El alquiler social de las autonomías se limita al 1,2% del parque de vivienda
Las comunidades controlan 211.000 casas, una cantidad superior a la de hace cuatro años
Las comunidades autónomas españolas controlan cerca de 211.000 viviendas sociales en régimen de alquiler, de las cuales poseen unas 196.000. Es un número superior al de cuatro años atrás, pero sigue siendo exiguo en comparación con el parque de viviendas: representa entre un 1,1% y un 1,2% de las casas que hay en España, según el censo de 2011 (el INE está pendiente de publicar la actualización con datos de 2021). Los parques autonómicos sí suponen el grueso de la vivienda social en España, que según las estimaciones del Gobierno se sitúa entre 290.000 y 300.000 viviendas.
El cálculo se ha hecho con datos facilitados a EL PAÍS por las 17 comunidades autónomas. A partir de las respuestas se ha tratado de homogeneizar la cifra, puesto que se dan realidades muy diferentes por territorios y las modalidades de vivienda protegida suponen una sopa de letras. La suma total, que arroja la cifra exacta de 210.971 casas, incluye en algunos casos viviendas que no son de titularidad pública, pero que algunos Gobiernos autónomos consideran dentro de su sistema de alquileres sociales.
En la parte baja de la horquilla, las 195.779 viviendas que se consideran de titularidad autonómica se han computado en términos comparables con el Observatorio de Vivienda y Suelo que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicó en septiembre de 2020 y que constituye el último recuento oficial sobre el volumen de vivienda pública en España. En él figuraban 184.358 viviendas protegidas para arrendamiento o arrendamiento con opción de compra en manos de las autonomías. Así, en cuatro años se habrían sumado unas 10.000 viviendas, el 6% más.
El porcentaje de arrendamientos sociales respecto a los 18 millones de primeras residencias que hay en España se queda muy lejos de la media europea del 9,3%, según el informe ministerial. En Países Bajos asciende al 30%, seguida de Austria (24%) y Dinamarca (21%). Entre las grandes economías continentales, Francia y el Reino Unido rondan el 17%, mientras que Alemania o Italia no llegan al 4%.
Con respecto a cuatro años atrás, casi todas las autonomías han aumentado sus cifras. Los mayores incrementos en volumen son las 4.257 casas de más que computa la Comunidad Valenciana, las 2.809 del País Vasco y las 2.158 de Canarias. Pero también Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia o Cataluña declaran unas cifras que supone haber ganado en todos los casos más de 1.500 viviendas. En porcentajes, destacan Murcia (75% de aumento) y otras comunidades con parques pequeños como La Rioja, donde un alza de 215 casas supone aumentar más del 600%, porque partía de una cifra de 35 pisos.
En Andalucía, por el contrario, el parque habría bajado en un 1,5%, con 736 casas de titularidad autonómica menos, y en Asturias en casi 900 viviendas, con un retroceso del 8,4%. La caída es del 20% en Aragón (154 menos) y del 58% en Galicia (5.254 casas menos). Aragón y Galicia, junto con Castilla y León y Cantabria, se encuentran entre los territorios con un menor porcentaje de vivienda social en relación con el total de casas, todas por debajo del 0,5%.
Graves consecuencias
Los porcentajes más elevados son el 3,2% de Extremadura y el 3% del País Vasco, que con un cómputo de más de 26.000 viviendas es la que tiene el sistema más nutrido tras Andalucía, que con cerca de 50.000 iguala en porcentaje la medida nacional. Madrid, con más de 22.000 viviendas, es la tercera por volumen, pero en porcentaje está por debajo, con un 0,9%. Y lo mismo le pasa Cataluña, que se acerca a las 22.000 si se suman a sus 18.000 viviendas otras 4.000 cedidas para que las gestiones una agencia de la Generalitat, pero todo junto apenas representa el 0,7% del total.
Los arrendamientos en manos de las comunidades no son toda la vivienda social que hay en España. En el boletín de 2020 se sumaban casi 64.000 casas en manos de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (Barcelona era la ciudad con más casas sociales al acercarse a las 9.000). Al sumar estas, junto con otras municipales o de entidades del tercer sector que no se han computado, la cifra se acercaría a ese entorno de 290.000 a 300.000 viviendas de las que habla el Gobierno y que equivaldría al 1,6% del total de primeras residencias.
La carencia de vivienda social tiene consecuencias graves, máxime cuando en la última década España ha incrementado su porcentaje de inquilinos y asiste, como otras economías avanzadas, a una crisis de asequibilidad de la vivienda que de momento no encuentra fin. “Estamos aumentando la desigualdad desde hace tiempo, que las ciudades cada vez son más segregadas”, sintetiza Jesús Leal, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Una situación, añade, que provoca “polarización” y “es pasto de populismos y de enfrentamientos extremos”.
En la base del problema, Leal sitúa que “se ha promocionado el acceso en propiedad y se ha descuidado la formación de un patrimonio de vivienda social que puede dar respuesta tanto a los jóvenes como a familias con menos recursos”. Un problema agravado por el hecho de que España cuenta con “pocos y malos datos sobre la vivienda social y quién la habita”, algo que cree que la nueva ley de vivienda no solucionará, aunque sí “posibilita” una solución a largo plazo. Esta es fortalecer el parque social con nuevas promociones, públicas o en colaboración con el sector privado, pero el experto advierte que igualar la tasa del 9% de viviendas sociales que tiene Europa requerirá “duplicar e incluso triplicar” el magro presupuesto actual. “E incluso así llevaría 30 años”, apostilla.
El porcentaje total se queda muy lejos de la media europea del 9,3%
Las que más crecen son Canarias, País Vasco y Comunidad Valenciana