El espantapájaros se llama Lindner
Ni óptimo, ni ideal, ni muy estimulante. El borrador para la reforma de las reglas fiscales europeas (sobre todo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento) dirigido al Ecofin del día 14, no extrae, contra lo que afirma, las lecciones evidentes de las últimas crisis. Si fuera así, partiría de los beneficios que el endeudamiento común ya ha producido en la UE, apalancando los fondos Next Generation y el programa SURE contra el desempleo. No se limitaría a examinar las finanzas individuales de cada Estado miembro, sino que lo haría también de forma agregada, federal, entre las de los Veintisiete. Y arrinconaría los topes del 3% sobre el PIB (déficit) y del 60% (deuda) al terreno de lo simbólico o indiciario.
Esto no anula que sea muy positiva la “apropiación nacional” propugnada para las sendas de ajuste (la iniciativa será de cada Gobierno). O el reconocimiento de la diversidad de mecanismos (no solo recortes de gasto, también aumentos de ingresos) para consolidar las finanzas. Y la “cláusula de escape” nacional temporal (y no solo comunitaria) a la aplicación de las reglas en casos excepcionales. O el benevolente trato a las inversiones verde, digital y defensiva, ojalá que desemboque en su exclusión del cómputo del déficit —por su carácter productivo—, que es la “regla de oro” presupuestaria: aunque habría que ir más lejos, pues esas inversiones son de interés estratégico europeo. Todos estos avances son muy encomiables, pues reducirían el austeritarismo de las reglas, tan funesto en el pasado. Y son meritorios en este momento de agrias resistencias nacionalistas a los innegables y trepidantes avances integracionistas.
Pero los peligros que acechan a estos progresos figuran en el propio borrador de conclusiones (Orientations for a reform of the EU economic governance framework), cuyo punto 7 amenaza con replanteárselos, para erosionarlos: jibarizar el control de la Comisión en favor de las instancias intergubernamentales (favorables a los más poderosos), redefinir los gastos; reintroducir criterios “cuantitativos” uniformistas en las sendas nacionales (como la reducción obligatoria anual de la deuda en medio punto del PIB)… Y en cuestiones que no figuran ahí.
Las más insidiosas son dos. Una, la ausencia de un endurecimiento del Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos (PDM), muy deseable cuando se mantiene “sin cambios” la dureza del Procedimiento de Déficit Excesivo (con el tope del 3% de déficit). Así, su aplicación, que debería contrarrestar los superávits excesivos de los más potentes, como Holanda o Alemania, seguirá siendo virtual: blindada frente a sanciones. Y tampoco se corrigen los privilegios que Berlín forzó para sí en 2005, en la reforma reaccionaria del PEC, que evitó su multa (y la de Francia) por incumplir las reglas que tanto ensalza. Y le dio patente de corso por contribuir más al presupuesto común: confundiendo su mayor cuantía absoluta con la justa aportación proporcional.
Así que los riesgos para esta mejor reforma de las reglas fiscales provienen de Berlín. Y de su ministro de Hacienda, el liberal Christian Lindner, espantapájaros de un federalismo equitativo.