Siete juzgados tramitan querellas contra la ‘policía patriótica’ del PP
Podemos y los independentistas catalanes afirman que fueron objeto de una persecución política, aunque no existen condenas
Siete juzgados de Madrid tramitan o investigan las querellas presentadas por dirigentes de Podemos y de partidos independentistas, así como por empresarios catalanes, contra los responsables del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Los querellantes se sienten víctimas de persecución política contra los adversarios del PP, presuntamente perpetrada por altos mandos policiales entre 2012 y 2016.
Aunque muchos de los indicios de esas maniobras realizadas sin orden judicial se empezaron a conocer hace más de 10 años, ningún tribunal ha condenado hasta ahora estas prácticas e incluso archivó alguna de las querellas presentadas.
A finales de 2012 fue publicado un informe policial sin sello ni firma que acusaba de graves corruptelas, nunca demostradas, a dirigentes independentistas catalanes. Unos años después, desde los mismos departamentos del Ministerio del Interior se difundió una supuesta cuenta en Suiza del exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, que resultó ser falsa. Tras la publicación por EL PAÍS, el pasado julio, de los audios de la corrupción, donde se recogían grabaciones del comisario José Manuel Villarejo con dirigentes políticos del PP, se han vuelto a presentar nuevas querellas en los juzgados de Madrid.
Los catalanes Sandro Rosell, expresidente del Barcelona; la familia Sumarroca, ligada al expresidente Jordi Pujol; los dueños de la Banca Privada de Andorra; el ex jefe superior de Policía de Cataluña, Narciso Ortega, y el exconsejero de Economía Jaume Giró han presentado querellas contra dirigentes del PP y de Interior, incluyendo a varios mandos policiales de aquella época (miembros de lo que posteriormente se bautizó mediáticamente como la policía patriótica).
Algunos de los supuestamente perseguidos por la Policía durante el mandato del PP llevaron sus denuncias al juzgado 6 de la Audiencia Nacional, donde se instruye la macrocausa denominada caso Tándem sobre los negocios ilegales del comisario José Manuel Villarejo. En ese sumario se acumulan cientos de pruebas de las actividades de la denominada policía patriótica a las órdenes del Gobierno del PP. Pero el instructor Manuel García Castellón ha rechazado investigar esos extremos.
El último auto judicial desestimaba la petición de Sandro Rosell, quien denunciaba que la senadora del PP Alicia Sánchez Camacho, exlíder popular en Cataluña, había dado al comisario Villarejo una lista de personas a investigar por su relación con el independentismo, entre las que estaba el expresidente blaugrana. La querella de Sandro Rosell, como la mayoría de las presentadas en los últimos meses, denunciaba la existencia de “un entramado político-policial que tendría por finalidad llevar a cabo actuaciones para desestabilizar
Las grabaciones secretas de Villarejo han activado nuevos procesos
El ‘caso Caranjuez’ investiga una trama policial que pide datos de Podemos
García Castellón derivó las denuncias por falta de conexión con el ‘caso Tándem’
o frenar a personas vinculadas al movimiento independentista catalán o vinculadas presuntamente a ellas”.
El juez García Castellón derivó a otras instancias judiciales la querella de Rosell con el siguiente argumento: “Sin poner en duda la gravedad de las afirmaciones contenidas en la querella, ni la posibilidad de que tales hechos presentasen, indiciariamente, apariencia de delito, ello es diferente de que tales hechos deban ser investigados en el marco de las presentes diligencias penales. En la querella no se consigna en qué modo se encuentran conectados los hechos narrados con la causa aquí seguida contra el excomisario Villarejo. En este sentido, debemos recordar que en esta causa, tanto en la principal como en cada una de las piezas separadas, se investiga un mismo patrón de conducta delictiva: la contratación privada del excomisario mediante el grupo CENYT, para prestar servicios que no podía desarrollar, dada su situación de policía en activo y, en ocasiones, con empleo de medios de investigación restringidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; ello se cristalizaba en un encargo o proyecto, bajo un presupuesto y con abono de un precio por tal ilícita actividad”.
Ataque a Iglesias
A las cinco querellas vivas de dirigentes catalanes vinculados al independentismo se unen además otras dos causas que afectan a Podemos. El exlíder de esta formación, Pablo Iglesias, reclamó en octubre pasado la reapertura de la causa abierta tras la publicación de una información falsa en OkDiario para desacreditarle —el supuesto cobró de un cheque a su nombre en un banco de Islas Granadinas emitido por el Gobierno venezolano— cuyo origen era supuestamente el Ministerio del Interior.
El juzgado de Instrucción 12 de Madrid ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie respecto a esta petición de apertura de la causa y la imputación del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino.
La juez archivó la querella presentada en su día por Iglesias con el siguiente argumento: “Los hechos denunciados están amparados en meras informaciones periodísticas aparecidas en distintos medios de comunicación. La reiterada jurisprudencia del Supremo señala que la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos si la denuncia que los incorpora, como es el caso, no aporta u ofrece algún indicio de su comisión que pueda ser calificado como accesible y racional. De manera que solo cuando existan concretos indicios de delito resulta admisible la apertura de investigaciones”.
El nuevo escrito de Pablo Iglesias recoge hechos nuevos relacionados con una grabación conocida hace varios meses donde Villarejo confirma que la información difundida por OkDiario sobre la cuenta de las Islas Granadinas era falsa.
Por otra parte, el juzgado 29 de Madrid investiga desde 2021 el caso Caranjuez, una trama de policías y abogados que ofreció supuestamente diversos servicios a ex altos cargos del Gobierno de Venezuela a cambio de dinero y de información comprometedora sobre la formación política Podemos.
En enero pasado, la juez del caso aceptó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para citar al exviceministro venezolana Nervis Villalobos y a la extesorera Claudia Díaz Guillén, quienes podrán declarar el próximo mes por videoconferencia.