepción tendrá que abonar un 50% de este importe y sus dos hijas —Eloísa y Verónica Concepción Rodríguez—, un 25% cada una.
Los residentes canarios y los baleares tienen derecho a un descuento del 75% en los vuelos nacionales. Los hechos probados muestran que entre noviembre de 2007 y abril de 2011 la aerolínea Islas Airways liquidó 47,26 millones por vuelos interinsulares en la Comunidad Autónoma de Canarias, 8,39 millones de euros más de lo que le correspondía por los viajes que habían hecho realmente los pasajeros.
“Respaldo documental”
Concepción Cáceres, presidente de la compañía, “ideó y adoptó” una estrategia consistente en remitir ficheros de vuelos y certificaciones “que aparentaban ser correctos y contar con respaldo documental”, según el auto. Esta práctica le permitió superar los controles rutinarios, “cuando en realidad carecían de sustento o no respondían a la realidad”.
El tribunal considera correcta la calificación hecha por la Audiencia de Tenerife de delito de estafa, agravada por la cuantía, “cometida por quienes controlaban una agencia de viajes, simulando viajes interinsulares canarios, y obteniendo las bonificaciones oficiales que otorga la Administración a los residentes en las islas”. Todo ello, subraya el tribunal, era “falso y documentado aparente y formalmente para superar los controles rutinarios del Ministerio de Fomento, obteniendo una cuantiosa suma por el perjuicio producido a la Administración”.
Las prácticas ilegales se desarrollaron entre 2008 y 2011. Durante la vista, Concepción y sus dos hijas se declararon culpables, lo que motivó que la Fiscalía rebajara la petición inicial de cuatro años de prisión a 23 meses.