Vox gobierna con el PP
El centroderecha firma pactos que asumen el lenguaje y las políticas ultras en igualdad, crisis climática o educación
La constitución por ley de los más de 8.000 ayuntamientos de España elegidos el 28-M ha despejado cualquier duda sobre la disposición del Partido Popular a pactar con Vox allí donde lo necesite para gobernar. Lo inesperado ha sido la facilidad y la exactitud con las que los pactos asumen la agenda de la extrema derecha. Vox entrará de la mano del PP en decenas de ayuntamientos y al menos en cinco capitales de provincia —en cuatro, el PSOE fue la fuerza más votada—. En el nivel autonómico, aún por concluir, el rápido acuerdo para gobernar la Comunidad Valenciana, con cinco millones de habitantes y 30.000 millones de euros de Presupuesto, incluye derogar normas sobre “asuntos históricos” y sobre la promoción del valenciano, y aprobar una “ley de señas de identidad”, ignora la crisis climática y desnaturaliza la violencia sobre las mujeres al denominarla violencia intrafamiliar. Un diputado regional de Vox llegó a afirmar que “la violencia machista no existe”. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otros dirigentes del partido salieron a afirmar lo contrario en las redes sociales, pero no han ordenado, que se sepa, revertir el texto. Ni en la Comunidad Valenciana ni en los múltiples municipios donde han pactado que Vox tenga competencias en estas materias.
Sirvan algunos ejemplos. En Gijón, el acuerdo anuncia la revisión de las políticas de igualdad y otorga a Vox una especial influencia en este departamento que, en Ciudad Real, se elimina directamente. En Elche, una ciudad de 230.000 habitantes, han dado prioridad municipal a la eliminación del carril bici y a reducir la zona de bajas emisiones. El reparto de poder en Toledo es secreto hasta después de que se constituya el Ayuntamiento.
En la sociedad española existen amplios consensos, aunque a veces sean invisibles en el marco de la batalla partidista. Varios de ellos están en la Constitución y en leyes que nadie discute, excepto Vox. La extrema derecha no es una etiqueta, sino un paquete ideológico que impregna las instituciones e incluye la negación del cambio climático y la reversión de las medidas para combatirlo, la demolición de la fiscalidad que hace posible el Estado social sin explicar la alternativa, convertir la diversidad lingüística en ofensa y el independentismo democrático en delito, debilitar las minorías sociales, criminalizar la inmigración hasta la xenofobia militante y anticonstitucional, revertir los avances en la legislación abortista y eliminar las instituciones que apoyan a las mujeres amenazadas o agredidas. Es un retroceso y el PP no puede eludir su responsabilidad política en ello. El vidrioso aperitivo vino de Castilla y León, donde Vox llegó hasta el extremo de enfrentarse a normas sanitarias de la UE. A partir de hoy, Feijóo se convierte en uno de los pocos líderes conservadores de Europa que incorpora políticas de la ultraderecha en las instituciones.
La izquierda está tratando de movilizar a los votantes el 23-J con el argumento de detener a la ultraderecha. Es un eslogan electoral legítimo, pero la responsabilidad de frenar la agresión de Vox a amplios consensos troncales de la democracia española es sobre todo de la derecha que participó en esos consensos, incluido el europeo. El riesgo es sistémico, y no es necesario recordar los numerosos ejemplos históricos de transformación de las democracias desde dentro para entender la amenaza existencial que representa asumir el marco y las políticas de los ultras en gobiernos, por ahora, de escala local y autonómica.