El asesinato de dos estadounidenses en México irrita al ala dura republicana
Los ‘halcones’ defienden lanzar operaciones militares contra los carteles en el país vecino
La onda expansiva de las imágenes de cuatro ciudadanos estadounidenses a merced de la violencia del narco mexicano en Matamoros, uno de los focos de la delincuencia organizada en el país, corrieron como la pólvora la semana pasada en Washington hasta provocar una escalada del bando más extremo del partido republicano contra el Gobierno mexicano. Esa andanada incluyó acusaciones contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador, de un ex fiscal general de la era Trump, William Barr, por no hacer lo suficiente para combatir el crimen organizado y también la respuesta de este, que se revolvió ante estos ataques: “A México se le respeta, no somos un protectorado ni una colonia de Estados Unidos”, zanjó López Obrador.
Los cuatro amigos cuyo viaje ha desatado la penúltima tormenta diplomática habían conducido desde Carolina del Sur para, supuestamente, acompañar a una de ellos a someterse a una operación de cirugía estética. Atravesaron la frontera por Brownsville (Texas) y, una vez en Tamaulipas, acabaron metidos en una persecución en la que participaron hasta nueve vehículos y cuyo desenlace, recogido en vídeo, se ha repetido una y otra vez en las televisiones estadounidenses. Dos de ellos volvieron a casa dentro de un ataúd. A los otros dos los encontraron con vida el martes y ya están de regreso en Estados Unidos.
El suceso proporcionó un suculento alpiste para los halcones del ala más extrema del Partido Republicano, que desempolvaron una aspiración tan vieja, al menos, como la presidencia de Barack Obama, y, después, la de Donald Trump: nombrar a los carteles de la droga como grupos terroristas y otorgar facultades al presidente Joe Biden para lanzar operaciones militares en territorio mexicano con el pretexto de frenar el tráfico de fentanilo, la droga que ha contribuido a superar un nuevo máximo de muertes por sobredosis en EE UU: 107.000 en el último año.
Dos representantes republicanos, Michael Waltz (Florida) y Dan Crenshaw (Texas), introdujeron en el Congreso en enero un proyecto de ley que permitiría emplear
“No somos un protectorado ni una colonia”, zanja López Obrador
Cualquier iniciativa legislativa se toparía con la oposición del presidente Biden
“la fuerza militar contra los carteles”. “No podemos permitir que organizaciones letales y fuertemente armadas desestabilicen México y metan personas y drogas en EE UU. Debemos comenzar a tratarlos como al Estado Islámico, porque eso es lo que son”. Y la semana pasada Lindsey Graham, senador por Carolina del Sur, se sumó a la corriente de un duro artículo de Barr en The Wall Street Journal, con la convocatoria de una conferencia de prensa el miércoles pasado para prometer que EE UU “desatará toda su furia y poderío”. “Destruiremos su modelo de negocio y su estilo de vida porque nuestra seguridad depende de ello”. Graham se dirigió a López Obrador, lo mismo que Crenshaw: “¿Por qué protege a los carteles?”, preguntó este al mandatario mexicano.
Interés electoral
El Partido Republicano controla la Cámara de Representantes, pero el Senado está en manos de los demócratas, de modo que la iniciativa de Waltz y Crenshaw tiene pocos visos de prosperar. Y si lo hiciera, se toparía con un muro de trabas legales para llevarla a cabo, y, en última instancia, con la oposición de Biden, aunque nadie en su partido haya salido a discutir esos planes: aparentar debilidad con México no vende políticamente en el EE UU de la crisis del fentanilo y de camino a la campaña presidencial de 2024.
Por ese interés electoral, el caso de Matamoros ha calado especialmente en el argumentario de un Partido Republicano plenamente metido en precampaña. Al insistente recurso de la crisis de la frontera, se añade así el fantasma de la seguridad, como se pudo comprobar hace unos días en los discursos de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que convoca a la facción más trumpista.
Del otro lado de la frontera, se acusa a Estados Unidos de no haber reconocido su parte de responsabilidad en el combate contra el narcotráfico. Es un nuevo choque entre el país de la demanda y el de la oferta de drogas. Entre una sociedad sumida en una profunda crisis de consumo de opiáceos y otra que arrastra cientos de miles de muertos en casi dos décadas de guerra contra los carteles, las organizaciones criminales más poderosas del mundo.
Los últimos presidentes de México han tenido que lidiar con las presiones llegadas del norte en materia de seguridad y acentuadas tras casos como el de Tamaulipas. Pero esta vez, el Gobierno de López Obrador considera que se ha llegado demasiado lejos. “De una vez fijamos postura: nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún Gobierno extranjero y mucho menos las fuerzas armadas de un Gobierno extranjero en nuestro territorio”, dijo el mandatario el jueves.